El defensor Miguel Ángel Cullen alegó este lunes y continuará el martes 8 de marzo.
MIRADOR ENTRE RÍOS
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El defensor Miguel Ángel Cullen continuará este martes 8 de marzo los alegatos, los seguirá su codefensor, Juan Méndez; y Marcos Rodríguez Allende, que lo hará en por otras dos causas.
Cullen criticó este lunes que Fiscalía modificó la acusación tres veces durante el proceso, lo que entendió, dificultó el ejercicio de la defensa. La calificó de “absolutamente contradictoria”, indicando que en una tercera mutación del hecho endilgado se dejó atrás la imputación originaria consistente en crear las empresas para cartelizar la publicidad estática en vía pública en las empresas TEP SRL y Next SRL, que serían de Aguilera, en tanto que Sena, Giacopuzzi y los hermanos Almada, serían prestanombres, y Urribarri y Báez, en su calidad de funcionarios que tenían la disponibilidad de los fondos públicos, decidían desviarlos a favor de Aguilera y en que hubo órdenes de publicidad que no se realizaron pero se pagaron igual, para sostener un concurso ideal de delitos, continuados. Así, expresó: “Defendernos con estas irregularidades que he señalado sólo es posible ante un Estado que no garantiza el derecho de defensa”.
Cullen cuestionó la prueba que Fiscalía produjo en el debate porque exhibió sólo la parte que le servía para sostener su hipótesis, dejando de lado las que tenía en sus manos y favorecía a los imputados. En este sentido señaló que “se probó con creces que Next jamás contrató vía pública con el Estado provincial a través de Ministerio de Comunicaciones”. Destacó que la información surge del informe que realizó Héctor Enrique, contador que se desempeña en el Ministerio Público Fiscal (MPF) y que lo dijeron Sena y Giacopuzzi cuando declararon. De estos dos señaló que no les creyeron y los imputaron igual. Del contador, dijo que determinó que Next no había contratado, pero la incorporó al informe porque Fiscalía la mencionaba en la imputación.
Cullen explicó que Fiscalía diferenció el hecho en dos tipos de delitos. Uno con la finalidad cumplida a partir de un negocio lícito, en el que el reproche penal estaba en la yuxtaposición de los intereses de los administradores de los fondos, como funcionarios públicos, con el interés privado, porque las empresas eran de Aguilera; y otro grupo de contrataciones, de las que se dice que directamente no se cumplieron, donde se detrajeron los fondos del Estado sin ninguna finalidad. En este caso el fundamento fue un informe referido a las fotos que acompañaban cada expediente, según la acusación con carácter de certificación, según la defensa, solo con carácter ilustrativo.
Cullen criticó que se llegó al juicio con prueba que en su mayoría eran archivos informáticos a los que se le dio carácter de documentos, sosteniendo que no lo eran, de los que no se sabe quién los realizó, que contenían datos incompletos, con errores irrisorios y falsos. Se trató de más de 60 mil archivos, entre mail y archivos de Word y Exel, en los que, según manifestó “no hay uno solo que pruebe que el ministro dio una orden, se reunió, le pidió a alguno de sus subordinados para que direccione, contrate, apoye a TEP y Next”. También dijo que “no hay uno solo que demuestre que Giacopuzzi, Sena, Luciana Almada y Alejandro Almada, no eran socios, hayan hablado con Báez o el gobernador para llevar inquietud, o petición de contrato o publicidad, o aceleren el pago, de más de 60 mil no hay una sola conversación que establezca que existió orden de Urribarri o Báez para favorecer la contratación hacia TEP y Next”.
El defensor señaló que las órdenes de publicidad se cobraban entre 10 y 12 meses posteriores a la realización del pago, opinando que si hubiese habido un direccionamiento se hubiera pagado de inmediato o se habría realizado un adelanto de pago. También dijo que el Estado le quedó debiendo dinero a TEP SRL. Del informe de Enrique señaló que tuvo “errores de cálculo” que no importaron porque no iba a importar lo que pasara en el juicio. Volvió a referir que existen expedientes en que el Estado no pagó, y evaluó que se direccionaba a una empresa “para embromarla, no sabemos por qué no los pagó, pero no los pagó”.
Cullen sostuvo que “la prueba que existe apoya lo que estoy diciendo como defensor” y criticó a los fiscales porque en vez defender el informe se pusieron a defender a Enrique. Así, dijo que no lo cuestionaba en lo personal, pero del informe dijo que “es malo, está errado, pone nombres y números que no se corresponden, pone a Next que nunca contrató con el Estado”, añadiendo que el contador dijo que lo puso porque estaba en el hecho imputado por Fiscalía.
