Ahora que la nueva Agencia Antilavado de Rosario tiene directora (Paula Bruera), se pone en marcha para analizar un desarrollo urbanístico de peso y verificar si se lo utilizó para lavar dinero. Se trata del Plan Especial Parque Habitacional Ludueña, que lleva la firma de Gustavo Shanahan, quien actualmente se encuentra con prisión domiciliaria mientras espera el juicio oral como presunto miembro de una organización ligada al narcotráfico.

Fue en 2015 cuando el Concejo aprobó la ordenanza que modificaba el plan Especial Parque Habitacional Ludueña, donde se desafectaron 36 hectáreas destinadas al barrio cerrado en el marco del fideicomiso Los Pasos, que pasarían a ser loteos abiertos.

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El nuevo barrio abierto en la zona oeste de Rosario se presentó como un ejemplo de la articulación entre privados y el Estado. Fue el ex intendente, Miguel Lifschitz, quien firmó el convenio con el Fideicomiso Desarrollos Urbanísticos SA y el Fideicomiso del Jockey. En este emprendimiento se encontraba Shanahan como uno de los firmantes.

Esta iniciativa se vio en su momento con buenos ojos, porque le permitía al municipio la percepción de un importante monto en concepto de mayor aprovechamiento urbanístico, que sería destinado a obras de mejoramiento barrial y a la incorporación de suelo para el Fondo Municipal de Tierras.

Básicamente, Rosario cedió 186 hectáreas de suelo vacante a la vera del arroyo Ludueña, desde la intersección con la autopista Rosario - Córdoba, incluido el estadio mundialista de hockey “Luciana Aymar” y los desarrollos detrás del Jockey Club.

De allí se generaron diversos loteos, abiertos y cerrados, y el fideicomiso desarrollador replicó parcialmente con compensaciones al Estado, como la construcción de una escuela y de un centro de salud.

Ahora, con una Rosario totalmente atravesada por el narcotráfico y el lavado de activos, el concejal de Ciudad Futura, Pedro Salinas, presentó la iniciativa para "revisar y evaluar la derogación de la Ordenanza N°7932/05", que le dio marco al acuerdo urbanístico, del cual suponen que haya sido terreno propicio para lavar dinero ilícito.

Según el proyecto aprobado en el Palacio Vasallo, al que accedió Mirador Provincial, Salinas expone: “Pedimos información al Ejecutivo municipal porque no tenemos un veredicto concluyente, pero sí hay dos hechos objetivos que ameritan abordar el asunto", explicó uno de los autores del planteo parlamentario, el concejal Pedro Salinas (Ciudad Futura). "Uno es que para estas cosas el año pasado creamos la Agencia contra el Lavado. El otro es el procesamiento en la Justicia Federal de Shanahan como presunto miembro directo de una organización narco, y que compartirá banquillo de acusados en juicio oral con personajes de otras escalas socioeconómicas que exponen cómo se vertebra el narcotráfico y el narcomenudeo, y sus derivaciones a negocios de alta escala. Razones suficientes para que la Agencia se aboque, habida cuenta de que el rubro inmobiliario es propicio para el lavado de dinero sucio”.

En esta línea, en base a lo aprobado este jueves en la sesión del Concejo, se encomienda a la Agencia Antilavado a revisar el convenio del Plan Especial Parque Habitacional Ludueña "si existen indicios que requieran elevar una alerta sospechosa de canalización de fondos para el lavado de activos de origen ilícito".

"En caso de existir supuestos de comisión de delito de lavado de activos, convoque a una mesa de coordinación y cooperación", concluye el decreto aprobado por unanimidad. Esto es, para "garantizar la inversión y darle tranquilidad a quienes participaron y participan de esos emprendimientos de buena fe", indicó Salinas.

Un peso pesado
Gustavo Shanahan, ex director de Terminal Puerto Rosario, y dueño de una compañía financiera del centro de Rosario, fue procesado en noviembre del 2021 como responsable de esa firma que habría vendido moneda extranjera al emisario de una organización criminal dedicada a la venta de drogas. El juez federal Marcelo Bailaque le ordenó prisión preventiva y la imposición de un embargo de 6.480.000 pesos.

La investigación se había iniciado en mayo a partir de la detección de un punto de venta, distribución y acopió de drogas ubicado en Valparaíso al 2600, en Villa Banana, lo que derivó en 23 allanamientos en los que se incautaron estupefacientes, armas de fuego, municiones, unos 34 millones de pesos en efectivo, más de 30 mil dólares y elementos utilizados en el negocio narco que manejaba Rodríguez Granthom desde su celda del penal federal bonaerense de Marcos Paz.

El empresario recibió un procesamiento por la figura de coautor presunto de tráfico de estupefacientes agravado por la intención organizada de tres o más personas. Esa figura lo inserta en la cadena criminal no por dedicarse a negociar con estupefacientes sino, según fuentes judiciales, por facilitar esa actividad a sus autores, a partir de su actividad financiera.

La investigación fue impulsada por la fiscal federal de Rosario Adriana Saccone y el fiscal de la Procuración de Narcocriminalidad (Procunar) Diego Iglesias. Para Shanahan el juez otorgó prisión domiciliaria porque tanto él como Néstor Ciotti, otro de los procesados, pudo acreditar medios de vida lícitos. A ambos el juez les atribuyó una intervención que consistió "específicamente en la recepción de sumas de dinero provenientes del tráfico ilícito de estupefacientes", según publicó en su momento el diario La Capital.

La función adjudicada a Ciotti consistía en guardar el dinero ganado por Marcos Díaz con la venta de drogas para su posterior cambio a dólares. En el domicilio de éste se incautaron 1 millón de pesos y 30 mil dólares.

Respecto de Shanahan, la pesquisa de los fiscales que el magistrado avaló determinó que a su financiera de España 889 acudió Díaz en varias oportunidades, entre ellas el 27 de agosto pasado, entrando con bolsos vacíos y retirándose con los mismos llenos.