La Justicia Federal procesó esta semana al jefe de la delegación local de la Policía Federal. Una foto del condenado, Juan Suris, fumando en el balcón de calle San Martín, como símbolo de impunidad.
La Justicia Federal de Santa Fe dictó un nuevo procesamiento en la causa que tiene como protagonista al preso “súper VIP” Juan Ignacio Suris, quien tras una amable temporada en la delegación de la Policía Federal local fue trasladado al penal de Ezeiza a disposición del Servicio Penitenciario Federal.
La reciente resolución, dictada el lunes 29 de julio por el juez rosarino Carlos Vera Barros, como subrogante del Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe, tiene como implicado al comisario Guillermo Gabriel Gallo (47), quien se encontraba al frente de la DUOF (División Unidad Operativa Federal) Santa Fe al momento de los hechos.
Para el magistrado resulta inverosímil creer que el titular de la dependencia no supiera lo que ocurría a sus espaldas, más allá de que en el período investigado -100 días- haya estado al menos 28 de licencia.
Un dato curioso, teniendo en cuenta lo que implica un centro de detención -aunque sea temporario-, fue el reconocimiento de los actores de la realización de obras de infraestructura, cuya financiación estuvo a cargo del preso.
La reciente resolución tiene como implicado al comisario Guillermo Gabriel Gallo (47), quien se encontraba al frente de la DUOF Santa Fe al momento de los hechos.Foto: archivo/Guillermo Di Salvatore
Si bien los investigadores no observaron construcciones de reciente data en la zona de los calabozos, otro de los policías implicados, el subcomisario Leandro Benítez, reconoció en su declaración, haber tomado la iniciativa de que una pieza aledaña a las celdas, que era utilizada para archivo de documentación, sea acondicionada para ampliar la zona de alojamiento de internos.
En esa línea, uno de los testigos del caso corroboró que “al encontrarnos hacinados en el penal, Suris brindó un dinero para que se amplíe el lugar de detención, lindante a las celdas. Compró pintura, arena y hierros para las rejas”. Además, señaló que “dichas transacciones las coordinaba con el Jefe de mecánicos, quien era enviado por el propio Benítez”.
“No se puede sostener que una reforma edilicia de la sede de la Delegación local de la Policía Federal se realice a espaldas de quien se encontraba a su cargo”, destacó el juez Vera Barros, sobre el comisario a cargo.
El procesamiento de Gallo se suma al del subcomisario Leonardo Rafael Benítez, quien era el segundo jefe e interlocutor directo de Suris y por ende, de la maniobra delictiva investigada. En la causa también fue procesado Suris y una mujer llamada Mariana Martínez, que era la encargada de ingresar el dinero a la dependencia policial.
Vera Barros consideró a Gallo, como coautor de los delitos de “cohecho pasivo” y “peculado” y autor de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “abuso de autoridad” todos en concurso ideal. Además, trabó un embargo por $ 8.000.000; en tanto que cuenta con prohibiciones y medidas restrictivas en cuanto a su relación con personas vinculadas a la causa, dado que atraviesa el proceso en libertad.
Su procesamiento fue el resultado de la labor de los fiscales Walter Rodríguez y Milagros Traverso, quienes solicitaron una ampliación de la investigación federal, en la ventana temporal del 3 al 19 de junio, en función de una serie de informes oficiales y declaraciones que fueron surgiendo en el marco de la causa base.
La investigación, centrada en la figura pública del narco de Bahía Blanca Suris, conocido a nivel nacional por haber sido parte del jetset cuando estuvo en pareja con la vedette Mónica Farro, se inició este verano, a raíz de una llamada anónima.
El 22 de enero de 2024, a las 11.35, una voz desconocida se comunicó con la Fiscalía Federal Nº 2 y comenzó a dar detalles imposibles de postergar por los investigadores, que se anoticiaron de las ventajas que tenía para Suris -detenido en Esperanza a fines de 2023- estar cumpliendo su condena a 6 años en Santa Fe, a pesar de que la causa se tramitara ante el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca.