Cullen desarticuló el contenido de un mail que exhibió Fiscalía donde se hablaba de una reunión entre Tamay y Aguilera, en la que este iba a ocuparse de tres expedientes. Cullen señaló que “de las tres peticiones dos no se cobraron y una se pagó dos años después”. El defensor habló de archivos extraídos de manera irregular en un caso e ilegal en otros.
El defensor exhibió conversaciones entre los socios Giacopuzzi-Almada en la que hablaban por cuestiones de las empresas, destacó que aparte eran amigos, que se preocupaban por el crecimiento de la empresa, de los problemas con los empleados. Conversaciones entre socios que los fiscales nunca vieron y no mostraron. “Esto está, siempre estuvo”, resaltó Cullen.
Cullen, que también defiende a la contadora Corina Carnel, refirió que Fiscalía sostiene que “el cerebro era Cargnel, que no podía desconocer las actividades ilícitas, porque fue la que arrojó hacia la casa de la vecina un disco rígido. Escucharon a los testigos, ninguno dijo nada de eso, no uno directo, de alguien que haya comentado algo que demuestre esta locura, eso era en lo que iban a basar el dolo de Corina Cargnel, dijeron que la suerte no la iba a acompañar, así vinimos a juicio”. Cullen refirió que los oficiales de la policía que estuvieron en el allanamiento no lo dijeron, “la Fiscalía no preguntaba sobre eso, lo hacíamos los defensores porque estábamos seguros que nada de eso existió, no hay baño que tenga ventiluz que dé a la casa de la vecina, preguntábamos a riesgo propio”. También sostuvo que “nadie la vio a Cargnel hacer eso, como una autocrítica, las defensas no nos habíamos percatado, Corina Cargnel filmó durante todo el operativo y se pudo ver la filmación acá”.
En los alegatos de cierre los fiscales dijeron que tiró el disco cuando la empleada fue a buscarla cuando llegaron los fiscales al allanamiento. “Cargnel no tiró absolutamente nada, aquella prometida demostración de que conocía la actividad ilícita porque tiró el disco a la casa de la vecina, no existió, no tiró nada, estaba tomando caña con ruda porque era 1° de agosto”, resaltó Cullen.
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El defensor Miguel Ángel Cullen continuará este martes 8 de marzo los alegatos, los seguirá su codefensor, Juan Méndez; y Marcos Rodríguez Allende, que lo hará en por otras dos causas.
Cullen criticó este lunes que Fiscalía modificó la acusación tres veces durante el proceso, lo que entendió, dificultó el ejercicio de la defensa. La calificó de “absolutamente contradictoria”, indicando que en una tercera mutación del hecho endilgado se dejó atrás la imputación originaria consistente en crear las empresas para cartelizar la publicidad estática en vía pública en las empresas TEP SRL y Next SRL, que serían de Aguilera, en tanto que Sena, Giacopuzzi y los hermanos Almada, serían prestanombres, y Urribarri y Báez, en su calidad de funcionarios que tenían la disponibilidad de los fondos públicos, decidían desviarlos a favor de Aguilera y en que hubo órdenes de publicidad que no se realizaron pero se pagaron igual, para sostener un concurso ideal de delitos, continuados. Así, expresó: “Defendernos con estas irregularidades que he señalado sólo es posible ante un Estado que no garantiza el derecho de defensa”.
Cullen cuestionó la prueba que Fiscalía produjo en el debate porque exhibió sólo la parte que le servía para sostener su hipótesis, dejando de lado las que tenía en sus manos y favorecía a los imputados. En este sentido señaló que “se probó con creces que Next jamás contrató vía pública con el Estado provincial a través de Ministerio de Comunicaciones”. Destacó que la información surge del informe que realizó Héctor Enrique, contador que se desempeña en el Ministerio Público Fiscal (MPF) y que lo dijeron Sena y Giacopuzzi cuando declararon. De estos dos señaló que no les creyeron y los imputaron igual. Del contador, dijo que determinó que Next no había contratado, pero la incorporó al informe porque Fiscalía la mencionaba en la imputación.
