Dos hermanos quedaron imputados este martes, con prisión preventiva, por dos años como coautores del asesinato del niño Máximo Jerez, cometido el 5 de marzo pasado durante una balacera en Rosario, mientras que se ordenó la captura de otros dos partícipes, y una mujer y sus dos hijos fueron acusados de encubrir el hecho por guardar en su casa el auto utilizado en el homicidio.

Así lo dispuso el juez penal Hernán Postma al término de la audiencia en la que el fiscal del caso, Adrián Spelta, detalló los roles de cada uno de los cinco imputados del asesinato de "Maxi".

Vecinos de "Los Pumitas" desmantelaron a mazazos, martillazos y piedrazos la casa del sospechoso del crimen de Máximo Jerez, el niño de 11 años asesinado mientras se hallaba en la vía pública.Foto: Télam

El fiscal le atribuyó a uno de los detenidos la semana pasada, Maximiliano Oscar Castillo, ser quien conducía el Honda Civic negro desde el que tres personas dispararon contra un grupo de niños que estaba en calle Cabal al 1300, en el asentamiento "Los Pumitas" del barrio Empalme Graneros.

Según Spelta, Nicolás Ariel Castillo, hermano de Maximiliano, fue uno de los que disparó contra las víctimas, mientras que otros dos cómplices que iban en al auto permanecen prófugos.

Spelta identificó durante una rueda de prensa a una de las personas con pedido de captura como Nicolás Torres, un joven cuyo domicilio fue allanado la semana pasada y del que se secuestraron "muchísimas municiones y cargadores", precisó el fiscal.

Además, agregó que al ser entrevistada la madre, dijo que su hijo "era soldadito de los Castillo" y de otro apodado "Araña".

Ese sobrenombre corresponde a un joven preso en la cárcel santafesina de la localidad de Piñero, llamado Alex Ibáñez (22), a quien el fiscal identificó como uno de los "transeros" del narcomenudeo que opera en "Los Pumitas", enfrentado a otro grupo también liderado por un detenido condenado por un triple homicidio, Cristian "Salteño" Villazón.

Para la Fiscalía, el homicidio de Jerez fue consecuencia de un ataque pergeñado por el grupo comandado por "Araña" contra la banda del "Salteño". "La hipótesis es que el objetivo principal del ataque era la familia de los salteños. Un testigo manifiesta que, al no poder encontrar a nadie, dirigen el ataque a toda la gente que estaba ahí", dijo el representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

En la audiencia imputativa, los hermanos Castillo fueron imputados del "homicidio calificado" de "Maxi" y la tentativa de asesinato de tres primos suyos, dos de 13 y uno de 2 años, quienes resultaron heridos durante la misma balacera.

La expectativa de pena de esos delitos es de prisión perpetua, recordó el fiscal. Por otra parte, Spelta acusó a Alejandra Rodríguez y a sus hijos Esteban Marengo y Gustavo Borda de "encubrimiento agravado por delito precedente grave, en grado consumado y en calidad de coautores", informó el MPA.

Según la investigación, Rodríguez es la pareja de un taxista llamado Gustavo Marcelo Borda, condenado a 5 años y medio de prisión como partícipe necesario del crimen de un adolescente, Ticiana Espósito, ocurrido en septiembre de 2020.

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Fuentes judiciales recordaron que por ese mismo homicidio fue condenado "Araña" Ibáñez, a quien le secuestraron un arma empleada en la balacera que derivó en el asesinato de la chica de 14 años.

Ambos están alojados en el pabellón 9 de la cárcel de Piñero -que la semana pasada fue allanado-, desde donde, según explicó el fiscal Spelta, Alejandra Rodríguez recibió un llamado para que guardara en su casa el vehículo utilizado en la balacera contra los "Salteños" y que derivó en el asesinato de Jerez y las lesiones a sus primos.

"Las tres personas recibieron la orden de esconder el vehículo, el conductor del Honda Civic negro lo dejó en el domicilio de esta familia, fue un pedido desde la cárcel de Piñero", explicó el fiscal tras la audiencia.

Y añadió que "el pabellón 9 es de donde en principio salió la orden para esconder el vehículo, y es además donde se encuentran detenidas personas vinculadas en forma directa, por ser familiares, con los imputados" en el asesinato del niño de la comunidad Qom.

Por su parte, el juez Postma tuvo por formalizada la acusación y dictó la prisión preventiva por dos años a los cinco imputados, tal como lo solicitó el fiscal.