Con dictámenes de comisión y sin debate, la Cámara de Diputados sancionó una nueva prórroga a la 13.666 y por ende continúa "el estado de emergencia en materia de propiedad y posesión de las tierras ocupadas por los pequeños productores, familias de trabajadores rurales, campesinos e indígenas que acrediten una ocupación efectiva, ininterrumpida y continuada, pública y pacífica, del predio rural por un término superior a diez años". La emergencia declarada suspendió "la ejecución de sentencias, actos procesales o resoluciones administrativas, o de cualquier índole, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación inmediata de tierras contempladas" en dicha emergencia.

La ley 13.666 fue promulgada en diciembre de 2017 y declaró la emergencia hasta el 28 de febrero del 2020; otra ley prorrogó dicho paraguas hasta el 1 de marzo de este año y ahora, con la promulgación que hará el Ejecutivo en los próximos días lo llevará hasta marzo del 2024. 

En esta ocasión el trámite legislativo fue abierto por el Poder Ejecutivo en el Senado y el propio Ejecutivo habilitó el tratamiento del tema en el presente período de sesiones Extraordinarias. Diputados completó ahora el trámite.

La ley 13.666 fue la primera que prorrogó la ley 13.334 que había establecido un plazo de cinco años para regularizar la situación de esas tierras y en esos primeros cinco años apenas diez familias pudieron completar el trámite de regularización. El tema en 2018 para el dictado de la ley 13.666 lo tomó la entonces diputada justicialista Claudia Giaccone que logró la prórroga a pedido del Movimiento de Pequeños Productores de Santa Fe (Moprofe). En ese entonces, la legisladora justificó el mayor tiempo de plazo en parte por no haber contado con la divulgación necesaria y por la imposibilidad de muchas familias con una economía muy inestable, de hacer frente al valor de las declaraciones juradas que deben firmar el titular, más dos testigos, ante juzgado o escribanos. Esta primera prórroga determinó que de no ser viable la gratuidad, el Estado debería asumir su costo. 

También incluyó allí la creación de una comisión de asesoramiento al Ministerio de la Producción donde además de funcionarios estatales y legisladores la formen un representante de las asociaciones y/o entidades representativas y/o asesoras de los pequeños productores e indígenas que cuenten con personería jurídica o el movimiento que las represente. Esta comisión de asesoramiento al Programa de Regularización Dominial funciona en el Ministerio de la Producción y debe realizar un relevamiento de la situación posesoria de los inmuebles rurales ubicados en territorio provincial y diseñar propuestas para regularizar la posesión. Esta comisión la preside el Ministro de la Producción con la participación de representantes de otras áreas del gobierno (Gobierno, Hábitat, Catastro, Justicia) más un representante  de las entidades o asociaciones que representen a las pequeños productores y un representante de cada cámara legislativa.

Este programa de Regularización Dominial debe, además, realizar todos los actos y trámites que resulten necesarios y conducentes para resolver los conflictos por tenencia precaria de la tierra; determinar los inmuebles rurales en situación de irregularidad o conflicto dominial y la búsqueda de antecedentes que resulten necesarios para solucionarlos; prestar asesoramiento legal para los pequeños productores, trabajadores rurales, campesinos e indígenas que tengan problemas con su situación dominial; promover iniciativas de saneamiento de títulos de dominio sobre inmuebles rurales; articular con las Municipalidades y Comunas y organizaciones de productores con personería jurídica las estrategias conducentes a la detección, asesoramiento e intervención de casos sobre tenencia precaria de tierras rurales que presenten conflictos legales; coordinar las relaciones con las áreas gubernamentales comprometidas con la temática en cuestión y con los Juzgados Comunales; intervenir ante los organismos públicos competentes en los casos en que los beneficiarios no puedan hacer frente a las erogaciones que demanden los trámites pertinentes, para su contemplación a los fines de que no haya impedimentos económicos para la realización de la acreditación correspondiente y  generar propuestas legislativas y ejecutivas conducentes al ordenamiento catastral y territorial.

También por ley funciona un Registro Personal de Poseedores donde están inscriptos las personas que invoquen y acrediten la posesión de inmuebles rurales en conflicto de tenencia.

Fuga

Diputados unificó tres iniciativas y solicitó "el urgente traslado de aquellos detenidos cuyo número exceda la capacidad para la cual está habilitada la comisaría 12 de Santo Tomé" donde días atrás se produjo otra fuga masiva de personas.

Los autores de los pedidos fueron Fabián Palo Oliver (UCR), Betina Florito (Somos Vida Santa Fe) y Natalia Armas Belavi (Vida y Familia Santa Fe).

Requieren explicaciones sobre la renuncia de un funcionario en Seguridad

El presidente del bloque socialista en la Cámara de Diputados, Joaquín Blanco, mostró su preocupación ante la reciente acusación, en el juicio del caso Alvarado, sobre un funcionario del Ministerio de Seguridad de gestionar beneficios a bandas narcocriminales. "Para nosotros es una situación absolutamente inaceptable. No nos alcanza con la renuncia, queremos explicaciones políticas del gobernador Perotti y del ministro Lagna", señaló.

"El Ministerio de Seguridad está en una crisis muy profunda: la abrupta salida de Marcelo Sain, los allanamientos en noviembre pasado, la renuncia masiva de funcionarios, la acefalía que sufrió durante varias semanas y ahora esta nueva noticia", destacó Blanco en relación a la salida de Horacio Lucchini, ex director provincial de Análisis Criminal Estratégico.

"¿Qué antecedentes tenía esta persona para desempeñarse en ese cargo? ¿Se abrió un sumario administrativo para investigar si realmente lo que está denunciado sucedió en la práctica, si cambiaba o trocaba por plata beneficio a bandas vinculadas con el narcotráfico? Son preguntas que necesitan respuesta", escribió en un pedido de informes aprobado por la Cámara.

"El Estado debe presentarse ante la justicia. Queremos que se active una causa penal para que se llegue hasta las últimas consecuencias para tratar de desentrañar qué pasó con este funcionario y averiguar si esto era una red más amplia", ahondó Blanco.