Con la Corte Suprema de Justicia de la Nación en pleno, y la mayor parte de los miembros del Consejo de la Magistratura, jueces federales de todo el país se reunieron en Rosario para abordar en profundidad y de manera coordinada la problemática del narcotráfico. Participaron también el gobernador Omar Perotti, el intendente Pablo Javkin, legisladores nacionales, jueces y fiscales santafesinos y la Corte Suprema provincial, encabezada por Rafael Gutiérrez.

En ese marco, el presidente del Alto Tribunal, Horacio Rosatti, produjo un enfático llamado a la cobertura de vacantes en la Justicia Federal que, según hizo notar, oscilan en un porcentaje que va del 30 hasta en determinadas ocasiones el 50 %.

En su discurso de apertura de las deliberaciones, Rosatti remarcó que para combatir el narcotráfico es necesario dar “una batalla cultural”, que debe ser asumida por “un Estado cohesionado, con recursos inteligentemente utilizados y una sociedad comprometida”.

“La decisión política no debe limitarse a la etapa represiva del delito, es decir una vez que este se ha consumado o cuando está consumándose; tampoco debe circunscribirse a la etapa previa o anticipatoria del crimen. Todo ello es necesario pero insuficiente”, explicó.

Rosatti recarcó que ésto “debe comenzar con el sistema cultural, educativo y económico. Lo primero que hay que pensar (y sobre lo que hay que actuar) es en desincentivar las condiciones de surgimiento y progreso del narcotráfico. Lamentablemente, ello no ha ocurrido en la Argentina. Es un camino que Argentina no recorrió, o lo recorrió mal, No lo hicimos, o no lo hicimos con la eficacia necesaria. ¿Significa que nunca más podremos hacerlo? De ninguna manera; es imprescindible dar también la batalla cultural y educativa, aquella que reivindique la cultura del trabajo y del respeto por el prójimo y que procure activamente la inclusión social. Y es preciso hacerlo ahora, aunque los frutos se vean dentro de varios años”.

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Coordinación y herramientas

El presidente de la Corte reclamó una acción coordinada, que en lo que hace a los tribunales atañe al mapa judicial y también a la implementación generalizada del sistema acusatorio. Y, fundamentalmente, a la cobertura de vacantes, “con jueces idóneos y comprometidos”, y la creación de los juzgados y fiscalías necesarios.

Pero también, con “la provisión de las herramientas tecnológicas que nos permitan combatir a esta delincuencia sofisticada en condiciones -al menos- de paridad. Ofrecemos federalizar, desde la Corte, nuestras oficinas técnicas, en la medida de nuestros recursos y posibilidades. Técnicas que tienen que ver con lo criminológico, pero también con lo contable. Podemos anunciar hoy, por las gestiones realizadas por el Consejo de la Magistratura, la instalación de un salón multimedia con la última tecnología (la segunda en el país, la primera se instaló en Casación). Y esto se debe a la gestión del Consejo de la Magistratura, y yo agradezco profundamente la presencia de los consejeros hoy y aquí, como muestra de compromiso”, añadió.

“La cárcel no debe controlar a la calle, para lo cual es necesario contar con las herramientas de información necesarias, como ocurre en todos los países interesados en combatir este flagelo, obtenidas dentro de los parámetros constitucionales. Una inteligencia inteligente –si se permite la expresión- y democrática, cuya relevancia no debe ser subestimada. Y si se ha hecho de otra manera, debe corregirse. Pero esto no invalida el instrumento”, sostuvo.

Rosatti puso como ejemplo de ésto “que a la par del seguimiento territorial del fenómeno se siga el camino económico, financiero y contable, el del tráfico del dinero y los activos que genera la actividad ilícita. Se está trabajando muy bien con Procelac, Procunar y otras oficinas”, a la vez que destacó “la capacitación que brinda la Escuela Judicial dependiente del Consejo de la Magistratura en materia de recupero de activos”.

Para concluir, el jurista remarcó que “es tramposo reducir este fenómeno a una lucha tribal entre clanes. Porque quien crea que la sociedad está al margen de este fenómeno, y que sólo debe mirar como espectadora una batalla ajena, donde unos habrán de eliminar a los otros, está condenando a esa sociedad a ser víctima del flagelo. 

Sin neutralidad

“Aquí no hay neutralidad posible. Todo aquel que tiene representatividad y responsabilidad debe saber que, cuando se enfrenta a un problema de la magnitud del que hoy nos convoca, la indiferencia no es neutralidad sino complicidad. La indiferencia no sólo ha propiciado el avance del narcotráfico; ha generado también desconfianza y desánimo en la sociedad en las instituciones que deben combatirlo. Caldo de cultivo para la acción psicológica, terrorista, de estos grupos. Pocas veces se ha visto una relación tan directa entre calidad institucional y calidad de vida. 

“En definitiva, lo que quiere saber la gente común es de qué lado está cada uno. Y esto nos involucra a todos. A los funcionarios públicos de los tres poderes y de todos los estamentos territoriales; y también, por supuesto, al resto de las organizaciones sociales. 

Este es el mensaje que queremos dar. Estamos del lado de la ley, de la defensa de la cultura del trabajo lícito, de la inclusión y de la convivencia pacífica. Para que se note. Para que se note quienes están de este lado, y para que se note también quienes, aparentando estarlo, por acción u omisión, no lo están”, concluyó.