La defensa de tres de los once sindicados, aún no están imputados, cuestionaron que Fiscalía pidió severas medidas de prueba invasoras de la intimidad basándose en dichos de personas que podrían ser eventuales sindicados. Añadió que el resto de los sospechosos no estuvo en la audiencia para refutar o convalidar las medidas solicitadas.

El juez de Garantías de Paraná, Eduardo Ruhl, dispuso pasar a un cuarto intermedio en fecha de definir por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) cuando el fiscal Gonzalo Badano responderá a las nulidades y exclusiones de evidencia que solicitaron las defensas de tres imputados. En la audiencia del jueves estuvieron las defensas de Alejandro Usatinsky, a cargo de Tomás Vírgala; de Pedro Gebhart, a cargo de Miguel Cullen; y la de Claudio Rosas Vico, a cargo de Luciano Legascue. Fuentes indicaron que Vico es funcionario de la actual gestión.

EL CASO

Fiscalía investiga la presunta responsabilidad de Alejandro Usatinsky, Lusila Magallanes, Matías Balbuena, Aranzazú Acosta, Paula Yonas, Pablo Frutos, entre otros, por “las irregularidades llevadas a cabo en el otorgamiento, cobro y rendición de créditos correspondientes al Programa Jóvenes Emprendedores durante los años 2018 a 2022 por parte de las autoridades de la Subsecretaría de Desarrollo Emprendedor del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Entre Ríos (Pedro Gebhart, secretario, Cristian Klein, director de Evaluación y Seguimiento de Proyecto, Tomás Osorio, director de Políticas de Apoyo Emprendedor, y Claudio Rosas Vico, director General de Desarrollo Económico Emprendedor), posteriormente denominada Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor y ubicada dentro del Ministerio de Producción”, que funcionó durante la gestión del ex gobernador, Gustavo Bordet.

Fuentes judiciales recordaron que por el caso hubo una denuncia que se realizó durante 2021 pero fue desestimada por Fiscalía. El caso se volvió a instalar a partir de la denuncia que en marzo de 2024 formuló, Julián Gracia, abogado a cargo de la Oficina Anticorrupción y Ética Pública de la Fiscalía de Estado.

La acusación también sostiene que “en el marco de la conducta llevada a cabo se habrían utilizado datos de personas que figuraban como solicitante de créditos que no tenían un objeto real, y que una vez autorizados, el dinero era acreditado en las cuentas bancarias, siendo el mismo luego retirado y entregado en forma total o parcial a funcionarios del programa o terceras personas a determinar, entre quienes se encontrarían Alejandro Usatinsky, Lusila Magallanes, Matías Balbuena, Aranzazú Acosta, Paula Yonas, Pablo Frutos, entre otros. Estos últimos eran quienes se encargaban de contactar a diferentes personas a fin obtener sus datos y tramitar las solicitudes de créditos ficticios”.

MEDIDAS

Las defensas pidieron la nulidad de los allanamientos por distintos motivos, entre los que se señaló la falta de motivación de las medidas. Tomás Vírgala criticó que se vulneró la cadena de custodia de la evidencia digital que se secuestró en dos allanamientos a propiedades de Usatinsky, en Paraná; Luciano Legascue adhirió y pidió que se excluyan cuatro entrevistas porque las manifestaciones no refirieron a ninguno de los sindicados que estuvieron representados en la audiencia, porque las alrededor 30 entrevistas que realizó la comisaria principal Galarza de la Policía las hizo sin la presencia de las defensas y porque en las cuatro entrevistas que se realizaron el 28 de febrero se advirtió que los entrevistados corrían el riesgo de auto incriminarse sin que el fiscal detuviera el interrogatorio tal como las leyes lo determinan explícitamente.

Por su parte, Cullen insistió en la gravedad de la posibilidad de autoincriminación. Señaló que, de autorizarse las medidas solicitadas por el fiscal, aquellas personas podrían tener algún tipo de participación delictual, destacando que la misma Fiscalía lo reconoce cuando pide el levantamiento del secreto bancario para todos los beneficiarios, que son muchos, para determinar cómo fueron a parar a las cuentas bancarias de aquellos las sumas que se investigan como un desfalco al erario público. Cullen resaltó que aquellas “no pueden venir como testigos”.