Son tiempos de muchas construcciones de edificios en Rosario. Sin embargo, hay un vicio con el que se viene lidiando desde hace años y que pareciera que no logra corregirse pese a las legislaciones vigentes que aprobó el Concejo. Se trata del incumplimiento con los límites de altura de los edificios.

Ante esta situación, desde el Palacio Vasallo buscan que se aplique lo aprobado y que los profesionales vinculados a las edificaciones que incumplen con los límites instaurados, puedan ser multados con severidad para evitar que “la excepción sea la regla” y que finalmente se cree un registro de profesionales infractores.

Es que diariamente ingresan a la Comisión de Planeamiento diversos pedidos de “excepción” para poder construir edificios que superan la altura permitida según establece el código urbano, que impone detalladamente los límites permitidos según cada zona de la ciudad.

La titular del bloque Iniciativa Popular (IP), Fernanda Gigliani, indicó a Mirador Provincial que para desalentar “prácticas poco éticas” en el ejercicio de las profesiones ligadas a las construcciones, y que se evidencian muchas veces en las transgresiones a la normativa y el posterior pedido de excepción al Concejo Municipal, es necesario atacarlo desde distintos puntos.

La edila entiende que si bien las excepciones son casos concretos e individuales se crean antecedentes. Entonces después vienen otros en igualdad de condiciones a pedir el mismo tratamiento y a ahí la norma pierde sentido, “si la excepción pasa a ser la regla”.

Giglani afirma que para que se logre terminar con los edificios que incumplen con la altura máxima permitida hay que “ser más duros con la multa a pagar por la transgresión”, “que la Municipalidad aplique normativa ya vigente donde tiene el poder de sancionar a los profesionales” y que “los colegios profesionales haciendo su parte hagan que los tribunales de ética también sancionen a los profesionales que no ejercen éticamente la profesión”.

No se trata de un conjunto de normativas nuevas, sino que ya tienen sus años. Las medidas se impulsaron desde la comisión de Planeamiento en conjunto con reuniones con los colegios profesionales para incorporar en cada excepción que se vota un traslado del expediente a los colegios para que analicen la conducta del profesional.

A su vez, la posibilidad de sanción por parte del municipio existe hace años. De hecho, se modificó agravando la multa cuando se discutió recientemente el Código de Ética. También se modificó la ordenanza del cobro por mayor aprovechamiento, donde se incorporaron los rangos para que dependa dónde se genere la transgresión el precio base de la tierra que se use para el calcula tenga el valor del sector donde está el inmueble.

Gigliani agregó: “Estamos pidiendo q el ejecutivo cumpla con una reunión q quedaba pendiente con los concejales para aumentar el precio base de la tierra q eso impacta en el cálculo final de lo q tienen q pagar en cada trasgresión”.

Un caso testigo
Un ejemplo concreto que expone el estado de situación con los edificios que buscan superar la altura máxima permitirá es el del inmueble ubicado en calle Urquiza 3231, donde se solicitó la autorización de una ampliación sin que el edificio tuviera final de obra.

Resulta que en 2012 se le otorgó el permiso de construcción para que se lleve a cabo un edificio con nueve pisos –más planta baja-, con dos departamentos en cada uno y en la parte de atrás del terreno otra torre de dos niveles a partir de la planta baja con cuatro monoambientes más.

Pero, pese a contar con el visto bueno para avanzar con el proyecto, se avanzó con la edificación de un departamento extra en la azotea. Esto generó que la altura máxima permitida sea violada, según los parámetros que indica el código urbano para la zona de barrio Agote.

No sólo molestó en el Concejo la situación del edificio, sino que además el líder del proyecto contar con “el antecedente de un pedido de excepción muy similar, cursado por el mismo recurrente para otro inmueble de su propiedad”, también en área central y donde también se había levantado un departamento extra. Pero, en esa oportunidad, hace dos años, el Concejo le había otorgado la excepción, previo pago de las multas correspondientes.