Belén Fedullo
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El 6 de junio, una joven llamada Brenda Guardia se presentó en la sede de Tribunales de Concordia para denunciar a Maximiliano Benedetto, quien hasta ese momento era director del Parque San Carlos de Concordia. Según dijo, era su novia y había sido golpeada por él. Tras la denuncia formal, hizo una publicación en las redes sociales contando lo que había vivido y mostrando imágenes de cómo había quedado su cuerpo, por las agresiones propinadas.

Esa publicación se volvió viral y aparecieron otras mujeres a denunciar a Benedetto. A la denuncia original se sumó la de una joven llamada Agustina Centurión que denunció grooming; además, una menor fue con sus padres a formular otra presentación y por último se sumó una mujer que dijo haber sufrido abuso sexual con acceso carnal.

Luego de esas presentaciones, Benedetto fue detenido. No por las denuncias, inicialmente, sino porque los investigadores entendieron que entorpecía la causa, ya que lo habrían visto sacando elementos de su departamento, así como también de su oficina.

El 14 de junio, el juez de Garantías Francisco Ledesma dictó prisión preventiva domiciliaria para el detenido y pidió que fuera sometido a un tratamiento psicológico. La fiscal del caso, Evelina Espinosa, apeló la medida y el 28 de ese mismo mes, el juez Mariano Caprarulo hizo lugar al pedido y lo envió a la Alcaidía, decisión que fue confirmada en Casación, tras una apelación de los abogados del exfuncionario.

Tras esas audiencias todo parecía haber quedado resuelto. Benedetto debía cumplir con los días previstos en la celda de la Alcaidía y esperar más definiciones, pero la tranquilidad no duró demasiado.

Durante la última semana de julio, los abogados querellantes denunciaron que el detenido había salido de la celda sin pedir permiso, acompañado por un médico policial que lo llevó a hacerse estudios para saber si tenía coronavirus.

Mariana Kremer Gianini, una de las abogadas de las víctimas, contó a MIRADOR ENTRE RÍOS: “Nos enteramos que desde mediados de mes venía pidiendo salir, alegando que tenía coronavirus. Una semana después fue trasladado por un médico policial sin autorización judicial al hospital y a un sanatorio de Concordia. Eso es gravísimo, va contra todos los protocolos que además incluyen reglas y procedimiento ante casos de Covid”, aseguró.

Efectivamente, el detenido había sido trasladado por un médico al hospital y luego a un centro privado para realizarse un hisopado que dio negativo, por lo que volvió a la Alcaidía. Todo el peso de la ley cayó sobre el profesional, que servía a una institución pública y atiende a personas denunciantes en procesos similares.

Los nuevos imputados

Horas después de que los abogados dieran a conocer la maniobra llevada a cabo, el médico policial Alcides Eduardo Ramo Marcogiuseppe quedó imputado por los delitos que habría cometido, todos ellos en el contexto de las causas que envuelven a Maximiliano Benedetto.

El hombre señalado como responsable se presentó en tribunales para declarar en calidad de imputado ante las evidencias que el Ministerio Público Fiscal reunió, con el propósito de demostrar que habría actuado en complicidad con Benedetto y su defensa: sería el responsable de generar documentación que acreditara, falsamente, que el exdirector del Parque San Carlos cursaba un cuadro de Covid-19.

Todo indica que Marcogiuseppe tenía como objetivo sacar al detenido de la celda y que terminara de cumplir con los días de prisión impuestos en su domicilio.

El médico fue imputado por abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, ya que habría quebrantado los deberes que le competen como auxiliar de la Justicia, actuando como asesor de la defensa. Además, se lo acusa de falso testimonio y falsificación de instrumento público, ya que sería quien habría confeccionado el certificado médico y lo presentó ante un juez.

Como si fuera poco, el médico no fue el único imputado salpicado por lo que sucede con la causa. Apareció otro nombre, esta vez el de un empleado municipal llamado Horacio Goyeneche, quien se desempeña en la Dirección de Electrotecnia de la Municipalidad de Concordia.

