Ignacio Pellizzón


En el Concejo de Rosario hace meses que se vienen discutiendo varios proyectos para poder detectar lavado de activos, entre ellos uno del propio Ejecutivo. La intención es generar un marco serio de debate para avanzar en herramientas que permitan abordar uno de los principales problemas que tiene la ciudad como es la violencia, que está íntimamente relacionado al flujo de dinero de las economías delictivas.

Según contó a Mirador Provincial la edila de Ciudad Futura, Caren Tepp, en Comisión de Gobierno hay cuatro iniciativas que apuntan a cortar el lavado de activos: una es del concejal Martín Rosúa de Juntos por el Cambio, que pretende armar una agencia de investigación contra el lavado de activos, otras iniciativas con el mismo sentido son de la edila de Iniciativa Popular, Fernanda Gigliani, y, también, hay una idea del bloque de Ciudad Futura que pretende crear la Agencia de Justicia Urbana y, finalmente, se suma la del propio Ejecutivo.

“El proyecto que estamos tratando de unificar entre todas las iniciativas tiene tres puntos fundamentales: por un lado, reforzar el sistema de control económico y financiero, es decir, pedir mayor información a algunos rubros que se entienden que son los más utilizados para lavar el dinero espurio”.

El segundo instrumento se basa en que “el Estado municipal centralice en una única central con un control de alerta. Cuando entendemos que hay algo, una maniobra o una inversión que nos genere sospecha porque no es concurrente con la inversión que se realiza o lo que la persona declara que es lo que tiene como patrimonio o fideicomiso, se activa el alerta”, indicó Tepp.

Y acá, aparece la tercera pata que sería armar una Agencia de Prevención de Lavado de Activos, que es tanto el aporte de Ciudad Futura como el del concejal Rosúa, “para incorporar gente especializada y poder entregar, llegado el caso, toda la información a la Justicia para que pueda avanzar”.

“Esto seguramente va a salir, porque es la voluntad de que salga el proyecto. La semana que viene en la Comisión de Gobierno vamos a tener la visita de dos fiscales (Matías Edery y Luís Schiappa Pietra) para poder realizarle algunas consultas”, indicó la concejala.

Se trata de un tema que está muy en boga en la ciudad en tiempos de violencia extrema. Solo a modo de contexto en Rosario durante abril hubo más asesinatos que días con un total de 35 homicidios. Esta cifra supera el récord de octubre de 2013 y marzo de 2014 que cerraron con 32 muertes.

Si en algo están de acuerdo todos los bloques políticos locales, es que, si se corta el flujo de dinero espurio, se ataca de lleno uno de los grandes flagelos que acechan en los últimos años a la región como es el narcotráfico.

Se presume que la discusión tardará algunos meses más hasta que se llegue a un acuerdo y se logre votar en el recinto. Cada iniciativa tiene sus particularidades y pretenden atacar el lavado de activos con diversas acciones.

Mejorar el control
Actualmente, la ciudad cuenta con la Ordenanza 9204/2014 que creó el Sistema de Control Económico Financiero de Inversiones, pero con la iniciativa que presentarán se busca “aceitar” el procedimiento “más allá de la presentación de Declaraciones Juradas de origen de fondos en inversiones”.

El edil oficialista Fabricio Fiatti contó a Mirador Provincial que, con este proyecto, quieren “mejorarlo”. “Como las órbitas municipales tienen injerencia y atención en distintos tipos de inversiones que origina vecinos, tanto para obras particular como para obtener licencias de taxis, entre otras, buscamos profundizar en el tipo de información que deben entregar, determinar cuándo esa información puede dar lugar a la detección de un posible caso de origen ilícito”.

El municipio estima que, con una ordenanza mejorada, se podrá crear un mecanismo que permitirá facilitar la detección de este tipo de casos. “Tener más y mejor información en manos del Ejecutivo, será valioso porque habilitará que se pueda aportar los datos a distintas causas judiciales y demás”, señaló el concejal. En caso de que se logre, Rosario sería una ciudad pionera en este sentido.

Según indicó Javkin en conferencia de prensa con este sistema, que tratará el Concejo, se pone a disposición información ordenada, digitalizada y sistematizada para que la Justicia, la UIF (Unidad de Información Financiera) y la Policía actúen y el Servicio Penitenciario accione sobre las operaciones desde cárceles. Por este motivo, “es un avance en el trabajo coordinado con los demás niveles del Estado y el Poder Judicial para detener las economías delictivas”, indicó.