El presidente Alberto Fernández modificó el decreto reglamentario de la ley que estipula la creación de la Unidad de Información Financiera; y de ese modo, permitirá la instalación de nuevas delegaciones de la repartición en el interior del país. La novedad la comunicó este miércoles el flamante jefe de Gabinete de la Nación, Agustín Rossi, a través de las redes sociales.
El funcionario enfatizó en su posteo que de ese modo se da cumplimiento a uno de los compromisos asumidos días atrás por el presidente de la Nación ante el pedido del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. “El decreto 85/2023 publicado hoy en el Boletín Oficial permitirá aumentar la eficiencia en la lucha contra el lavado de activos, muchas veces derivado del narcotráfico”, escribió Rossi.
La delegación se ubicará en la sede del Enapro, en la ciudad del sur; y según pudo saber El Litoral, este jueves Perotti viajaría a Buenos Aires para ultimar los detalles de su instalación. Firmado el decreto nacional, restan ahora una serie de trámites internos y resoluciones de la propia UIF para poder materializar el anuncio de la delegación.
El reclamo para que se instalara en Rosario esta oficina había sido uno de los que había dejado el mandatario santafesino sobre el escritorio de Alberto Fernández, cuando se reunieron la semana pasada. También le había solicitado que incorporara al temario de sesiones extraordinarias del Congreso, el proyecto para fortalecer la estructura de la justicia federal.
El lugar elegido para la instalación de la UIF sería el Enapro.Foto: Fernando Nicola
El caso Rosario
Según se hace constar en los considerados del propio decreto presidencial, la decisión de instalar una delegación de la UIF en Rosario se funda en que allí, en los últimos años, “se ha incrementado la cantidad de reportes de operaciones sospechosas”, y en que dicha ciudad “es una de las que mayor cantidad de sujetos obligados inscriptos posee ante la Unidad de Información Financiera”.
Se plantea que dicha localidad “se erige como de vital importancia, no sólo en cuanto a cantidad de población y volumen de comercio, sino fundamentalmente, por su actual lucha frente a la criminalidad organizada en general y a los delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes, uno de los delitos precedentes al delito de lavado de activos más significativos”.
Al mismo tiempo, se cita el Informe de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos de la República Argentina donde se habla de “una gran cantidad de organizaciones criminales con asiento en la ciudad de Rosario; una actividad criminal y niveles de violencia por encima de la media nacional; uno de los principales puntos de destino nacionales del tráfico de droga; y el rol destacado en materia de narcocriminalidad de los transportes fluviales o aéreos tanto para explicar el ingreso al país de la sustancia, como su desplazamiento por el territorio nacional y, eventualmente, su posterior exportación ilícita”.
Finalmente, se plantea que “el constante incremento de dichos flagelos exige aunar esfuerzos en la búsqueda de una respuesta integral y efectiva por parte de los organismos estatales” con competencia en la materia. “Los flujos financieros y principalmente, el lavado de activos asociado a los delitos de tráfico de estupefacientes, vienen alcanzando un protagonismo cada vez mayor y más complejo, por lo que contar con una sede en la ciudad de Rosario, le permitirá a la UIF implementar de una manera más eficaz las funciones que le son propias, en el marco de su competencia”.
“Permitirá aumentar la eficiencia en la lucha contra el lavado de activos, muchas veces derivado del narcotráfico", aseguró Rossi.
El decreto
Las Agencias Regionales tendrán como función la recepción, complementación y compatibilización de la información producida en sus respectivas jurisdicciones para su posterior remisión a la Oficina Central de la Unidad de Información Financiera. Se conformarán con un máximo de cinco agentes cada una.
Entre sus objetivos se plantea “mejorar las tareas de análisis de información financiera, supervisión y cooperación con los sujetos obligados, los organismos públicos y privados; facilitar el envío y recepción de información; colaborar en la prevención de ilícitos tanto por organizaciones de escala nacional como internacional, provenientes del lavado de activos, sus delitos precedentes y la financiación del terrorismo”.