En un lapso de pocos días, la reforma previsional pergeñada por el gobierno de Santa Fe para el sector público dejó de ser un proyecto en debate para convertirse en ley, y entrar a regir de inmediato. El trámite parlamentario fue el corolario de décadas en las que, luego de que se tomara y sostuviese la decisión política de no transferir la Caja de Jubilaciones a la Nación, el déficit del sistema fuese motivo de permanente preocupación y ocupara un espacio privilegiado en la agenda de discusión pública. Incluyendo el sostenido tironeo con las autoridades del gobierno central de turno para que se cumpliese los compromisos asumidos de cubrirlo, se pagara la deuda acumulada y se ejecutasen los fallos de la Corte Suprema; sin solución de continuidad.

Con la invaluable baza de las mayorías propias en la Legislatura, y al cabo de una discusión abierta e intensa, que supuso algunas modificaciones de mayor o menor rango que no alteraron sustancialmente la propuesta inicial, el gobierno santafesino cambió en buena medida los términos y alcances de la prestación en la provincia.

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La base argumentativa con que motorizó la iniciativa se sustenta en tres pilares: la decisión política de mantener el sistema previsional del sector público en la órbita provincial, la necesidad de producir correctivos para hacer que el déficit sea sustentable y los jubilados estatales no tengan que ir a parar a Ansés, y la justicia de que el esfuerzo a tal efecto recaiga sobre los beneficiarios (actuales y futuros) y no sobre el resto de la sociedad. Para reforzar este último punto, desde el gobierno provincial se ilustró sobre de qué manera esos ahorros se traducirían (al menos, según las planillas) en progresos para la comunidad, en términos de reparación de rutas o construcción de escuelas u hospitales.

En términos comunicacionales, resulta destacable el esfuerzo de la coalición gobernante en la provincia por otorgar una sustentación conceptual a la reforma, aún a sabiendas de que eso no era imprescindible para llevarla a cabo (porque tenía los recursos parlamentarios suficientes para hacerlo), ni tampoco suficiente para convencer a quienes se ven y verán afectados. En cualquier caso, se trata de un argumento troncal seguramente discutible, pero consistente.

Con la invaluable baza de las mayorías propias en la Legislatura, el gobierno santafesino cambió en buena medida los términos y alcances de la prestación en la provincia.Foto: Archivo.

No fue tan así con la aseveración de que el régimen conservaría intactas las condiciones de acceso, como la edad o los años de servicio, o el alcance del beneficio; ya que, en los hechos, en muchos casos termina no funcionando estrictamente de esa manera. Y eso es algo que cada beneficiario puede comprobar fácilmente, y no porque (como se pretendió, y haya sido o no así) los gremialistas lo hayan "engañado". No se trata aquí de discutir si la medida es justa o injusta, necesaria o no, sino de advertir que la claridad y certeza absoluta del discurso, en este punto flaqueó. Y se estrelló contra las previsiones que cada agente pudo haber tenido (nada menos que su plan de vida más o menos inmediato), y ahora ve en alguna medida frustradas o condicionadas. No es una cuestión irrelevante.

Fuera de eso, el terreno de la discusión quedó perfectamente delimitado, en cuanto a los actores implicados (agentes públicos, gobierno, sociedad en general), los objetivos (sustentabilidad del sistema, defensa de derechos) y los cauces de expresión y resolución (foros de debate, mayorías parlamentarias genuinas e indiscutibles, protesta legítima en el espacio público y los medios de comunicación). Aún queda un andarivel más, que es el de dirimir conflictos de intereses o derechos afectados en la órbita judicial (incluyendo un eventual aumento de la edad jubilatoria si hubiese una medida nacional en ese sentido), pero no existen obstáculos para que ello así ocurra y lleve la seguridad necesaria en cada caso. A tal efecto, el sistema funciona.

Mientras tanto, otro conflicto político e institucional se conecta por triple vía a la sanción de la ley: el eventual reclamo tribunalicio, las renuncias en estampida dentro del Poder Judicial y la advertencia sobre judicialización de la cuestión, y la puja desatada con la Corte Suprema en orden a la intención de renovarla, que ya se tradujo en mensajes ocultos y planillas al descubierto; mientras avanza el proyecto de reforma constitucional. Una verdadera concatenación de pujas y transformaciones que apenas cerró uno de sus episodios, y sólo hasta cierto punto.