El flamante secretario de Seguridad Pública de la provincia insistió con su planteo de endurecer el régimen penitenciario para los presos de alto perfil. Jorge Bortolozzi admitió que la propuesta puede generar controversia, pero aseguró que desde su punto de vista, "es la solución definitiva" al problema que generan "unos cien reclusos, que generan zozobra para toda la comunidad porque se convirtieron en Ceos de empresas narcocriminales".

El funcionario había sorprendido la semana pasada, a poco de asumir, con su posicionamiento; habló de instaurar en las cárceles de la provincia para los presos peligrosos, un sistema similar al de alta seguridad que se conoce para el narcotraficante mexicano, Joaquín "El Chapo "Guzmán. Sus declaraciones provocaron algunas reacciones, entre ellas, las de quienes advirtieron que esas eventuales reformas deben plantearse a través de leyes del Congreso de la Nación. Pero Bortolozzi disintió; dijo que la provincia tiene herramientas para cambiar el régimen, y ratificó su postura.

- ¿Tiene consenso esta idea en el resto de los integrantes del gabinete de Seguridad?

- En primer término fue una posición mía que luego la conversé con el ministro. Yo lo que digo es que si conocemos las cárceles, si ésta es la realidad, si conocemos el diagnóstico y si hacemos una propuesta para solucionarlo, evidentemente no puede ser solamente la de secuestrar un teléfono. Acá la cuestión es que de más de siete mil internos, cien son los que tienen en zozobra a toda la población. Entonces, si buscamos un resultado diferente con la misma acción, nos vamos a equivocar; las cosas no van a cambiar. Lo he conversado con algunos fiscales pero insisto, creo que es un tema que tiene que sopesar el legislador que deberá pensar y elegir entre defender a dos millones de habitantes, o restringir el ejercicio de ese derecho para ese reducido universo de internos. Hay que dar el debate. En definitiva, la ejecución de la pena privativa es una facultad no delegada de la provincia; yo creo que se puede modificar nuestra propia legislación derogando la adhesión que por ley la provincia hizo en su momento para acoplarse a la normativa nacional, cuando no existían los narcos. Y a partir de allí, debemos generar un nuevo código de procedimiento para la ejecución de la pena, de acuerdo a la legislación provincial. Yo creo que si estamos filosofando y debatiendo, nos siguen matando personas. Y creo que estos 100 ó 150 internos van a seguir infringiendo porque son Ceos de empresas narcocriminales. No van a dejar de ganar dinero. Entonces, esto lo tenemos que cortar; es un debate que nos debemos para dar para solucionar el problema.

- ¿Qué implicaría en la práctica este endurecimiento?

- No deberían tener visitas; puse el ejemplo del Chapo Guzmán. Esto es, un sistema sin locutorios, con una comunicación telefónica que se hace a través de un vidrio o cristal mediante un teléfono público cuyo número ya tiene registrado la fiscalía. Yo sé que para algunos es un retroceso; para mí es la solución definitiva. Y también va a ser más fácil desmontar toda la maquinaria de aquellos (presos) que se entusiasmaron con estos microemprendimientos de extorsionar y que no son Los Monos ni narcos, pero son vivos. Son delincuentes de poca monta.

- ¿Va a 'militar' esta idea?

- Voy a tratar de que se instale el tema y se debata porque si no, los penitenciarios están todos buscando celulares todos los días y ellos mismos dicen que en los pabellones de alto perfil ya no buscan más teléfonos porque no los hay. ¿Pero cómo se comunican? Lo hacen a través de las visitas que reciben, y que terminan siendo parte de los ilícitos que se planifican desde esas celdas. Entonces, hay que decir las cosas como son, porque la sociedad nos ve como que somos impotentes en la respuesta al delito. ¿Cómo se explica que desde la cárcel un interno tenga un escritorio (para delinquir), y nosotros, que tenemos el monopolio de las fuerzas públicas, no podamos hacer nada? Eso la gente no lo comprende. Yo humildemente hago este aporte desde mi conocimiento del tema. El resto, lo decide el legislador.