La palabra emergencia comprende tres decisiones que se conocieron en las últimas horas y que involucran diferentes aspectos de la provincia de Santa Fe. Así, mediante una ley provincial, la adhesión a una norma nacional y un decreto que espera ser refrendado por el gobierno nacional, la palabra comprende a la seguridad pública, al servicio penitenciario; la ígnea y la agropecuaria.
En el Boletín Oficial del lunes, el gobernador Omar Perotti promulgó la ley 14.070 dictada en diciembre por la Legislatura que dispone hasta el 31 de diciembre de 2022 el estado de emergencia en Seguridad Pública y Servicio Penitenciario, norma surgida de proyectos propios de legisladores.
Al día siguiente, también en el Boletín Oficial, el gobierno provincial, mediante el decreto 0018 dispone adherir a Santa Fe "en cuanto fuere materia de su competencia y con los alcances definidos en el presente Decreto, a las disposiciones del decreto 6 de fecha 11 de enero 2.022 del Poder Ejecutivo Nacional". Dicho decreto dispone la emergencia ígnea en todo el territorio " con el fin de adoptar las medidas que resulten necesarias para propiciar y atender con carácter inminente la presupresión y combate de incendios, la restauración las de zonas afectadas y la prevención de nuevos focos".
Finalmente ayer, el gobernador Perotti y los ministros de Producción, Daniel Costamagna, y de Economía, Walter Agosto, firmaron el decreto que declara en situación de emergencia y/o desastre agropecuario desde el 1° de enero de 2022 hasta el 30 de junio de 2022 a las explotaciones agrícolas extensivas y a la ganadería en general afectadas por el evento climático sequía, que se encuentran ubicadas en la totalidad de los distritos de todos los departamentos de la provincia de Santa Fe, excepto los del departamento General López". Es que el departamento sureño está en situación de emergencia por inundaciones hasta diciembre de este año.
En este último caso, tras la reunión del lunes de la comisión provincial de emergencia se aceleró el trámite para que el decreto esté presente en la reunión nacional que sobre el tema encabezará este viernes el ministro de Agricultura de la nación, Julián Domínguez. El objetivo es que no solo haya emergencia agropecuaria provincial sino también que el decreto nacional comprenda a Santa Fe y de esta manera haya diferimiento de tributos nacionales, pagos de créditos y ayuda de recursos monetarios.
Dispone además que los productores inicien los trámites ante la Administración Pública a través del Sistema Santafesino de Gestión de Situaciones de Emergencia Agropecuaria (SISAGEA), estableciéndose el 15 de abril como fecha límite en que deberán presentar a través del portal de la provincia los formularios de declaraciones juradas. También establece las nuevas fechas de pago de Impuesto Inmobiliario que en el caso de la primer cuota -prevista para febrero- se difiere hasta el mes de agosto.
En lo que hace a la emergencia ígnea, el gobernador firmó el decreto con la ministra de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet a quien se le encomienda "la coordinación de las medidas que resulten necesarias y convocar a las autoridades torales, con el objetivo principal de frenar los incendios y desarrollar un plan de restauración de las zonas afectadas". Añade que cuando la naturaleza de las acciones a desarrollar lo requieran podrá convocar a los ministros de Seguridad; de Producción, Ciencia y Tecnología y a la Ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, para que en el marco de sus competencias convoquen a los organismos de su dependencia involucrados, a los fines de una intervención articulada y complementaria.
El decreto prevé normas especiales de contrataciones de compras y trabajos públicos por la emergencia ígnea autorizando a los titulares de las jurisdicciones mediante resolución conjunta con el Ministerio de Economía, a suscribir aquellos actos de adjudicación y/o aprobación de contrataciones efectuadas en ese marco hasta un monto de once millones de pesos.
En los considerandos, recuerda que la provincia -mediante decreto -declaró la adhesión del estado de Emergencia Hídrica Nacional en la región de la Cuenca del río Paraná que hoy se encuentra atravesando una bajante histórica y según los reportes de enero 2.022 del Instituto Nacional del Agua, los niveles fluviales continuarán en la franja de aguas bajas al menos los próximos tres meses. También menciona que el pronóstico climático trimestral de enero de este año del Servicio Meteorológico Nacional señala que durante los próximos meses, en la provincia de Santa Fe se prevé la ocurrencia de una temperatura media marcadamente superior a la normal. Asimismo, la humedad relativa y la probabilidad de precipitaciones sobre la región del Litoral serán sustancialmente inferiores a las normales.
Por último menciona que en la provincia, el sistema Firms de la NASA detectó 415 focos de calor el martes 28 de diciembre último, creciendo exponencialmente al 11 de enero (795 focos de calor) y al día siguiente (1.221 focos).
Instrumento para Lagna
La emergencia en Seguridad y el Servicio Penitenciario estará en manos del Ministerio de Seguridad que tendrá una serie de facultades para con el personal pero también para con los procedimientos administrativos para licitaciones y contrataciones.
Además, la norma ratifica un decreto del año 2015 del gobernador Miguel Lifschitz que creó la Junta Provincial de Seguridad que deberá reunirse, al menos, una vez al mes.
En lo que hace al personal policial, la ley faculta al ministro a convocar al servicio activo a personal en situación de retiro del escalafón general, sub escalafón seguridad, a los efectos de cumplir funciones de seguridad pública. También a disponer el pase a disponibilidad o retiro y a disponer de suplementos por afectaciones presupuestarias mientras continúe la situación de emergencia.
La ley crea el 'programa de emergencia en Seguridad Publica y del Servicio Penitenciario' con un aporte del Tesoro de tres mil millones más recursos de multas de la Agencia Provincial de Seguridad Vial.
Otro capítulo destina doscientos millones de pesos al programa para el Fortalecimiento de Áreas Investigativas.
Todo el uso de recursos y las disposiciones sobre el personal tendrán el control de una comisión bicameral que integrarán tres senadores y tres diputados.
