Al año legislativo ordinario le quedan cuarenta y cinco días y la agenda del oficialista Unidos parece tener dos objetivos bien marcados en la agenda: respaldar el mensaje con el Presupuesto General de Gastos y Recursos 2025 con la respectiva norma tributaria y avanzar con la modificación a la Ley 10.160 para ampliar a número impar la cabeza del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia. Otros actores del oficialismo también ponen en agenda la eventual ley para declarar la necesidad de la reforma de la Constitución santafesina.

Tras el cierre de la política salarial 2024 con los gremios estatales, el equipo económico que conduce Pablo Olivares avanza en reuniones con las diferentes áreas del Poder Ejecutivo en las definiciones que tendrá el Presupuesto que viene.
“Desde el Gobierno de Santa Fe se busca resguardar las principales actividades productivas de la Provincia: sector agropecuario, la industria, el transporte, el comercio y el turismo. Entendemos que es necesario apostar por el desarrollo del sistema productivo santafesino, apuntando a darle competitividad a los diferentes motores de la economía, cuidando siempre el equilibrio fiscal como lo hacemos en cada una de las áreas y cada vez que tomamos una medida” destacó Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo que con su equipo de trabajo se reunió en la semana con Olivares por las definiciones del año venidero.

El ministro santafesino observa además el debate del Presupuesto nacional con pocas expectativas para recursos nacionales hacia las provincias e incluso el intento de nación de cobrar una supuesta deuda por uso de información de AFIP.

La mecánica de trabajo de Unidos hará que el Presupuesto y la Tributaria lleguen masticadas a Legislatura y sin sorpresas para la sanción antes de terminar el año. El oficialismo tiene mayorías propias para hacerlo en ambas cámaras.

Los debates por la Corte
En el tema Corte Suprema de Justicia, la situación tiene todavía debates internos en Unidos, no sobre la necesidad de renovar la cabeza del Poder Judicial, sino sobre los caminos. Hoy, ya está claro que hay dos vacantes a cubrir y al menos una tercera con la decisión de avanzar con un proyecto de ley para que la Corte sea impar.

“Siete es el número ideal e incluso debería estar puesto en la futura reforma constitucional” dice en estricto off uno de los funcionarios que más trabaja en el tema. “Proyectos para disponer número impar en la Corte hay varios en Legislatura, faltan ajustar algunos detalles para cambiar la ley” dicen referentes legislativos oficialistas no radicales. Allí se ingresa en otra discusión que es la necesidad de que el Ejecutivo sea claro a la hora de que defina un nombre para la Corte, que la sociedad pueda opinar y que haya audiencias públicas con los candidatos presentes.

“Debe haber una radiografía total de los candidatos” piden unos. Otros dicen que los futuros ministros deben estar comprometidos en temas fundamentales: tributar Ganancias, adherir a IAPOS, plan claro para los diferentes fueros del Poder Judicial y postura sobre la vigente ley de enganche. El gremio de trabajadores judiciales abrió el paraguas y el paro del jueves apunta más a lo que viene que a los problemas que denuncian como falta de decretos de nombramientos, vacantes, etc, etc. “Para nosotros no hay conflictos con el Poder Judicial” insisten en Casa Gris y la indefinición parece ir por mayor tiempo.

Esas definiciones que le pedirán a los futuros jueces de la Corte también están supeditadas al número de integrantes. En varios sectores de Unidos insisten con un tribunal de nueve miembros -de transición- con el objetivo de llegar a siete cuando se produzca la renovación casi total del actual cuerpo. Esta decisión permitiría al oficialismo impulsar cinco nuevos miembros, con varias mujeres, y representación de las distintas regiones santafesinas.

En Unidos, no todos están de acuerdo con ese camino. Legisladores justicialistas también fueron informados de esa discusión interna e invitados a opinar. “Es necesario renovar ya la Corte para avanzar con decisiones” se entusiasman otros. La carga mediática exigiendo la jubilación de ministros se ha acallado. Las partes se están midiendo y empleados amenazan seguir adelante un plan de lucha que en Casa Gris dicen que le corresponde resolver a la Corte. En el tablero de ajedrez, las piezas se desplazan ahora con mucho cuidado.

También con sumo cuidado se habla de la posible reforma constitucional. “Está en manos de la Legislatura” se repite en Casa Gris donde hay reuniones con los distintos actores políticos. El no rotundo de Amalia Granata es uno de los datos que con mayor detenimiento se analiza en despachos oficiales e incluso opositores. En este tema, el final parece más abierto que en Presupuesto y en la reforma judicial que tendrán novedades al finalizar noviembre.