Los actores judiciales se mostraron muy optimistas con el resultado de la actividad, a la que catalogaron como histórica, y confían en que se va a poder avanzar en las distintas políticas institucionales que hoy demanda la flaca estructura de la justicia federal de la Provincia.

Durante las tres horas de conversaciones entre ambos poderes nacionales, los magistrados pudieron exponer las necesidades estructurales que padecen, y solicitar una serie de reformas a los legisladores.

El presidente de la Cámara Federal, doctor Aníbal Pineda, resaltó la alentadora respuesta que encontraron de parte de todos los legisladores nacionales (de los tres partidos políticos mayoritarios), la predisposición y el inmediato compromiso que asumieron para intentar dar respuestas a cada uno de sus reclamos estructurales.

La situación extrema requiere de un trabajo conjunto del Poder Judicial y del Legislativo, ya que mayormente deben lograrse a través de la sanción de leyes del orden nacional.

En breve síntesis, desde el Poder Judicial federal requieren que se amplíe la cantidad de cargos existentes de fiscales, defensores y jueces, ya que hace 42 años que no se crea una fiscalía en Rosario y un juzgado en Santa fe, no obstante que cuatro décadas atrás prácticamente no existía el delito de narcotráfico en la región.

Al respecto, los legisladores de los tres partidos mayoritarios se comprometieron a avanzar en lo inmediato en la búsqueda de un proyecto legislativo común de fortalecimiento de la justicia federal de la provincia, y formaron una mesa de trabajo que empezará a funcionar este martes, con vistas a lograr ese consenso transversal tan necesario en esta materia.

La imperiosa necesidad de este proyecto de ley local se motiva en datos objetivos, ya que nuestra región duplica y hasta triplica (en algunos períodos) la media nacional en homicidios, y la mayoría de ellos motivados en disputas territorial de narcotráfico, conforme estadísticas de este año.

Por otra parte, los legisladores se comprometieron a pelear en el Congreso Nacional por la urgente implementación del sistema procesal penal acusatorio, cuya ley data del año 2014, y que solo fue puesto en marcha en las jurisdicciones de Salta y Jujuy.

Conforme dicha norma, es la Comisión Bicameral quien establece qué provincia va a ser la que continúe con este sistema de investigación penal federal oral, que brinda importantes herramientas procesales a los fiscales para poder avanzar con la persecución del delito de narcotráfico.

Para ello, los senadores y diputados locales se comprometieron a peticionar a nivel nacional formar parte de esa Comisión Bicameral. También reclamaron que se cubran los cargos vacantes, cuyos concursos, en su mayoría, se iniciaron hace más de cuatro años.

Refieren que el 35 % de los cargos federales hoy están sin magistrados designados, y que todos los jueces de primera instancia de la ciudad de Rosario tienen dos juzgados a cargo.

A su vez, pidieron por herramientas tecnológicas para poder realizar investigaciones de calidad contra el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de dinero. Entre otras, solicitaron que se les provea a los fiscales de programas informáticos para poder efectuar pericias telefónicas de forma rápida, ya que (en la actualidad) demoran de diez meses a dos años para poder conocer el contenido de los celulares secuestrados en causas federales.

Por su parte, legisladores del oficialismo informaron sobre los avances de las gestiones que llevan a cabo para lograr que a las fiscalías federales de Rosario se les otorgue el edificio de calle Sarmiento 1.326, ex sede del Comando de Ejercito, donde podrán funcionar de forma unificada con excelente funcionalidad; y sobre los avances de la construcción de la cárcel federal en Coronda, que se estima finalizará en julio de 2022, donde se alojarán a 500 presos por narcotráfico.

Los actores judiciales entienden que esta crisis de inseguridad requiere el compromiso y trabajo conjunto de todos los poderes del Estado y de todos los partidos políticos con representación nacional, ya que es un momento bisagra en la vida democrática de nuestra provincia, aquejada por el crimen organizado y el narcotráfico, desde hace varias décadas. Se requiere de políticas públicas comunes, que continúen y trasciendan los mandatos de los poderes ejecutivos provinciales y nacionales, para poder combatir al narcotráfico.

Estuvieron presentes estos legisladores nacionales, entre otros: Enrique Estévez, Mónica Fein, Roberto Mirabella, Marcos Cleri, Marcelo Lewandowski, Mario Barletta y Dionisio Scarpín.