La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de Paraná fijó “audiencia de apertura de la causa a juicio por ante la jueza de Garantías Nº 1, Marina Barbagelata, desde el día martes 22 de abril 2025, a partir de las 9, de lunes a jueves y por el término de cuatro meses hasta el 13 de agosto 2025, abarcando jornada de horario vespertino en salón a confirmar, lo cual será notificado con la debida antelación, atento la cantidad de participantes en la audiencia”.
La notificación de OGA a las partes consignó que “atento al estado de las presentes actuaciones, lo dispuesto en el artículo 405 del Código Procesal Penal (CPP) y lo manifestado por los Defensores… -mediante escrito del 30 de octubre de 2024- los Fiscales Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano -mediante escrito del 31 octubre 2024- Fijase audiencia de apertura de la causa a juicio por ante la Jueza de Garantías Nº 1 Marina Barbagelata desde el día martes 22 de abril de 2025 a partir de las 9 de lunes a jueves y por el término de cuatro meses hasta el 13 de septiembre 2025- abarcando Jornada de horario vespertino en Salón a confirmar, lo cual será notificado con la debida antelación, atento la cantidad de participantes en la audiencia”.
Finalmente y después de poco más de seis años de turbulencias político judiciales entre las que -como hechos más destacados- se puede mencionar la destitución, luego anulada por la Corte Suprema, de la doctora Cecilia Goyeneche como procuradora general adjunta y fiscal anticorrupción por mal desempeño en la causa aquel legajo; las decisiones contra reloj para conceder la prisión domiciliaria a los primeros privados de la libertad de manera preventiva, un 24 de diciembre de 2018; la noticia del procurador general, Jorge García, anunciando el inicio de una Causa Contratos II que investigaría a las líneas político-institucionales de ambas Cámaras; el conflicto positivo de competencia entre la Justicia provincial y el fuero Federal, que finalmente se otorgó a la primera; entre otras derivaciones como el polémico fallo Cozzi, sobre los plazos “razonables” para una investigación, y las acusaciones de fiscales hacia vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de coadyuvar con fallos como aquel, a la corrupción.
Entre algunas situaciones que se podrán abordar en alguna oportunidad, se encuentra la decisión de no imputar a las personas que accedieron con su firma a obtener un contrato del que cedían -por cuestiones que nunca se develaron- un muy importante monto del dinero del contrato, monto que según Fiscalía era blanqueado en inversiones inmobiliarias y ganaderas, entre otras.
En este sentido cobra relevancia el allanamiento al Estudio Contable Asesoría Integral, compuesto entre otros por Pedro Opromolla, Guido Krapp y Renato Mansilla, estudio donde operaba una terminal de Entre Ríos Servicios. Según la hipótesis fiscal, en la terminal se operaba solamente monotributos.
Con la notificación se citó a los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF), Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, al Actor Civil, Julio Rodríguez Signes, y a los Defensores Particulares José Velázquez, Damián Petenatti, Iván Vernengo, Emilio Fouces, German Fouces, Miguel Cullen, Daniel Rosatelli, Patricia Valin, Leopoldo Cappa, Leonardo Schonfeld, Marcos Rodríguez Allende, Victoria Halle, Sebastián Budasoff, Andrés Bacigaluppo Franco Azziani Canepa, Leopoldo Lambruschini, Julio Federik, Pablo Hawlena Gianotti y Pedro Fontanetto D'Angelo, junto a los Imputados Flavia Marcela Beckman, Hugo Rubén Mena, Esteban Scialocomo, María Victoria Álvarez, Alfredo Bilbao, Gustavo Pérez, Ariel Faure, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, Fernando Sarnaglia, María Jazmín Mena Gioveni, María Macarena Álvarez, Andrea Dermartin, Sergio Cardoso, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Diego Pagnoni, Mariano Speroni, Hernán Díaz, Aurora Pérez, Maximiliano Degani, Pedro Opromolla, Guido Krapp, Renato Mansilla, Juan Domingo Orabona, Jorge De Breuil, Gustavo Falco, Jorge Lazzaro, Nicolás Beber, Pablo Balladares, José Schneider y Viviana Giselle Mena Gioveni.