Ignacio Pellizzón
Hace poco más de un año, la noticia de la llegada de La Salada a Rosario había generado tal conmoción en los sectores empresariales y políticos locales que hasta dos concejales rivales coincidieron en su oposición al emprendimiento. El ambicioso plan de Jorge Castillo, el “Rey de la Salada”, finalmente cayó en saco roto.
El anunció de la presunta llegada se comunicó en junio del año pasado. Había trascendido que se iba a instalar la mega feria en la autopista Rosario-Córdoba. El impacto de la noticia provocó que prácticamente todos los sectores empresariales salieran a confirmar que en la ciudad no tenía lugar un emprendimiento así por los efectos nocivos que provocaría.
Se había difundido que Castillo tenía la intención de inaugurar nueva Salada el Día de la Madre (17 de octubre). Y se iba a levantar en esa autopista porque se trataba de una arteria de fácil acceso para el ingreso como para el egreso de los consumidores.
La única condición que había impuesto Castillo era ubicarse lejos de las urbanizaciones, porque tenía que estar “en el medio del campo, solo, como loco malo y cerca de una bajada de la autopista porque la gente necesita entrar rápido y salir rápido de la feria”.
A su vez, cuando le consultaron por la infraestructura necesaria, aclaró que solo necesitaba la energía eléctrica. “En los campos hay alta tensión y para conseguir agua, se hace un pozo y a otra cosa, eso es lo de menos”.
En base a una ronda de consultas que realizó Mirador Provincial con referentes productivos y empresariales, todos coincidieron de que se trató de una jugada que nunca tuvo un “real asidero”. Es que entienden que nunca podría haber avanzado un desarrollo como ese ante la negativa del municipio y de todos los comerciantes de Rosario.
En esta línea, señalan que es cierto que hay una gran parte de la sociedad que necesita y quiere tener ropa de marca o necesita comprar indumentaria de menor costo, pero afirman que una salada “no es el camino”, porque terminaría fundiendo a aquellas unidades comerciales y empresariales que dan trabajo legítimo, genuino y sostienen el Estado.
En su momento, el propio secretario de Producción de la Municipalidad de Rosario, Sebastián Chale, se opuso fuertemente a la presunta llegada de La Salada: “No es un formato que pueda admitirse en Rosario. No tiene lugar. Primero porque no es feria, es una gran superficie comercial y que, además, en el formato que todos conocemos, no reúne ninguna de las características que exigen las normativas”, había admitido a Mirador Provincial.
Hay que recordar que Castillo fue detenido en junio de 2017 acusado de asociación ilícita, lavado de dinero y evasión impositiva. Estuvo preso durante dos años y cuatro meses, hasta que a fines de 2019 le otorgaron la prisión domiciliaria.
Un tema sin grieta
La presunta llegada de La Salada causó tal conmoción y alarma en la ciudad que hasta dos concejales rivales estuvieron de acuerdo en oponerse a su instalación.
Por un lado, el edil de Juntos por el Cambio, Carlos Cardozo, había manifestado su rotundo rechazo a la posibilidad de que se instale la feria: “Todos sabemos que La Salada siempre ha sido el reino de la informalidad y el contrabando ya que, además de venderse productos truchos y falsificados de marcas reconocidas, en muchos casos se somete casi a un trabajo de esclavitud a los empleados”.
“La Provincia de Santa Fe tiene vigente una ley de grandes superficies comerciales, por lo que este emprendimiento se tendría que someter a la aprobación o no por parte del gobierno de la provincia. No es que cualquier dueño de un campo o dueño de un galpón puede, porque se le da la gana, decirle al señor de La Salada que se lo alquila para meter 400 puestos”, había agregado.
Su rival político en aquel momento, hoy diputado nacional por Santa Fe, Eduardo Toniolli, había coincidido con Cardozo en que “el emprendimiento, que tiene intenciones de desembarcar en nuestra región, tenemos en claro que jamás aprobaría el estudio de impacto ambiental exigido por la Ley Provincial de Grandes Superficies Comerciales”.
“Pero, ya hemos sido testigos de cómo en 2018 el megaoutlet Paso del Bosque fue habilitado por la Municipalidad de Rosario sin ese estudio. Además de ir a la Justicia junto a representantes de pymes, en aquel momento advertimos que la violación de esa Ley abriría la puerta para que otros grandes emprendimientos se instalaran sin previo análisis del efecto sobre el comercio minorista de la región”, continuó.
Según estudios de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) -previos a la pandemia-, por cada puesto creado por una gran superficie se pierden cuatro empleos pymes. “La concentración comercial destruye el trabajo y el bolsillo de los argentinos”, había concluido Toniolli.
