El planteo surge por pagos atrasados durante siete meses de productos entregados a las nueve unidades penales de Entre Ríos. Advierten que los prestadores dejaron de entregar mercadería.
Si bien había trascendido que el Gobierno debía a los prestadores una suma de 1.500 millones de pesos, Mirador Entre Ríos pudo determinar que hasta este jueves 20 de marzo, ese monto asciende a 3.000 millones de pesos, si se tiene en cuenta que el Servicio Penitenciario aún no ha abonado los meses de enero, febrero y marzo de 2025, según se confirmó desde la Agrupación de Proveedores del Estado.
“El problema es en toda la provincia, es decir en las nueve unidades penales que dependen del Servicio Penitenciario. No se pagó marzo, abril, mayo y junio de 2024, lo que equivale a una deuda de 1.500 millones de pesos. Pero a eso se le debe sumar la deuda de enero, febrero y marzo de 2025”, advirtió a Mirador Entre Ríos Guillermo Cuestas, integrante del grupo autoconvocado de proveedores del Estado.
Cuestas aseguró que, debido a esta problemática, el sector se encuentra ante una situación desesperante, porque por un lado no pueden seguir comprando mercadería y en simultáneo, decidieron suspender la provisión de insumos.
“La deuda es acuciante; no tenemos más plata para comprar. Por ejemplo, en mi caso le compro pollos a un frigorífico y ellos te venden la mercadería al contado”, lamentó y agregó: “Los directores de las Unidades Penales nos dicen que dejaron de recibir las partidas, por lo que no nos pueden pagar”.
Cuestas afirmó que la situación es idéntica en todo el territorio entrerriano, y alcanza a diferentes dependencias del Estado entrerriano, especialmente aquellas donde los proveedores distribuyen alimentos y diferentes insumos.
“El Servicio Penitenciario cada vez que reclamábamos una deuda nos pedía que hiciéramos una auditoría de la mercadería. Eso no lo podemos hacer porque el pollo se consumió, al igual que los demás alimentos”, expresó.