El proyecto de ley incluye un programa de control que permitirá aplicar narcotests aleatorios a los funcionarios y establece un procedimiento detallado que incluye prueba y contrapruebas, ayuda al personal para quienes resulten positivos, y medidas como la suspensión o separación del cargo dependiendo de la gravedad del caso. Además, invita a los intendentes, municipios y comunas, así como al Poder Judicial, a adherirse a la iniciativa.

El proyecto está orientado a reforzar la transparencia y garantizar que los funcionarios públicos que ocupan cargos clave, desempeñen sus funciones con la máxima responsabilidad. Abarca a funcionarios de alto nivel en los poderes Ejecutivo y Legislativo y organismos descentralizados; y menciona específicamente a secretarios generales, ministros, altos mandos de la Policía y del Servicio Penitenciario, directores, jefes de área, entre otros cargos jerárquicos.

También involucra a los legisladores, tanto diputados como senadores, así como a secretarios y prosecretarios de Cámara.

El texto establece que la autoridad de aplicación, el Ministerio de Salud o su futuro reemplazo, podrá ampliar el alcance del control, pero no excluir a las personas mencionadas.

Lena explicó que la medida busca fortalecer la ética y la integridad en la gestión pública. “No es aceptable que quienes enfrentan el narcotráfico estén vinculados al consumo problemático de drogas”, afirmó. Y subrayó que los controles “no atentan contra los derechos individuales”, ya que se realizarán bajo estrictas normas de confidencialidad y respeto a la privacidad de los funcionarios. “El control preventivo no solo busca detectar situaciones de riesgo, sino también ayudar a quienes puedan estar vinculados a consumos problemáticos”, destacó.

En sus fundamentos, la diputada insistió en que la compra y consumo de drogas ilegales no solo afecta a nivel personal, sino que contribuye al financiamiento de redes criminales que erosionan la seguridad y el bienestar de la sociedad. “El consumo de drogas ilegales es más que un problema personal; alimenta redes delictivas que socavan la seguridad del Estado y la capacidad de toma de decisiones de sus funcionarios”, señaló.