Hubo retoques al texto enviado por la Casa Gris. El más relevante faculta al Poder Ejecutivo a incorporar dirigentes gremiales a una comisión de seguimiento de la emergencia formada inicialmente sólo por legisladores y funcionarios.
Pasadas las 16.40 del jueves 5 de septiembre, la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe aprobó con media sanción el proyecto de ley de reforma previsional, que pasó de inmediato a Diputados para otro tratamiento veloz.
El avance fue obra del oficialismo, que esta vez no se planteó cómo negociar la unanimidad con la oposición. La media sanción se produjo mediante un tratamiento sobre tablas y contó con los 14 votos favorables de Unidos para Cambiar Santa Fe y la oposición de 4 de los 5 integrantes del bloque Justicialista. El único senador ausente con aviso, Armando Traferri (PJ-San Lorenzo), ya había firmado al igual que sus compañeros de bancada un despacho alternativo en el seno de la Comisión de Análisis.
Gremios se manifestaron en la explanada de la Legislatura en contra del proyecto.Foto: Luis Cetraro
La sesión contó con un debate interesante, posterior a que se levantaran las manos de los senadores radicales, del socialismo, de Creo y de Unite. Ante una nutrida manifestación en la explanada del Palacio Legislativo que contó sobre todo con docentes y municipales, nucleados en Amsafe, Sadop y Festram, se acentuaron los controles en los accesos y se impidió el acceso del público a las barras.
El oficialismo encabezado por el presidente del bloque, Rodrigo Borla, impuso el número necesario para la aprobación, con las comodidades propias de quien cuenta con incluso más de los dos tercios de las bancas. El partido de gobierno se impuso a solo una semana del ingreso del expediente elaborado por los funcionarios del gobernador Maximiliano Pullaro.
Es cierto que hubo modificaciones de último momento, y que incluso una de ellas debió leerse en el momento mismo de la votación, pero se trata de unos leves retoques al texto que antes había sido largamente conversado entre los jefes de los bloques de Unidos de las dos cámaras y el gabinete provincial. En las reuniones previas a que suene el timbre de la sesión participó (otra vez) el ministro de Gobierno, Fabián Bastia.
El primero en hablar por la mayoría fue Joaquín Gramajo (Unite-9 de Julio), quien expresó que el déficit de la Caja de Jubilaciones proviene de 10 años atrás y felicitó al gobernador Pullaro por enfrentarlo. Advirtió que el rojo estimado para 2024 es de 430 mil millones de pesos, con los que el Estado podría cubrir el presupuesto de unos 80 ó 100 municipios de entre 20 y 30 mil habitaciones, o comprar por ejemplo 5.000 ambulancias.
Borla explicó desde su banca que en la Comisión de Seguimiento de la Emergencia Previsional se agregaron más legisladores y también representantes de los sectores gremiales del sector público. Su exposición fue la más técnica y descriptiva de la norma votada que define su suerte en Diputados. Habló de los principios generales que guiaron la labor primero de la Comisión Análisis y luego de las reuniones entre legisladores oficialistas y funcionarios. Ratificó que no se tocan las edades para las jubilaciones, pero que se "faculta" al Ejecutivo para llevar adelante cambios si antes ocurren a nivel nacional. Para el peronismo, una "delegación de facultades" insalubre desde el punto de vista institucional.
Para el sanjustino, la clave de la reforma es salvar la Caja de un traspaso a la Nación y dar un trato más equitativo "y justo": "el que más gana, más aporta; pero a la hora de cobrar habrá una pirámide achatada, con topes".
Felipe Michlig, el presidente provisional de la Cámara (y titular de la UCR santafesina) adelantó que la otra Cámara tiene previsto comprometer una preferencia para tratarlo en su próxima sesión. Al igual que antes Esteban Motta (UCR-San Martín) elogió la responsabilidad de la medida adoptada pese a los costos políticos que supone.
En nombre de la oposición, el titular del justicialismo, Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) expresó sus críticas a la norma y, sobre todo, al diagnóstico con que se arriba a la declaración de la emergencia del sistema.
Sostuvo a lo largo de una extensa exposición que no existe "un déficit estructural" y subrayó esa última palabra para advertir que los números que se exponen no deben ser vistos solo en el contexto de los últimos años sino en una progresión mayor. Advirtió que en su concepción, es el Estado quien actúa como empleador como "la patronal" de los empleados públicos y bajo esa idea encontró natural que haya aportes públicos que provengan de los impuestos. Y como prueba advirtió que mientras en Santa Fe se debate el rojo de la Caja a nivel nacional no, pese a que un 40% de las cuentas de Anses se pagan con recursos nacionales que también provienen de los ciudadanos (no de los aportantes).
Su punto más sólido fue el de la evidente premura que impuso el oficialismo, sin chances para "un trabajo legislativo con propuestas". De hecho en una semana se pasó por comisiones, se dictaminó y se hicieron leves cambios al texto ingresado por el Ejecutivo. Subrayó que dos meses después no tiene respuesta su pedido de informes sobre los números que justifiquen la emergencia.
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