La jueza de Garantías de Paraná Marina Barbagelata, resolvió hacer lugar al pedido de prisión preventiva que formuló el viernes 29 de noviembre la fiscal, Sofía Patat, para que la pareja integrada por un joven de 21 años y una chica de 19 años, cumplan 30 días de prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación para determinar sus responsabilidades en la comisión del delito de narcomenudeo.

Se investiga si entre el 29 de octubre y el 27 de noviembre, vendieron estupefacientes al menudeo en la despensa que pusieron ambos en su casa de calle 3 de Febrero. Se les atribuyó el delito de Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y Tenencia de arma de fuego de uso civil, en calidad de coautores.

La defensa, a cargo de José Barbagelata Xavier, se opuso e informó que la pareja tiene un hijo de tres años que padece trastorno autista, lo que genera en el niño una dependencia muy importante de la mamá. Así, solicitó que se les concediese el arresto domiciliario en la casa de un familiar que queda alejada de la vivienda de los sospechosos, para aventar el riesgo de entorpecimiento de la investigación.

La jueza resolvió dictar la medida de coerción para ambos, pero, ejerciendo el rol que las normas le confieren, dispuso que el joven cumpla la medida en la Unidad Penal de Paraná y ella en la casa de un familiar para que mantenga en contacto con su hijo como lo venía haciendo. También dispuso un plazo menor que el que solicitó la fiscal: dispuso que la medida se efectivice hasta el 23 de diciembre a las 13, período en el que Fiscalía deberá agotar la investigación.

Ante la decisión que la jueza adoptó en relación a la situación de la chica y el hijo, Barbagelata le dio la palabra a la fiscal para que se expida sobre la resolución. Así, Patat no se opuso y señaló que no estaba al tanto de la situación del niño. Patat, previamente, fundó la necesidad de privar de la libertad de manera preventiva a los sospechosos para resguardar las medidas probatorias que restan realizar. No obstante, la jueza le impuso a la chica la prohibición de usar celulares para comunicarse con el exterior y solo se lo habilitó para comunicarse con su pareja para informarle sobre el niño.

La fiscal entendió que se encontraba vigente el riesgo procesal de peligro de entorpecimiento de la investigación habida cuenta que señaló que la causa se inició a partir del llamado de vecinos que dieron cuenta de las actividades que se habrían desarrollado con la despensa como fachada del verdadero negocio, que sería la venta de cocaína al menudeo. En el allanamiento se encontraron 93 envoltorios que al test de campo dieron resultado positivo para cocaína; elementos de cortes, una balanza de precisión, la suma de 75.590 pesos y una pistola calibre 22 cargada de la que la pareja no contaba con la correspondiente autorización de tenencia.