El juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Rafael Cotorruelo, dejó sin efecto la audiencia que se realizó este miércoles 19 de marzo, por pedido del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, en la que se iba a discutir la reticencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia a correr con el 60% del costo de la nueva pericia autópsica al cuerpo de Ariel Goyeneche, el hombre de 36 años que murió en circunstancias que se trata de determinar en un procedimiento de reducción de personas que realizaron efectivos de la Policía Departamental Paraná el lunes 12 de febrero de 2024.

El lunes 11 de noviembre de 2024, Damián Petenatti e Iván Vernengo, que asisten a los suboficiales, Lisandro Romero y David Vázquez; y Eduardo Gerard, que representa al oficial Alan Vázquez, lograron que el juez Garzón disponga la remisión de las actuaciones realizadas por los médicos forenses del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia y de los peritos de parte, para que se dé participación a una tercera opinión por parte de los peritos forenses de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para aportar más elementos para determinar la causa de la muerte de Ariel Goyeneche, ocurrida el lunes 12 de febrero en medio de una detención policial ocurrida en la vereda enfrente a la comisaría segunda de Paraná y a escasos metros de la Jefatura Departamental Paraná de la Policía de Entre Ríos.

En aquella audiencia, Garzón dispuso que el 30% de los costos que demandará la realización de la nueva pericia sean asumidos por los tres policías imputados, correspondiéndole un 10% a cada uno; que un 10% sea a cargo del Ministerio Público Fiscal (MPF) y el restante 60% a cargo del STJ.

En la audiencia de este miércoles, Rodríguez Signes señaló que el miércoles 5 de marzo recibió la notificación en la que se le atribuyó al Estado provincial la disponibilidad de fondos públicos para gastos por una pericia, evaluó que el Estado no es parte del proceso y que no fue citado a la audiencia en la que Garzón dispuso hacer lugar a la nueva autopsia y distribuyó los costos. El funcionario sostuvo su postura de que “no corresponde abonar el porcentaje del STJ”.

El fiscal de Estado señaló que el presidente del STJ, Leonardo Portela, le pidió que interpusiera un recurso de apelación contra la decisión de Garzón –que según indicó en la audiencia dictó “sin dar fundamentos ni explicaciones”–, en cuanto a la parte que le asignó al Alto Cuerpo. Sostuvo que la pericia sería beneficiosa para las partes y en especial para el Estado provincial, que, de resultar a favor de los imputados, deslindaría al erario público de tener que disponer de una suma mayor por la demanda civil y las posibles sanciones a las que quedaría expuesto.