Foto:Gentileza.
La legislatura provincial aprobó la realización de una audiencia pública con el objetivo de avanzar en una legislación para garantizar el acceso universal a la provisión de agua y saneamiento para barrios populares.
Participarán del encuentro funcionarios de entes nacionales, provinciales y municipales, empresas prestadoras de servicio, sindicatos, representantes de organizaciones sociales y legisladores de ambas cámaras.
“El acceso al agua potable es un derecho que debe estar garantizado para toda la población sin distinción de la ubicación geográfica en la cual viven y tenemos que diseñar una normativa que apunte a cumplir ese objetivo”, explicó Lucila De Ponti, impulsora de la medida.
A la fecha, se encuentran relevados en Santa Fe 341 barrios populares, en los que viven aproximadamente 270 mil personas. En casi su totalidad se encuentra comprometido el acceso a alguno de los servicios esenciales, en especial en materia de agua y saneamiento.
“Hoy la gran mayoría de los barrios populares se autogestionaron una solución para el acceso al agua que no tiene las condiciones de salubridad y de calidad indispensables. La empresa Assa podría empezar a regularizar esta situación pero la normativa actual lo impide”, explicó la legisladora del Movimiento Evita.
Por eso la audiencia pública apunta a convertirse en una herramienta fundamental para reunir a los principales actores y responsables sociales involucrados en esta problemática para el diseño de políticas públicas que contribuyan a solucionar esta situación, con un marco normativo adecuado.
“Queremos poner sobre la mesa la voz de todos para construir la mejor solución frente a este problema que representa la vulneración de un derecho básico para el 97% de la población que habita en los barrios populares”, finalizó.
Participarán del encuentro funcionarios de entes nacionales, provinciales y municipales, empresas prestadoras de servicio, sindicatos, representantes de organizaciones sociales y legisladores de ambas cámaras.
“El acceso al agua potable es un derecho que debe estar garantizado para toda la población sin distinción de la ubicación geográfica en la cual viven y tenemos que diseñar una normativa que apunte a cumplir ese objetivo”, explicó Lucila De Ponti, impulsora de la medida.
A la fecha, se encuentran relevados en Santa Fe 341 barrios populares, en los que viven aproximadamente 270 mil personas. En casi su totalidad se encuentra comprometido el acceso a alguno de los servicios esenciales, en especial en materia de agua y saneamiento.
“Hoy la gran mayoría de los barrios populares se autogestionaron una solución para el acceso al agua que no tiene las condiciones de salubridad y de calidad indispensables. La empresa Assa podría empezar a regularizar esta situación pero la normativa actual lo impide”, explicó la legisladora del Movimiento Evita.
Por eso la audiencia pública apunta a convertirse en una herramienta fundamental para reunir a los principales actores y responsables sociales involucrados en esta problemática para el diseño de políticas públicas que contribuyan a solucionar esta situación, con un marco normativo adecuado.
“Queremos poner sobre la mesa la voz de todos para construir la mejor solución frente a este problema que representa la vulneración de un derecho básico para el 97% de la población que habita en los barrios populares”, finalizó.
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