Tal como se había anunciado, poco después del mediodía de este miércoles 12 se dio a conocer la sentencia en el marco del juicio oral y público denominado "Megaestafa inmobiliaria", en la cual el abogado Antonio Di Benedetto, sindicado como el líder de la banda delictiva, recibió la pena de 12 años de cárcel (el fiscal Matías Merlo había solicitado 16 años por considerarlo jefe de una asociación ilícita), además de la inhabilitación por el mismo lapso para ejercer la profesión.

En tanto, para el gestor Raúl Jaime el castigo es de 10 años de prisión (la Fiscalía pidió 12 años), y de tres años y medio para Marcelo J. Sava (se habían solicitado seis años). Todos ellos habían sido acusados de apropiarse ilegalmente de decenas de terrenos en Venado Tuerto y un gran campo en la localidad de San Eduardo.

Cabe mencionar que el Tribunal pidió que el encarcelamiento de Di Benedetto, Jaime y Sava, sea en un presidio provincial. El juicio había comenzado el martes 10 de mayo y el tribunal pluripersonal estuvo integrado por los jueces Leandro Martín, Eduardo Bianchini y Aldo Baravalle.

Entre los funcionarios locales y provinciales presentes en el auditorio, sobresalieron el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella; el subsecretario de Asuntos Registrales en el gobierno del Frente Progresista, Cívico y Social, Matías Figueroa Escauriza; las diputadas provinciales Clara García y Rosana Bellatti; y los concejales Nahuel Pasquinelli y Leonardo Calaianov.

Luego del paso de decenas de testigos por los tribunales, a comienzos de septiembre se llevó adelante el alegato final del fiscal Matías Merlo, quien aportó "un sinnúmero de pruebas para demostrar cómo funcionaba el mecanismo" dedicado a apropiarse ilegalmente de bienes inmuebles.

En tanto, luego fueron los alegatos de los abogados defensores. Y posteriormente el tribunal contó con un plazo de tres semanas para generar un fallo al respecto.

Las evidencias
El fiscal Merlo había señalado, previo a la condena, que las principales pruebas son "testimoniales, escrituras que se contraponen con partidas de fallecimiento, informes de personal policial que hizo las investigaciones, donde denunciaban el boleto de compra-venta para hacer el juicio de escrituración. A la lista se suman funcionarios públicos que hicieron las denuncias pertinentes, sentencias judiciales ya en juicios civiles y escuchas telefónicas. Es un abanico grande de pruebas (...) En la pluralidad de los hechos se ve cómo era el funcionamiento y el rol que tenía Di Benedetto, acusado en este juicio".

La investigación
Las maniobras defraudatorias comenzaron a ser investigadas por la Agencia Fiscal de Delitos Complejos en 2017. Avanzado el juicio se pudo comprobar que los integrantes de la asociación ilícita se hicieron de más de 500 hectáreas de campos y decenas de terrenos en Venado Tuerto, Maggiolo y San Eduardo, por un monto estimado en 20 millones de dólares, con un sistema coordinado y repitiendo metodologías.

Durante el proceso existieron "arrepentidos" y otros integrantes del engranaje que aceptaron la culpabilidad y accedieron a juicios abreviados con condenas de prisión condicional.

Aceptaron la culpabilidad y fueron condenados: María de los Ángeles Sarría (cuatro años de prisión efectiva); Luis Restovich (cuatro años de prisión efectiva) y Danisa Elisabet Pintos (cuatro años de prisión efectiva).

A la lista se suma el escribano de Armstrong, Ángel Emilio Moreale, a tres años de prisión condicional, seis años de inhabilitación profesional y una cifra de reparación de daño.

En tanto, Eugenio Luis Casadei, Fernando Astigarraga, Walter Díaz Franco, Roberto Miguel Sainz, Alberto Enrique Long, Alejandro Dall'Armellina, Milena Fischer, Juan Carlos Rullo, Luis Alejandro Bentati, y Marcelo Alejandro Rodríguez, fueron sentenciados a penas de ejecución condicional y en algunos casos inhabilitación para ejercer profesiones.