El diputado radical Fabián Bastia, que preside la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, es ahora la contraparte en representación de ese poder, tras la aceptación de su presentación ante una sala de una cámara del fuero Laboral de la ciudad de Rosario, y con la misma dirección avanza un trámte en paralelo ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, al habilitarle –fuera de plazo- la feria para permitirle iniciar ese trámite.
Bastia tiene el mandato de representación (votado por la mayoría en ambas Cámaras legislativas) en ambas gestiones.
Las dos novedades son importantes porque en segunda instancia se ha entendido que la Legislatura puede ser parte, y porque la Corte ha dado muestras de un gesto de buena voluntad ante el conflicto de poderes.
En ambos casos, Bastia procura destrabar el juicio que ha iniciado el director del Organismo de Investigaciones Marcelo Sain, para no ser sancionado por la Legislatura con seis meses de suspensión y reducción de su salario al 50%, acusado por el fiscal regional de Reconquista Rubén Martínez de haber cometido faltas graves.
Este jueves 8 se supo que, en gestiones paralelas, la Corte le habilitó la Feria al pedido de advocación pedida por Bastia y reconoció como parte al poder legislativo, representado en su persona.
Cabe destacar que a primera hora el presidente de la Comisión de Acuerdos interpretó esa decisión del máximo tribunal santafesino como un pronunciamiento a favor de que la Legislatura sea reconocida como parte en ese proceso. Sin embargo, pasadas las 21 horas un vocero de la Corte aclaró que lo que ha ocurrido es que se permite iniciar el trámite fuera de término (en plena feria). Pero ha corrido vista de esa presentación al procurador. Aun falta que el procurador se pronuncie, y despues lo haga la Corte, se explicó a El Litoral. Y agregó la fuente que en ningún lugar se brindó legitimación para ser parte del proceso del amparo.
Diferencia
La Sala Segunda de Cámara de Apelación en lo Laboral, integrada por Lucia Aseff, Adriana Mana y Fernando Marchionatti, al permitirle a Bastia poder presentar una apelación tras el fallo en primera instancia que benefició a Sain ha observado un criterio distinto al de la jueza laboral Paula Calace Vigo, quien había entendido que sólo el fiscal de Estado (en el presente el ex relator de la Corte, Rubén Weder) puede ser parte en un juicio de este tipo.
Como se sabe, Weder procedió en el caso Sain al contrario de cómo lo hizo en el caso Spelta, y a contrapelo también de sus propios textos jurídicos. Un decreto del gobernador Omar Perotti dispuso que debía "allanarse" a lo que solicitaba su ex ministro de Seguridad en condición de empleado del Estado, en el MPA.
Ahora la Legislatura tendrá la oportunidad de ser escuchada, según lo que se interpreta en la Comisión de Acuerdos. Es decir, lo que no ocurrió en primera instancia, ya que el titular del Poder Ejecutivo como jefe de la administración pública ordenó el "allanamiento" (la aceptación del pedido de Sain).
Las tensiones entre poderes, con la figura del ex titular de la cartera de Seguridad en el centro de la escena, están a la vista.
