Desde la Codegu - Agencia de Desarrollo Gualeguaychú se informó que el fiscal de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Signes, anunció que emitió un dictamen en pos de la recuperación de las condiciones estructurales y de funcionamiento del Aeródromo y Aeroclub de la ciudad. La medida se dio tras una solicitud que realizó la entidad industrial local para intervenir la mencionada pista.

Según informó la Codegu, “luego de realizar un pormenorizado análisis de la documentación obrante, el fiscal de Estado resolvió que es posible ejecutar la obra requerida bajo un par de posibilidades jurídicas”. También se informó que “el monto que demandaría la obra se encuentra autorizado desde 2020 pero no ha podido ejecutarse ante los escollos legales que se esgrimieron en su momento”.

“Precisamente a partir de los aspectos jurídicos que han impedido la obra, desde dicha área gubernamental se recomendaron algunas vías de solución al conflicto a mediano y corto plazo”, comentaron desde la entidad. “Por un lado, la celebración de un convenio entre el titular registral, el municipio y la provincia para poder avanzar en las intervenciones necesarias para reacondicionar la pista de aterrizaje y, previa intervención de la ANAC, poder retomar la operatividad plena para prestar el servicio aeronáutico. Dicho convenio debería contener los lineamientos para establecer las condiciones de uso y explotación de la terminal”, explicaron desde Codegu.

“En segundo lugar, y en caso de que no se pueda lograr un convenio resulta necesario avanzar en un proyecto de ley de declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación del inmueble donde tiene asiento el Aeródromo”, destacaron luego. Al respecto, el trámite consistiría en que “el justiprecio de la mencionada declaración sea fijado por el Consejo de Tasaciones, descontando los importes actualizados que fueron otorgados como subsidios por parte del Estado para la compra de dichos terrenos, lo que resultará con saldo favorable para el Estado”.

“Desde Codegu se tomó con mucho agrado el avance, dado que en una reunión del Consejo de Seguridad donde participaron por la Entidad, Estela Miño y Juan Schroll, propusieron a ese cuerpo como alternativa superadora el invitar al fiscal de Estado de la provincia a que interviniera en el asunto, convocando también a los letrados del municipio y el Aeroclub”, destacaron.

“Tal moción fue aceptada por unanimidad de los asistentes y elevada oportunamente. Este es un tema sobre el que la entidad viene bregando y gestionando desde hace un buen tiempo ya que es de suma importancia para el desarrollo local y regional”, afirmaron.

ANTECEDENTES

“Resulta obvia la imperiosa necesidad de que Gualeguaychú de una vez por todas salde la deuda con la región toda y recupere su Aeropuerto, en la categoría que supo tener, es decir ‘internacional’. Y a partir de ese hecho, potenciarlo y transformarlo de acuerdo a las exigencias comerciales, sanitarias y sociales que los nuevos tiempos demandan”, expresaron desde la entidad.

“En ese sentido, oportunamente la Mesa Interinstitucional, creada al efecto desde Codegu, confeccionó una carpeta con documentación de vital importancia con antecedentes jurídicos, legales y administrativos, la cual fue tomada en cuenta la misma por el fiscal de Estado”, recordaron.

Asimismo, desde Codegu citaron que “Rodríguez Signes indicó que la obra del Aeropuerto de Gualeguaychú está inserta en un plan provincial en materia logística, prevista a partir del presupuesto 2020, debidamente autorizada por la Legislatura y zanjada la cuestión respecto al interés público en juego y a la viabilidad jurídica de ejecutarlo en el inmueble registrado a nombre del Aeroclub de la ciudad de Gualeguaychú”.

Sobre este punto, Rodríguez Signes agregó que “entendemos que la administración y gestión del Aeropuerto deberían ser asumidas por un sujeto de derecho con aptitud jurídica para integrar a estos sectores y quizá también a la Corporación para el Desarrollo de Gualeguaychú y concretar el interés público en juego”.

Por último, el Fiscal de Estado explicó que “hay dos figuras jurídicas que se han utilizado últimamente en el ámbito de la Administración Provincial con este tipo de integración y propósitos. Una es la Fundación y la otra la Sociedad Anónima”.