Es evidente que los costos no dejan de aumentar. No obstante, la idea de la emergencia prestacional ya estaba en la conducción del Instituto de la Obra Social Provincial cuando finalizaba el 2018. Justamente, de esa posibilidad había hablado el presidente del directorio, Fernando Cañete, luego de un encuentro que había mantenido con la dirigencia del Colegio de Farmacéuticos.

Esa alternativa se presenta con fuerza en estos días, cuando además se piensa en la constitución de un Fondo para enfermedades catastróficas.

Para dar idea del volumen de las prestaciones, Cañete repasó que la obra social brinda por mes, cobertura a 3000 cirugías, 100 mil órdenes de consulta y 75 mil órdenes de práctica.
La emergencia prestacional, explicó, tiene que estar enmarcada en garantizar los “seis pilares básicos” para brindar la cobertura en salud de manera que todos los afiliados puedan tener asegurado el servicio de sanatorio, profesional médico, anestesista, laboratorio, medicamento y prótesis. “Con esos seis elementos, nosotros como financiadores y responsables directos, damos garantía que ningún afiliado va a encontrarse desamparado en la atención de su salud”, justificó Cañete.

También planteó como criterio que “toda práctica que se realice en Entre Ríos se haga en la provincia. En tanto, para la que no se hace y se necesita un centro de mayor complejidad, que se autorice la derivación. Lo que ocurre es que a veces está la autoderivación y eso compromete el patrimonio de la obra social”, señaló.

Por otra parte, aún es materia de análisis de dónde saldrán los recursos para constituir el Fondo para enfermedades catastróficas. “No queremos ninguna carga impositiva nueva”, dijo Cañete estimando que podría ser parte de la recaudación del Iafas. “Hay que reasignar recursos que están en Rentas generales, pero no solamente para la obra social, también para Salud pública”, aclaró.
Cañete comentó que ingresan a la obra social entre 100 y 150 solicitudes de afiliación por mes, las que son rechazadas por no tratarse de trabajadores del Estado. “Ahora –analizó- se supone que están fuera del sistema, por lo tanto recaen en el sistema de Salud pública”, por lo que afirmó, se trata de “un problema serio prestacional del sistema de salud que incluye a la Salud pública y a los financiadotes del sistema que es la obra social”.

La conducción de la obra social ya se ha reunido con la ministra Sonia Velásquez para evaluar de qué manera trabajar conjuntamente para preservar este sistema que permite cobertura a 300 mil afiliados, en el que quien más cobra aporta el 3% igual que el que tiene el haber más bajo, en un sistema solidario que determina que la cobertura sea igual para todos, subrayó.

Medicamentos

En palabras del titular del Instituto de la Obra Social Provincial, desde el punto de vista financiero -egresos e ingresos- se “está trabajando bien, con austeridad”. No obstante, advirtió que “el problema es que surgen situaciones que no se pueden controlar”.

En ese sentido, planteó que no es lo mismo comprar un medicamento a 16 pesos el dólar, que a 22 ó, como ocurre desde hace días, a 42 pesos.

“Eso produce desfinanciamiento –precisó-. A su vez, los medicamentos monoclonales que salen al mercado, no tienen precios regulados por el Estado nacional, entonces se debe pagar lo que la economía de mercado indica”, señaló antes de aludir a “lo que pasó el viernes con la aprobación por parte de Anmat del Spinraza, un medicamento (para la atrofia muscular) que va a tener un costo por tratamiento en este país, de un millón de dólares, cuando en Gran Bretaña, el costo no alcanza a los cien mil dólares año. En un lugar el Estado interviene y en nuestro país, el Estado se desentiende”, diferenció.

Cañete aseguró que situaciones como la relatada “perjudican al sistema” y más adelante apuntó que “en medicamentos donde se ha registrado un aumento escandaloso, la obra social paga en 525 afiliados por mes más de 40 millones de pesos, tratamientos de alto costo para situaciones complejas”.

Recordó que en 2016, en la Cámara de Diputados de la Nación había solicitado que la Cámara de Comercio, Anmat y el Ministerio de Salud intervinieran en la fijación de precios en el país para que no quedara al libre albedrío de la economía de mercado. También recordó haber pedido la derogación del artículo 4º del decreto 150/92 que especifica que cualquier medicamento que esté aprobado por cualquier organismo internacional, automáticamente puede tener el ingreso al país para su comercialización sin interesar costo beneficio, es decir si se justicia brindarlo en función del beneficio que va a producir al afiliado. “Sobre este tema que venimos discutiendo hace mucho tiempo, ya que a nivel nacional no hay voluntad de generar políticas para preservar el sistema, ahora con el Directorio planteamos que nos sentemos en la provincia todos los actores de modo que a nuestros afiliados y a los habitantes de Entre Ríos, podamos garantizar el servicio sin inconvenientes”, manifestó.

Aportes

“El sistema deben cuidarlo los afiliados porque es de los trabajadores” dijo Cañete sin pasar por alto que, como tantas veces ha señalado, “es la obra social del país con menos recursos”. Percibe el 3% de aportes de los trabajadores y el 4%, la contribución patronal. Entonces, informó, “se planea tirar sobre la mesa la problemática para poder evaluar y definir políticas para el conjunto, que preserven el sistema”.

Aseguró que “hemos solicitado el incremento de los aportes” y “ha habido un compromiso a medias del gobernador”. Cañete argumentó que “en estos últimos tiempos ha sido tan vertiginoso” el agravamiento del panorama, que “amerita que salgamos con medidas mucho mas rápidas para enfrentar esta situación y resolver en la coyuntura. Ojalá a futuro se pueda tener un panorama más claro y la obra social reciba los aportes que le corresponden”, concluyó.