Con justa razón, el gobernador Omar Perotti viene reclamando la cobertura de los cargos vacantes que tiene la justicia federal en la provincia de Santa Fe y que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, informó que representan el 35% de la estructura. Este reclamo y el de un nuevo diseño de la justicia federal en jurisdicción santafesina son justos. Éste último tiene varios años y fue el propio gobernador -siendo senador nacional- quien ingresó un proyecto de ley que fue validado por el Consejo de la Magistratura.

El proyecto incluía una Cámara Federal, otro Tribunal Oral y un nuevo Juzgado Criminal y Correccional en esta capital; dos nuevos Juzgados Criminales y Correccionales en Rosario y un juzgado federal de competencia múltiple en la ciudad de San Lorenzo.

La resolución 352 del 2018 del Consejo de la Magistratura validó ese proyecto y muy es rica en argumentaciones de la población a servir, con mayores dependencias e incluso los costos de personal y mobiliario que implicaría la creación.

Ahora, los diputados nacionales por Santa Fe anuncian que presentarán en los próximos días un proyecto acordado, en tanto que sorprendió el senador Marcelo Lewandowsky ingresando el suyo propio mientras se hacía la reunión del gobernador con los legisladores nacionales por Santa Fe.

Pero en la provincia, la gestión de Omar Perotti adolece de similar lentitud para ocupar los cargos vacantes en el Poder Judicial santafesino. En los veintinueve meses de gestión apenas envió cuatro pliegos de fiscales adjuntos para Rosario, cuyos concursos habían sido finalizados durante el mandato de Miguel Lifschitz. ¿La inseguridad en Santa Fe no amerita cumplir con el número de fiscales establecidos por la ley 13.013?. De esa norma faltan unos 20 fiscales. Leyes posteriores crearon otros cargos para fiscales. Faltan además varios casilleros a cubrir en el sistema de la Defensa Pública.

Se suman a esas vacantes las de los jueces, tras el retiro de diez pliegos que iban a ser votados -algunos afirmativamente y otros en rechazo- por la Asamblea Legislativa de fines de abril. Apenas siete propuestas lograron aprobación legislativa en la actual etapa provincial. La brecha de vacantes se agrava ante jubilaciones y hasta el deceso de algún magistrado.

Pero también en Santa Fe se están produciendo demasiadas vacantes en organismos de control y cuyo funcionamiento hace a la mejora de la calidad institucional. Son cargos generalmente ocupados por dirigentes políticos tras el dictado de leyes en diferentes administraciones provinciales. Así, faltan titulares en Tribunal de Cuentas, Enress, Defensoría del Pueblo y en la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes.

Al Tribunal de Cuentas le falta un vocal abogado después que Dámaso Chavarri optó por no utilizar su continuidad en el cargo al no estar designado su reemplazo. En días más vencerá el mandato de María del Carmen Crescimanno y no se conoce si decide quedarse a la espera del reemplazo o da por finalizada la gestión. El Tribunal de Cuentas es un organismo con jerarquiza constitucional y las vacantes dejan rengo un organismo clave en el control de las cuentas públicas.

Más grave aún es la ausencia de vocales en Enress que ya son cuatro aunque una de ellas debe ser propuesta por el sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias. Apenas un vocal titular para el control de la calidad y tarifa de todos los prestadores del sistema de aguas y cloacas en la provincia.

Están vacantes el cargo de Defensor del Pueblo y recientemente el de Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes, lo que ha obligado a los defensores adjuntos a hacerse cargo de las funciones amén de las propias.

De todas estas vacantes se comenzará a hablar desde este lunes entre funcionarios y legisladores, en diálogos tendientes a buscar puntos de encuentro. Si existen entendimientos, le serán presentados al gobernador Perotti a su vuelta de la gira por Asia y Europa.