La jueza en lo penal de Santa Fe, Rosana Carrara, deberá resolver si sobresee en forma definitiva a los senadores justicialistas, Joaquín Gramajo (departamento 9 de Julio) y Rubén Pirola (departamento Las Colonias), denunciados en 2017 por el exconcejal rosarino Jorge Boasso, por el manejo discrecional de subsidios en la Cámara de Senadores.

La denuncia, que se presentó ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario y pasó por los tribunales de Rafaela, recaló finalmente en Santa Fe -en lo que a Gramajo y Pirola refiere-, donde el entonces fiscal de Delitos Complejos, Leandro Lazzarini, la desestimó y dispuso su archivo el 18 de junio de 2018.

El 18 de junio de 2018 el fiscal Leandro Lazzarini (foto) desestimó la denuncia del rosarino Jorge Boasso y archivó la causa. Foto: Archivo El Litoral

Casi 4 años después el representante legal de Gramajo y Pirola, el Dr. Néstor Oroño solicitó una audiencia de las llamadas "multipropósito", para tratar el pedido de "sobreseimiento definitivo" de sus clientes.

Señalamiento concreto

El acto judicial tuvo lugar el jueves 31 de marzo, en la Sala Nº 2 del subsuelo de los tribunales capitalinos, y si bien no estuvieron presentes los legisladores denunciados, lo hizo en su representación el Dr. Oroño, ante la jueza Rosana Carrara; mientras que por el MPA, intervino la jefa de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, Mariela Jiménez, quien se opuso al planteo defensivo.

La resolución podría darse a conocer por escrito esta semana, por la jueza Rosana Carrara. Foto: Flavio Raina - Archivo

"Contra la opinión de la fiscalía, entiendo que hubo una investigación", dijo Oroño, en referencia a "las diligencias ante el Tribunal de Cuentas, Persona Jurídica, y la citación de Carlos Bermúdez como habilitado ante la Cámara de Senadores, entre otras", para contrastar la legalidad de los subsidios otorgados en cada caso.

El abogado particular mencionó también que hubo "una cuestión de competencia" territorial, que "fue resuelta por el juez Eduardo Pocoví y luego por el camarista Enrique Álvarez", e hizo hincapié en "el derecho al sobreseimiento" de sus representados.

Si bien es cierto que ni Gramajo ni Pirola fueron imputados en la causa, el letrado insistió que "la calidad de imputado no implica que se hayan dispuesto medidas sobre una persona". "Basta con ser indicado", afirmó el profesional, y "en este caso existe una indicación del concejal Boasso".

"Sabemos que causas que involucran a personas políticamente expuestas pueden ser usadas políticamente", disparó el abogado Néstor Oroño. Foto: Manuel Fabatía - Archivo

En tal sentido, Oroño amplió que "no fue un pedido de investigación sobre subsidios" en términos genéricos, sino que "se daban pautas muy concretas que asociaban la figura de legisladores en hechos delictivos", completó.

Incertidumbre

Como muestra de que "el archivo es una circunstancia de precariedad", el Dr. Oroño se refirió al senador del departamento San Lorenzo, Armando Traferri, cuya investigación archivada en mayo de 2018 por la fiscal Natalia Benvenutto, fue desarchivada en agosto del año pasado por indicación de la Fiscal Regional de Rosario, María Eugenia Iribarren.

Si bien se trata de circunstancias harto diferentes a la de Traferri -investigado en otras causas penales-, el representante legal de Gramajo y Pirola pidió "una resolución de corte conclusivo". "Han pasado casi 4 años y no se han aportado hechos nuevos", por lo que la extensión en el tiempo de dicha situación "genera incertidumbre" en sus clientes.

"Sabemos que causas que involucran a personas políticamente expuestas pueden ser usadas políticamente", disparó el penalista, que insistió con el sobreseimiento.

"La única opción"

A la hora de contestar, la fiscal Mariela Jiménez se mantuvo firme en su postura y rechazó el planteo, en primer lugar por "la forma en que se formuló el planteo, que se hizo ante un juez de la IPP y no del fiscal"; y en segundo término, porque "hay una resolución de desestimación de denuncia y archivo".

En línea con lo que que criticó el abogado de Gramajo y Pirola, la fiscal Jiménez confirmó que "no se realizó imputación concreta a una persona" ni se llamó a audiencia imputativa y dijo que "mientras nos encontremos en la IPP (investigación preliminar preparatoria) la única opción es el archivo, nunca el sobreseimiento, no hasta que exista el proceso intermedio" que es la antesala del juicio.

Un poco para llevar tranquilidad a la contraparte y otro para alejar teorías de fiscales omnipotentes, la Dra. Jiménez explicó que "no es tan fácil la reapertura de una investigación". Y agregó: "el archivo impide la persecución de una persona por los mismos hechos". 

"Tienen fueros"

Además planteo otro obstáculo formal para la reapertura que obliga al fiscal a "elevar un pedido al Fiscal Regional con elementos sobrevinientes, para que en su caso disponga la reapertura". Es decir que "ésto sólo va a ocurrir ante un elemento nuevo y que el Fiscal Regional autorice avanzar en la situación particular, cosa que hasta ahora no ha ocurrido", completó.

En síntesis, la Fiscalía de Delitos Complejos sostiene que "este grado de preocupación de Gramajo y Pirola se ha satisfecho con el archivo, pero no implica la certeza necesaria para un sobreseimiento". En tanto, remarcó que "en el hipotético caso que se planteara una imputación, primero hay que remover un un obstáculo legal porque los dos tienen fueros".

Denuncia

La causa original señalaba a los senadores Armando Traferri (PJ-San Lorenzo) Rubén Pirola (PJ-Las Colonias), Joaquín Gramajo (PJ-9 de Julio), Hugo Rasetto (UCR-Iriondo) y José Baucero (PJ-San Javier) y al ex vicegobernador Jorge Henn, este último por la implementación del Fondo de Fortalecimiento Institucional del Senado de la Provincia de Santa Fe.