Cullen explicó que Fiscalía diferenció el hecho en dos tipos de delitos. Uno con la finalidad cumplida a partir de un negocio lícito, en el que el reproche penal estaba en la yuxtaposición de los intereses de los administradores de los fondos, como funcionarios públicos, con el interés privado, porque las empresas eran de Aguilera; y otro grupo de contrataciones, de las que se dice que directamente no se cumplieron, donde se detrajeron los fondos del Estado sin ninguna finalidad. En este caso el fundamento fue un informe referido a las fotos que acompañaban cada expediente, según la acusación con carácter de certificación, según la defensa, solo con carácter ilustrativo.
Cullen criticó que se llegó al juicio con prueba que en su mayoría eran archivos informáticos a los que se le dio carácter de documentos, sosteniendo que no lo eran, de los que no se sabe quién los realizó, que contenían datos incompletos, con errores irrisorios y falsos. Se trató de más de 60 mil archivos, entre mail y archivos de Word y Exel, en los que, según manifestó “no hay uno solo que pruebe que el ministro dio una orden, se reunió, le pidió a alguno de sus subordinados para que direccione, contrate, apoye a TEP y Next”. También dijo que “no hay uno solo que demuestre que Giacopuzzi, Sena, Luciana Almada y Alejandro Almada, no eran socios, hayan hablado con Báez o el gobernador para llevar inquietud, o petición de contrato o publicidad, o aceleren el pago, de más de 60 mil no hay una sola conversación que establezca que existió orden de Urribarri o Báez para favorecer la contratación hacia TEP y Next”.
El defensor señaló que las órdenes de publicidad se cobraban entre 10 y 12 meses posteriores a la realización del pago, opinando que si hubiese habido un direccionamiento se hubiera pagado de inmediato o se habría realizado un adelanto de pago. También dijo que el Estado le quedó debiendo dinero a TEP SRL. Del informe de Enrique señaló que tuvo “errores de cálculo” que no importaron porque no iba a importar lo que pasara en el juicio. Volvió a referir que existen expedientes en que el Estado no pagó, y evaluó que se direccionaba a una empresa “para embromarla, no sabemos por qué no los pagó, pero no los pagó”.
Cullen sostuvo que “la prueba que existe apoya lo que estoy diciendo como defensor” y criticó a los fiscales porque en vez defender el informe se pusieron a defender a Enrique. Así, dijo que no lo cuestionaba en lo personal, pero del informe dijo que “es malo, está errado, pone nombres y números que no se corresponden, pone a Next que nunca contrató con el Estado”, añadiendo que el contador dijo que lo puso porque estaba en el hecho imputado por Fiscalía.
Cullen desarticuló el contenido de un mail que exhibió Fiscalía donde se hablaba de una reunión entre Tamay y Aguilera, en la que este iba a ocuparse de tres expedientes. Cullen señaló que “de las tres peticiones dos no se cobraron y una se pagó dos años después”. El defensor habló de archivos extraídos de manera irregular en un caso e ilegal en otros.
El defensor exhibió conversaciones entre los socios Giacopuzzi-Almada en la que hablaban por cuestiones de las empresas, destacó que aparte eran amigos, que se preocupaban por el crecimiento de la empresa, de los problemas con los empleados. Conversaciones entre socios que los fiscales nunca vieron y no mostraron. “Esto está, siempre estuvo”, resaltó Cullen.
Cullen, que también defiende a la contadora Corina Carnel, refirió que Fiscalía sostiene que “el cerebro era Cargnel, que no podía desconocer las actividades ilícitas, porque fue la que arrojó hacia la casa de la vecina un disco rígido. Escucharon a los testigos, ninguno dijo nada de eso, no uno directo, de alguien que haya comentado algo que demuestre esta locura, eso era en lo que iban a basar el dolo de Corina Cargnel, dijeron que la suerte no la iba a acompañar, así vinimos a juicio”. Cullen refirió que los oficiales de la policía que estuvieron en el allanamiento no lo dijeron, “la Fiscalía no preguntaba sobre eso, lo hacíamos los defensores porque estábamos seguros que nada de eso existió, no hay baño que tenga ventiluz que dé a la casa de la vecina, preguntábamos a riesgo propio”. También sostuvo que “nadie la vio a Cargnel hacer eso, como una autocrítica, las defensas no nos habíamos percatado, Corina Cargnel filmó durante todo el operativo y se pudo ver la filmación acá”.
En los alegatos de cierre los fiscales dijeron que tiró el disco cuando la empleada fue a buscarla cuando llegaron los fiscales al allanamiento. “Cargnel no tiró absolutamente nada, aquella prometida demostración de que conocía la actividad ilícita porque tiró el disco a la casa de la vecina, no existió, no tiró nada, estaba tomando caña con ruda porque era 1° de agosto”, resaltó Cullen.
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