Carlos Casco, trabajador de planta permanente de la Dirección de Alumbrado Público de la Municipalidad de Paraná, manifestó en el cierre del debate que lo tuvo como imputado del delito de Peculado junto a Fabián Giménez y Marcelo Elesser, que “hace 13 años que venimos con una mochila muy pesada que, para mí, era injusto, pero bueno, ojalá que se haga Justicia y se termine todo esto, ya era inaguantable”. Así, 13 años después cerró, casi como no cayendo que acababa de ser sobreseído porque Fiscalía desistió de mantener la acusación, un calvario en el que siempre estuvo en crisis la fuente de trabajo.

El fiscal Álvaro Piérola, tras argumentar que el delito que se imputó fue acreditado tal como el tipo penal lo exige, de probar todos los extremos que lo configuran, de considerar el contexto de “guerra” que mantuvieron el ex titular del Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (Suoyem), Hugo Vázquez, y la entonces intendenta de Paraná y actual diputada peronista, Blanca Osuna, en el inicio de la gestión que comenzó con el despido de más de 1.500 trabajadores, entendió que existió un “estado de necesidad exculpante” de la decisión de sacar los camiones de la Dirección para trasladar trabajadores a la movilización que dispuso el Suoyem el 18 de marzo de 2012 y se realizó al día siguiente en el Palacio Municipal y Plaza 1º de Mayo de manera violenta.

El querellante por la Municipalidad, Pablo Minetti, adhirió a la postura de Fiscalía, al igual que las defensas, que celebraron y destacaron la actitud del fiscal. La de Elesser, en manos del defensor público, Rodrigo Juárez, destacó la actitud del fiscal de no mantener la acusación por la inexigibilidad de que los tres trabajadores se motivaran en la norma, sobre todo su asistido, que al momento de los hechos era contratado de obra. Por su parte, Emilio Fouces y Germán Fouces, que asistieron a Casco y Giménez, añadieron que estos vivieron “13 años de calvario como víctimas de una lucha de poder de poderosos que ninguno está sentado y eso es injusto”.

Piérola desplegó su alegato contextualizando los distintos escenarios del violento conflicto que sacudió a la ciudad y a sus autoridades. Así, recordó las asambleas previas a la decisión de ir a la huelga, tanto en el Suoyem como en la Dirección de Alumbrado; el despliegue del sindicato en aquella dirección; la irrupción de trabajadores “con palos” y de manera “violenta” en la Administración Fiscal Municipal (AFIM), donde también se realizó una asamblea que se tornó muy violenta e impidió el normal desarrollo del servicio que allí se presta.

Fouces resaltó que sus defendidos “hasta ahora nunca hablaron libremente, siempre estuvieron condicionados por el temor a perder el trabajo o ser trasladados al Volcadero”. En el debate surgió que el sindicato tenía poder para hacer ingresar personas, ascenderlas o sancionarlas, mientras que desde la comuna el peligro al que se exponían era el traslado a la Dirección de Limpieza, como una sanción que implicaba el trastrocamiento de la vida que se tenía organizada o la pérdida de las horas extras, que son vitales para los magros salarios que perciben los trabajadores municipales sin que el color político de la gestión implicara diferencias determinantes.