La jueza de Garantías de Paraná, Elisa Zilli, dispuso este viernes 15 de noviembre decretar la apertura de causa y remitir el legajo a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) para su remisión a juicio oral y público a celebrarse mediante la herramienta del Juicio por Jurados. En la audiencia estuvieron presentes familiares de la víctima y de los policías acusados.

La investigación por el crimen de Gabriel Guzmán, que perdió la vida el 25 de septiembre de 2018 en un confuso incidente ocurrido en barrio Capibá, ubicado en el sureste de Paraná, en medio de un conflictivo contexto de agresiones mutuas entre bandas contrarias que dirimían sus diferencias a los tiros, pasó por varias etapas. Entre las más importantes se encuentra que en 2020 el Ministerio Público Fiscal (MPF) dispuso el archivo provisorio de la causa.

A pesar del desistimiento del MPF, la querella a cargo de José Iparraguirre y Lucía Tejera, impulsó la querella autónoma y logró que le fuese aceptada. Este viernes se iba a discutir la evidencia que cada parte logró reunir en su legajo. La defensa de los policías, a cargo de Miguel Cullen, señaló que la decisión de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que versó sobre la garantía del juez natural, obligaba a juzgar este caso por el instrumento del Juicio por Jurados, en el que la admisión de la evidencia se realiza en una audiencia ante el juez técnico que presidirá el Juicio por Jurados. Zilli advirtió que el planteo era correcto, la querella no manifestó ninguna oposición y la jueza remitió las actuaciones para ser dirimidas ante un jurado de ciudadanos.

Guzmán murió tras recibir un impacto de bala en la cabeza durante un tiroteo que fue denunciado por los vecinos del barrio al 911 y tras intentar fugarse de la Policía. Fiscalía, en el inicio de la investigación de la que después desistió, sostuvo que portaba un arma de guerra –revólver 38 con su tambor cargado marca Smith and Wesson– conteniendo seis cartuchos de los cuales tres estaban completos y los otros tres disparados.