Fue la madre de la denunciante menor de edad quien se presentó en tribunales y señaló a este último involucrado. Según su testimonio, Goyeneche se contactó con ella y con su hija para pedirles que modificaran su declaración testimonial. A cambio les ofrecía dinero, un auto o una moto y un trabajo.

Según contaron, también las habría amenazado, diciéndoles que la causa no avanzaría y que Benedetto estaría pronto en la calle por el poder que tiene tanto él como su familia, ya que es hijo del funcionario Luis Benedetto, exministro del gobernador Gustavo Bordet y actual presidente de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande.

El domicilio de Goyeneche fue allanado. No tenía su celular, pero le encontraron un arma sin documentación, por lo que resultó detenido, además de quedar imputado por la causa que involucra a Benedetto.

Según fuentes cercanas a la investigación, tanto el médico como el empleado municipal habrían tenido contacto con los abogados de Benedetto en el último tiempo.

“Nosotras tenemos que ser consideradas, tienen que vernos, no importa que este tipo tenga poder, esto pondrá a prueba a la Justicia”, dijo Agustina Centurión, una de las denunciantes, luego de que trascendieran las detenciones del profesional y el trabajador municipal.

En la cárcel

Tras las irregularidades que ocurrieron, Francisco Ledesma, juez de Garantías, resolvió en una nueva audiencia prolongar la prisión preventiva de Luis Maximiliano Benedetto hasta el 11 de septiembre, ya no en la Alcaidía, sino en la Unidad Penal N°3 de Concordia.

La decisión del juez fue tomada teniendo como motivo principal la existencia de elementos que demuestran que el imputado intenta entorpecer la causa, ya que dos personas ajenas a la investigación, pero cercanas al detenido perpetraron maniobras para evitar su continuidad en prisión, tanto como para suavizar las denuncias contra su persona.

La suerte de Benedetto volverá a ser discutida un día antes de las elecciones PASO, momento en el que cumplirá con la cantidad de días de prisión impuestos por el juez en la Unidad Penal de su ciudad.

Efecto dominó

Todo lo que pasó luego de la primera denuncia de Brenda Guardia, el 6 de junio, fue parecido a lo que sucedió cuando varias personas hicieron viral como hashtag en las redes sociales denuncias sobre abuso y acoso sexual, luego de las acusaciones contra el productor de cine y ejecutivo estadounidense Harvey Weinstein.

MIRADOR ENTRE RÍOS dio cuenta de este efecto dominó en su publicación del 20 de junio: una joven llamada Agustina Centurión, que también utilizó las redes sociales, fue la primera en animarse a contar que ella también tenía cosas para decir sobre Benedetto. “Este tipo me acosó por las redes sociales. Usaba su poder para convocar promotoras, pedía fotos de cuerpo entero. Sé que lo hizo con muchas más, hay que animarse”, dijo, en un video. No pasó mucho tiempo hasta que empezó a subir capturas de mujeres que le respondían, pedían anonimato y contaban situaciones similares que habrían vivido con el hombre señalado.

Lo de Agustina no quedó solo en las redes. Decidió también acercarse a la Fiscalía y hacer una denuncia formal. Al presentarse en las oficinas de los tribunales, Centurión aclaró que nunca tuvo contacto personal con Benedetto, sino que los hechos que relató habrían ocurrido de manera remota, a través de las redes. En el caso de que el Ministerio Público Fiscal considerara que se está en presencia de un presunto delito, este se encuadraría en la figura del grooming.

Casi en simultáneo, una menor de edad se hizo presente junto con sus padres en la Fiscalía para hacer otra denuncia contra Benedetto. Luego debieron tomarle declaración en Cámara Gesell.
Y llegó la cuarta denuncia. Una mayor de edad fue a Tribunales y denunció a Benedetto por abuso sexual con acceso carnal.

Mientras todo eso sucedía, varias mujeres decidieron agruparse. Además de los testimonios en redes sociales, hicieron una protesta frente a los Tribunales para pedir que no concedieran la prisión domiciliaria al acusado, pero su deseo no se cumplió.

Aunque desde Fiscalía aún no oficializaron cuántas denuncias hay, de manera extraoficial trascendió que ahora, las personas denunciantes serían más de 10.