Mario Cáffaro
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La expulsión de Rubén Giustiniani y de Silvia Augsburguer del bloque de diputados del Frente Progresista Cívico y Social de la Cámara de Diputados es otro de los síntomas de la crisis política de la entente oficialista santafesina. Quizás una de las más graves de los últimos meses
porque ocurre en el seno del Partido Socialista, fuerza que impuso a los tres gobernadores de la alianza. En agosto del año pasado fue el propio gobernador, Miguel Lifschitz quien salió a frenar al vice, Carlos Fascendini, cuando había pedido el retiro de los radicales que se encolumnaban en Cambiemos. “Voy a garantizar durante todo mi mandato la integración del Frente Progresista en el gobierno. Soy responsable de conducir el gobierno de Santa Fe, he asumido un compromiso durante la campaña electoral de integrar un gobierno frentista y soy consciente de que para llegar a la gobernación tuve el apoyo de todos los partidos del Frente Progresista y de todos los sectores internos de cada uno de esos partidos”, había afirmado en una declaración distribuida por la Casa Gris.
No es la primera vez que el Frente pierde legisladores propios. Durante el gobierno de Hermes Binner se alejó Marcelo Brignoni y durante el de Antonio Bonfatti, José María Tessa. Ambos simpatizaban con el kirchnerismo y mostraron diferencias con el gobierno provincial. Un poco más allá en el tiempo, el socialismo santafesino dejó a un lado a Héctor Cavallero y su gente tras una durísima interna que permitió el afianzamiento de Binner en Rosario y luego en la provincia.
Giustiniani considera una herejía que un gobierno socialista haya propiciado la adhesión a un blanqueo de capitales y emitido deuda externa. Junto a Augsburguer marcaron diferencias en temas impositivos, judiciales e incluso en el manejo de los servicios públicos en manos del Estado
provincial. Ambos expulsados fueron legisladores nacionales, con mucha experiencia parlamentaria e incluso Giustiniani fue más de una década presidente partidario. De allí la importancia simbólica de la expulsión. El Frente seguirá con mayoría propia en el recinto y todavía las diferencias internas son las que más traban el funcionamiento de la Cámara; no la oposición dispersa y buscando algún rumbo político. La remanida y trajinada reforma al Código Procesal Penal volvió a diferirse por miradas críticas de legisladores oficialistas. En temas menores, en la última sesión, el radical Santiago Mascheroni marcó diferencias ante votaciones donde convergían votos socialistas y justicialistas.
Rápido de reflejos, Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) ya invitó a Giustiniani a conformar un interbloque e incluso una alianza electoral para octubre. El socialista agradeció y pidió tiempo. Rubén Galassi y Eduardo Di Pollina fueron la cara de la expulsión de sus correligionarios con el aval de Bonfatti quien preside el Partido Socialista. No lograron apoyo explícito de la bancada radical, sí de algunos integrantes.
En las reuniones bilaterales entre radicales y socialistas aparecen cada vez mayores diferencias y siempre desde Casa de Gobierno se trata de buscar encauzar el diálogo. Los próximos meses servirán para auscultar el estado de salud de la alianza gobernante. Los comicios municipales y comunales agregarán mucho ruido al escenario y el gesto de autoridad en el socialismo puede marcar el camino que deberán seguir los díscolos, pero también empezar a conocer posibles nuevas alianzas electorales donde la política empieza a mirar 2019 por más que Lifschitz intente por todos los medios hablar de reforma constitucional.