A menos de dos meses de acceder al poder y a sólo una semana de que las elecciones nacionales definan el destino del país, las autoridades entrantes de la provincia afrontan la transición atravesadas por estados de ánimos encontrados.

Las moviliza el entusiasmo y la ansiedad por comenzar la gestión después de un triunfo rotundo en las urnas, pero las invade una profunda preocupación por el escenario económico que se enfrenta. Aun cuando los títulos más atractivos pasen por cómo se suben o bajan figuras en el armado del eventual gabinete, o por el espíritu colaborativo de una transición que sentará en un mismo avión para viajar a Medio Oriente a funcionarios entrantes y salientes, lo que realmente desvela al nuevo gobierno es qué país alumbrará el actual proceso electoral argentino.

La semana ha generado zozobra en la previa, con nuevas corridas desencadenantes de más inflación, que en setiembre volvió a escalar al 12,7%. El alza de precios impacta en el funcionamiento de la administración que ya tiene resentida su recaudación, y congelados – desde setiembre- los cuadros tarifarios de las dos principales empresas de servicios en la provincia, asistidas por el Tesoro en línea ascendente. En simultáneo, activa la actualización automática en el salario del sector público a través de la cláusula gatillo. "El escenario no es sencillo pero vamos a cumplir con todos los acuerdos paritarios", dijo el ministro de Trabajo, Juan Pusineri ante la consulta de El Litoral sobre la situación financiera de la provincia para afrontar dicha coyuntura. ¿Y cuál será el cuadro de situación en términos financieros con el que se encontrará la nueva gestión para encarar dichos compromisos a partir del 10 de diciembre? Las actuales autoridades han dicho con recurrencia que el futuro gobierno no tendrá que hacer malabares para pagar los sueldos como sí debió hacerlos – según plantean- el de Omar Perotti. Sin embargo, la incertidumbre es el sentimiento que predomina en los referentes de la gestión electa. Y ello se ancla en las derivaciones del inestable escenario nacional, pero también, del que comienzan a configurarse sobre la provincia. Es un trazado incipiente aún porque sostienen que siguen sin recibir buena parte de la información que han solicitado. Ése fue, de hecho, uno de los planteos dejados sobre la mesa en la última reunión que mantuvo la mesa política de transición. "Estamos todos un poco ansiosos", dijo con sutileza el senador Felipe Michlig cuando El Litoral preguntó si las requisitorias formuladas a las diferentes reparticiones estaban siendo respondidas en tiempo y forma. Del mismo modo, se reiteró el planteo sobre licitaciones en marcha que comprometerían el presupuesto 2024, y la situación de municipios y comunas que padecen atrasos en la remisión de fondos provinciales, agudizando las dificultades ya existentes para afrontar gastos corrientes, como el pago de sueldos.

En la reunión inicial de ese mismo ámbito de transición, la gestión entrante había planteado su preocupación por designaciones del Poder Ejecutivo en el último tramo de gobierno, que podrían transgredir la Ley de Responsabilidad Fiscal. Objetaron, puntualmente, un decreto que nombraba a trece secretarios de juzgados comunitarios entre los que se contaban algunos funcionarios políticos actuales. El propio gobernador electo, Maximiliano Pullaro, había pedido por nota al Poder Ejecutivo que revisara la decisión. Se sumó, en otro orden, el planteo de un particular que motivó el inicio de un expediente administrativo. Fue en ese marco que ya se expidió el Procurador Jorge Barraguirre, sugiriendo a la Corte suspender el juramento de los secretarios designados, hasta tanto se resuelva el conflicto. En su dictamen, plantea la inconveniencia de, a meses de concluir una gestión, cubrir vacantes en secretarías que están vacantes desde hace años. El punto fue abordado también en la reunión de transición de la semana pasada. En la que se inicia, en tanto, se espera que el máximo tribunal se pronuncie y resuelva si acepta o desestima la sugerencia del procurador sobre la toma de posesión de los trece secretarios.