El jefe de la barrabrava de Rosario Central, Andrés “Pillín” Bracamonte (49), quedó imputado con prisión preventiva por dos años por presunto lavado de activos a través de testaferros y sociedades comerciales por un monto de más de 38 millones de pesos, informaron fuentes judiciales.

La jueza Valeria Pedrana, que presidió la audiencia imputativa, resolvió ante un planteo de la defensa de Bracamonte que el caso siga siendo investigado en la Justicia ordinaria y no en el ámbito federal, al entender que no existe ninguna afectación al orden nacional.

Además, aceptó la imputación por el delito de lavado de activos agravado por su habitualidad presentada por el fiscal Miguel Moreno contra el jefe de la barra de Rosario Central desde hace dos décadas, y le dictó prisión preventiva por dos años.

Bracamonte fue detenido el lunes en su residencia del club de campo “Los Álamos” de la localidad santafesina de Ibarlucea.

Según la acusación en su contra, en los últimos diez años lavó activos a través de terceros y por cuenta propia -mediante sociedades comerciales lícitas- por 38.404.324 pesos, de acuerdo con el examen “provisorio” de la Fiscalía.

En la audiencia imputativa del jueves, el fiscal Moreno explicó que en estos casos es “difícil” probar los delitos precedentes al de lavado, porque se producen en contextos de “amenazas y temor”.

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De todos modos, sostuvo que esos delitos que originaron el poder económico que luego blanqueó, fueron “amenazas coactivas, extorsiones, posible participación en maniobras defraudatorias que permitieron sus negociados ilícitos desde su posición de jefe en la barrabrava”.

Citó una condena a Bracamonte de 2009 a dos años de prisión por las intimidaciones a un empleado del club y el presunto control del estacionamiento en las inmediaciones del estadio, como “el cobro de una ‘cuota’ periódica a todos los comercios y tiendas que trabajan en cada partido de Rosario Central”.

Para Moreno, en una primera etapa “Pillín” se “sirvió de personas de su círculo familiar directo para adquirir bienes y registrarlos a su nombre” y de ese modo “evitó que las compras que realizaba figuren relacionadas a su persona”.

La imputación detalló que su ex esposa, Natalia Salas, tiene cuatro licencias de taxis -valuadas en 20 mil dólares cada una-, varios automóviles declarados y otros que les fueron secuestrados en su casa, así como negocios inmobiliarios mediante la administración de tres departamentos propios.

Mientras que está inscripta en los registros públicos como trabajadora autónomo categoría T2 Categoría II, con ingresos brutos anuales mayores a $ 20 mil desde junio del 2013.

El hijo de “Pillín”, Andrés Guillermo, es propietario de dos licencias de taxis y tres automóviles y presentó un recibo de sueldo de una empresa porteña por 25 mil pesos mensuales, mientras que para el fiscal se trata de un “administrador” de bienes de su padre.

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La investigación también puso el foco en un cheque por 600 mil pesos secuestrado en la residencia de Bracamonte a nombre del representante de jugadores de fútbol Jorge Andrés Bilicich por la venta de Gastón Ávila a Boca Juniors, así como en la sociedad Kabrasi SRL que el barra comparte con el intermediario Juan Carlos Silvetti.

Según Moreno, “los negocios de Bracamonte en las actividades del club parecen no encontrar límites”, ya que descubrió que a través de una sociedad con el intendente del estadio, les prestaban servicios a Rosario Central.

Agregó que para el imputado “ser el líder” de la barrabrava “dejó de ser un simple puesto desde el cual obtenía cierto beneficio como algunas entradas a los partidos para los integrantes de la barra o colectivos para viajar de visitante a otro estadio”, y así “Bracamonte supo convertir su posición para crear un verdadero negocio ilícito y millonario”.