Cristhian Panceri solicitó este jueves ante la jueza de Garantías de Paraná, Carola Bacaluzzo, la devolución de 29 armas que se secuestraron en la Armería Paraná, propiedad de Martín Mocciaro, que no está imputado aún en la causa que comenzó a transitar por Tribunales a partir de los 17 allanamientos que se realizaron en barrio Mosconi, Cáritas, El Morro, Los Ceibos, de Paraná, y en la localidad de Colonia Avellaneda. Fiscalía se opuso y Bacaluzzo dispuso un cuarto intermedio para analizar la posición de las partes y dará a conocer su resolución antes del comienzo de la feria judicial estival.
Según informó la Policía, en los procedimientos se secuestró nueve armas de fuego de puño, entre ellas de tipo pistola y revólver; 13 armas largas de fuego, entre ellas tipo escopeta, fusil y carabina; 2.100 cartuchería de varios calibres; 32 plantas de marihuana; una balanza de precisión; dos frascos con cogollos de marihuana; nueve celulares y documentación.
Este jueves la jueza les impuso 60 días de prisión preventiva en la Unidad Penal Nº1 de Paraná a Lautaro Damián Villanueva, de 33 años, y Jonathan Emanuel Duarte, de 42 años, hasta ahora los dos únicos sospechosos de integrar una organización que se dedicaría a adquirir armas de fuego utilizando como testaferros u “hombre de paja”, a personas que tienen la condición de legítimo usuario, para luego ingresar las armas adquiridas legalmente al mercado ilegal.
Infracción administrativa
Panceri sostuvo que la situación de las 29 armas y de otras nueve que estarían en tránsito a ser inscriptas, se trata de una falta administrativa y no de un delito. Así, expresó que “a través de los allanamientos que se producen, uno en la armería, como consecuencia de la orden del juez de Garantías Eduardo Ruhl, quien dice en el oficio de allanamiento ‘en lo que respecta a la armería solamente secuestrar aquellas armas que no tengan documentación o sea irregular’. En el allanamiento se secuestraron preventivamente las armas por pedido exclusivo del fiscal, armas que tenían toda su documentación en perfecto estado y vigente las tarjetas rojas, que son las que identifican al arma”.
Extralimitación
Panceri expresó que “esta parte solicita la devolución entendiendo que hubo una extralimitación por parte del Ministerio Público Fiscal (MPF) en secuestrar preventivamente las armas, pensando que lo que el MPF dice, lo que existe una irregularidad en un trámite administrativo; directamente de la armería que está habilitada con respecto a la declaración de stock, la cual la misma Ley, que es el Decreto Ley 395/75, que dice que el comerciante de armas de fuego, tanto de armas de guerra y demás, tiene que tener un stock, tiene que darle una entrada”.
El letrado aseguró que “cada arma tenía su entrada, su ficha de consignación del arma pero lo que no tenía es que esa ficha esté cargada en el Sistema de Gestión Integral de Materiales Controlados (Sigimac). El fiscal entiende que eso es un delito. Lo que le expliqué en la audiencia y le hice saber a través de la normativa, como así también de disposiciones dictadas por la misma Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), que lo único que había es una falta contravencional”.
En aquel contexto entendió que “lo que la Policía debió haber hecho es ir a constatar y hacer el acta que no tenía o no cumplía con esto, y que resuelva la parte de jurídicos el asunto de la Anmat y aplique una multa si procedía, porque también tiene un tiempo para cargar, no es que es un libro diario sino que periódicamente, cada tres meses que se puede hacer la declaración o no, y las armas pudo recibirlas la semana pasada y no haberlas cargado al sistema pero sí tenían su ficha y por eso solicité su devolución entendiendo que había una extralimitación por parte del MPF. Eso es lo que se solicitó hoy y como es una reglamentación específica la jueza se tomó tiempo para sacar una resolución acorde”.
