El juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Juan Malvasio, dictó un cuarto intermedio para analizar el acuerdo de juicio abreviado que le presentaron el fiscal, Gonzalo Badano, y los defensores Federico Fenés y Bernabé Batut, que asisten a Sandra Mariela Arener, de 55 años, que era responsable de la División Contabilidad, Registro Operaciones y Pago de haberes de la Dirección Departamental de Escuelas que depende del Consejo General de Educación (CGE) cuando entre marzo y diciembre de 2022, dejó cheques firmados sin determinar la suma ni a quién estaban destinados, lo que fue aprovechado por María Laura Miño, que era personal auxiliar del CGE, con funciones en el área contable de la Dirección Departamental de Escuelas de Paraná.

El acuerdo que analizará en juez y del que adelantó que dará a conocer su resolución en el plazo de ley, comprende la condena de una pena de multa equivalente al 20,41% del total del monto que se detrajo de las arcas del Estado. Se trata de la suma de 130.000 pesos de los 636.800 que se detrajeron mediante el cobro de nueve cheques.

EL HECHO

En la audiencia que se realizó este jueves 10 de octubre en los Tribunales de Paraná, Arener reconoció que en su calidad de “responsable de la División Contabilidad, Registro Operaciones y Pago de haberes de la Dirección Departamental de Escuelas del CGE durante el período comprendido entre marzo y diciembre 2021, insertó su firma en distintos cheques sin encontrarse completado a favor de quién se libraban, dando ocasión de este modo a que María Laura Miño, personal auxiliar con funciones en el área contable de la Dirección Departamental de Escuelas de Paraná, se apoderara de una suma de dinero, al completarlos con sus datos personales como destinataria de estos y presentarlos al cobro, ocasionándose de este modo un perjuicio al erario público”.

Arener respondió “sí señor” a las preguntas que le formuló Malvasio respecto a si reconocía ser la autora de los hechos que se le imputaron –se trató de la firma de nueve cheques de un total 26 que reconoció Miño en su caso–; si aceptaba la calificación de Peculado negligente que se le atribuyó; y si aceptaba la pena de multa y el monto acordado.

Por su parte, Miño ya resolvió su situación en un juicio abreviado en el que reconoció su responsabilidad por el delito de Fraude en perjuicio a la administración pública y aceptó cumplir la pena de un año de prisión de cumplimiento condicional.

Miño fue acusada de que “durante el período comprendido entre el noviembre 2020 y marzo 2022, aprovechándose del cargo que detentaba se apoderó de la suma total de 1.434.172 pesos pertenecientes al Estado provincial, que fueron acreditados en la caja de ahorros de su titularidad del Nuevo Banco de Entre Ríos, por medio de depósito de cheques librados desde el organismo en el que se desempeñaba”.

Según reconoció Miño en su caso, “a fin de llevar adelante esta maniobra, insertó sus datos personales como destinataria y presentó al cobro 26 caratulares que se encontraban previamente firmados por dos de los funcionarios del organismo habilitados para su libramiento, entre quienes se encontraba: Adela Ramírez, directora Departamental de Escuelas; Daniel Alfredo Sale, coordinador General de la Dirección Departamental de Escuelas; y Arener, responsable de la División Contabilidad, Registro Operaciones y Pago de haberes de la Dirección Departamental de Escuelas”.