Ignacio Pellizzón
El narcotráfico en la provincia de Santa Fe ya es motivo de preocupación nacional o, por lo menos, así lo están sintiendo diversos especialistas que fueron convocados hace pocos días por un instituto de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Los expertos en el delito organizado se reunieron de manera virtual para analizar específicamente la situación de la provincia de Santa Fe y elaboraron un documento con una decena de propuestas para atacar de manera urgente el flagelo.
Entre las causas que motivaron la charla vía Zoom se destacan las diversas amenazas que reciben quienes se dedican a investigar a las bandas criminales en Santa Fe, con enclave en la ciudad de Rosario, el fuerte aumento de la violencia en el territorio y la gran preocupación de que la narcocriminalidad se expanda a otras regiones del país.
Mirador Provincial dialogó en exclusiva con Juan Félix Marteau, director del Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera de la Universidad de Buenos Aires (CESH), quien organizó el encuentro del que participaron los titulares de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra y el fiscal Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
-¿Qué los motivó a trabajar el tema del narcotráfico en Rosario y la provincia?
-Nos motivó conocer varios ejes. Por un lado, el incremento de la violencia en la provincia de Santa Fe. Es notoria, objetiva y hay un problema de base serio. En segundo lugar, la amenaza velada a los fiscales y jueces que investigaban a las bandas criminales y la respuesta no demasiado contundente por parte del Estado como réplica a quiénes realizaron este tipo de amenazas. Y en tercer lugar, la aparición de nuevas formas de sicariato en Santa Fe. Pudimos comprobar que trabajan como freelancers para el crimen organizado, que muestran el grado de avance que tuvo la criminalidad organizada, no sólo del narcotráfico sino también de otras modalidades que exponen que estamos ante una situación muy crítica. Esto nos movilizó para decir que es un problema de orden nacional, no de orden provincial como muchos actores a veces nos quieren hacer entender.
-¿Cuál es la causa que los hace entender a ustedes que ya es un problema nacional?
-Cuando vos tenés casos de narcotráfico, ya estás con un problema internacional. Porque la cocaína viene de Bolivia o de otros países andinos. Entonces esto ya es un problema internacional que convoca la actuación del Estado Nacional. Ya tenés un tráfico en el que están obligados a intervenir la Justicia y las fuerzas federales. Si, además, hay comprobación de que los líderes que fueron detenidos por la justicia provincial al final de cuentas tienen capacidad operativa y capacidad de amedrentar a todo el sistema judicial, incluido el federal, nuevamente la respuesta que debe darse al sistema penitenciario también tiene que requerir el interés del gobierno nacional. Porque cómo es posible que un detenido continúa armando estructura de comercialización ilícita y además amenaza, extorsiona desde la cárcel. Es decir, ahí hay un problema realmente grave.
-¿Cómo evalúa las medidas de seguridad e inteligencia aplicadas hasta el momento en la provincia?
-Las políticas que se están aplicando son deficitarias por los resultados. La problemática es de larga data y lo que se ve es un empeoramiento de la situación. Si bien hay respuestas exitosas, como es la investigación y encarcelamiento de algunos líderes criminales, en términos de resultados acerca del deterioro de las condiciones de vida de las personas que sufren este tipo de crímenes, la situación es peor. Las políticas son coyunturales, erráticas y no traducen la verdadera complejidad del fenómeno.
-¿A su criterio cuáles son las medidas urgentes que se deben aplicar?
-Lo que es urgente a nivel estrictamente humano y simbólico es dar completa y total protección a los protagonistas que actúan con coraje y valentía frente a estas bandas criminales. Tiene que haber un acuerdo de todo el arco político del ámbito nacional y provincial de que los jueces y fiscales tienen capacidad de actuar libremente frente a estos grupos criminales. Es lo primero que hay que garantizar. No es posible que fiscales (del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe) estén amenazados. En segundo lugar, tenemos un sistema de justicia que está actuando y que hay que fortalecer con recursos humanos, materiales y tecnológicos. Y el trabajo de coordinación, como ha realizado la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) junto con los fiscales especializados de Santa Fe es una práctica que tiene que multiplicarse. También, que se puedan ampliar la cantidad de actores policiales que se incorporan a estos grupos y hay que sumar a todos los demás sectores que puedan aportar acciones sobre el patrimonio ilícito de estas bandas criminales. Hay que trabajar sobre los vectores que se tienen. Es clave restituir con todo su volumen la inteligencia criminal del Estado.
Es importante entender qué es lo que pasa en el territorio, porque la policía se repliega del territorio, la gendarmería no llega y lo que se pierde es la información de cómo se opera allí. Y después la inteligencia estratégica es fundamental para comprender las coordenadas de cómo el narcotráfico se vincula con la extorsión, cuáles son los vasos comunicantes con el juego ilícito y cuáles son las otras ilicitudes que están dando vuelta y que son rentables. No basta con condenar a uno, diez o veinte tipos, hay que mirar el funcionamiento sistémico.
“Las políticas que se están aplicando son deficitarias por los resultados. La problemática es de larga data y lo que se ve es un empeoramiento de la situación. Las políticas son coyunturales, erráticas y no traducen la verdadera complejidad del fenómeno”.