La labor fue encomendada a la División Operaciones Judiciales de la Superintendencia de Desarrollo Profesional de la Policía Federal Argentina, que dos meses después labró un contundente informe, que una vez más, provocó el descabezamiento de la cúpula federal santafesina.
Cuatro líneas telefónicas, entre ellas las de los jefes Gallo y Benítez, fueron intervenidas durante un mes; el 3 de abril se realizaron los allanamientos y el 7 del mismo mes se produjo la detención del subcomisario Benítez.
En esa primera etapa de la investigación salió a la luz pública que los propios policías de menor rango denominaban a Suris como el “tercer comandante”, por la ascendencia que tenía con Benítez y los beneficios que ello le traía aparejado en cuanto a sus condiciones de alojamiento.
Allí surgió que el preso VIP mandaba a los encargados de su custodia a hacer compras al supermercado, que los obligaba a hacer asados los fines de semana para él y los demás presos y que guardaba grandes sumas de dinero en su celda. Además, pasaba largas horas tomando café y mate con el subcomisario Benítez en su oficina y hasta utilizaba el celular del subjefe para hacer pedidos de comidas y compras online.
El 25 de abril el juez subrogante Aurelio Cuello Murua procesó al subcomisario Benítez por un rosario de delitos: cohecho pasivo, peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, encubrimiento doblemente agravado y violación de secretos; y le dictó la prisión preventiva, la cual cumple a disposición del Servicio Penitenciario Federal. Además, la medida judicial alcanzó a Suris, a quien se le inició una nueva causa por cohecho activo y encubrimiento agravado; y a Mariana Martínez, considerada partícipe de cohecho activo.
La causa salió de la escena pública tras los procesamientos, pero la investigación continuó. Así, el 18 de junio los fiscales Rodríguez y Traverso pidieron la indagatoria del comisario Gallo, que hasta el momento parecía no haber sido rozado por el escándalo.
El 2 de julio el jefe prestó declaración indagatoria, en la que negó los cargos. “Me declaro inocente de los hechos que se me imputan, los desconozco, y durante los momentos en que yo me encontraba a cargo de la dependencia nunca el detenido Suris fue favorecido a tener un régimen distinto del resto de los detenidos”. Se defendió diciendo que “hay funciones, como el trato con los detenidos, que se delegan, así como otros funcionamientos internos”.
De Suris dijo que “lo vi en dos oportunidades, y en presencia de otras personas”, “pero en ningún momento le di un tratamiento especial o ningún beneficio”. Y aclaró: “Nunca pedí ni me fue entregado dinero alguno por parte de Suris ni de ninguno de sus allegados, con los cuales nunca tuve relación alguna ni siquiera hablé”.
También hizo referencia a los dos períodos de licencia -noviembre de 2023 y febrero/marzo de 2024- durante los cuales declinó sus funciones en su segundo, Benítez, no obstante nada de eso alcanzó para convencer al juez Vera Barros.
Para el juez, Gallo “recibió dinero, cuanto menos dentro de la delegación en la cual prestaba funciones, a fin de que Juan Ignacio Suris obtuviera beneficios durante su alojamiento en cuanto a sus condiciones de detención”.
Gallo asumió la jefatura de la DUOF Santa Fe el 4 de noviembre de 2022. Suris ingresó un año después, el 23 de noviembre de 2023, cuando fue notificado de que su condena había quedado firme, mientras se encontraba viviendo en la ciudad de Esperanza.
Por eso la maniobra investigada ocurre entre el 27 de noviembre de 2023 y el 11 de marzo de 2024, fecha en la que fue pasado a disponibilidad el subcomisario Benítez, por una causa ajena a la actual.
En definitiva, para el juez “se encuentran reunidos una serie de indicios que revisten el carácter de graves, precisos y concordantes que hacen presumir -con el grado de probabilidad que esta instancia requiere- que la persona mencionada es responsable de los hechos imputados”.
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