El tonto nunca puede oler al diablo, vida mía, ni si caga en su nariz.
Indio Solari, "El tesoro de los inocentes"

Los fiscales que investigaron la denuncia contra el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain, en la causa (antes mal y ahora bien) llamada de "espionaje ilegal", se tomaron un año desde los allanamientos a las oficinas de esa dependencia para producir formalmente la imputación (al punto que, en el interín, una de ellos se acogió a la jubilación). A juzgar por el contenido de las 65 carillas del escrito presentado, no era para menos.

A lo largo de ellas, y de la exposición que los representantes del Ministerio Público de la Acusación desarrollaron el martes de la semana pasada, desfilaron referencias textuales a órdenes impartidas o trasladadas, comentarios injuriosos o fuertemente despectivos, alusiones autoinculpantes a conductas reñidas con la ley; todo ello en los famosos "audios" de la causa que, a manera de anticipo, en parte circularon sucesivamente durante los meses previos. Pero también una impresionante nómina de personalidades e instituciones que, por una razón u otra, merecieron especial atención del Ministerio de Seguridad y el Organismo de Investigaciones, y recopilación de datos que incluyen algunos tan personalísimos como la composición del núcleo familiar. Y además, una prolija disección del mecanismo por el cual funcionaba en ese ámbito una "asociación ilícita", al entender de los fiscales, comandada por el propio Sain y montado para cometer actos criminales.

El procesamiento de ese caudal de información y elementos probatorios demandó todo ese tiempo de trabajo, y su volumen y naturaleza habilita distintas hipótesis. Que corresponderá a la Justicia (aún resta determinar si a la provincial o a la federal) asumir o reformular, pero que en todos los casos aturden por su desmesura y la gravedad de sus implicancias institucionales.

Los ejes de la defensa de Sain pasan por la pretensión de que todo lo actuado fue en el marco de la legalidad, y con conocimiento y en cumplimiento de órdenes del gobernador. Tanto que, a su entender, los encuadró en el propósito enunciado por Omar Perotti al asumir de separar claramente el mundo del delito del de la política y el Estado, y que inexplicablemente derivó en que el propio mandatario esté entre los "perfilados".

Este razonamiento, según la verificación o no de ambas premisas, habilita de base tres conclusiones posibles: 1) Que si lo actuado no fue legal y el gobernador lo conocía, estaría directamente implicado. 2) Que si lo actuado no fue legal y el gobernador lo desconocía, podría suponer responsabilidad por omisión, jurídica o al menos política. 3) Que, como alega Sain, lo actuado sí haya sido legal, y que todo esto se trate de una monumental falacia montada por el órgano público de acusación del Estado, en ejercicio de una suerte de persecusión política (idea que, no sin desafiar la verosimilitud, alienta también las movilizaciones en defensa de su principal colaboradora).

Huelga decir que cualquiera de las posibilidades es alarmante. A lo que hay que agregar que desde el punto de vista de la lógica resulta muy difícil conciliar el tenor de los datos recolectados por Sain con el pretendido objetivo de sostener una política de persecución criminal. Y, desde cualquier punto de vista, es extremadamente complicado defender el desvío de fondos y la carencia de control sobre los mismos (salvo que se demuestre que también es una imputación infundada). Otra vez, lo que supondría cualquiera de estas posibilidades, y la escala de las acciones, no deja margen para desentenderse ni solventarlo con excusas o subestimaciones.

Los milagros van a estar de tu lado, como advirtió el poeta citado al principio de estas líneas, cuando comiences a ignorar los embustes.