Así, en abril de 2006, el Congreso Nacional sancionó la ley 26.093 que estableció el Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles. Legislación que venció en 2021, año en el que se sancionó -mediante la ley 27.640- un nuevo "Marco Regulatorio de Biocombustibles".

Como en el viejo continente, la normativa obligó a las petroleras a "cortar" la nafta y el gasoil con sus émulos de origen vegetal: el bioetanol, elaborado con caña de azúcar o maíz; y el biodiesel, a base de aceites, que en Argentina -por ser el grano más producido- se consolidó a partir de la soja.

El desarrollo científico-tecnológico había conseguido mucho tiempo antes elaborar combustibles de origen vegetal, pero fue gracias a las normativas de fomento que se generó un significativo incremento de la demanda y con ello la inversión en cientos de fábricas que se instalaron en todo el país. No sólo para el mercado interno, sino también para proveer a otros países con las mismas exigencias, con EE.UU. y la Unión Europea a la cabeza.

Para abastecer ambos mercados, el doméstico y la exportación, se montaron en Argentina dos tipos de plantas de biodiesel.

Las grandes, entre las que revisten capitales multinacionales (Cargill, Dreyfus), se caracterizan por contar con molienda y generación de aceite propio para luego transformar en combustible. Estas son las que tienen asignado el comercio exterior.

Por otra parte se dispuso que el abastecimiento a las petroleras, para el corte del gasoil, deben hacerlo las pymes: un gran número de pequeñas y medianas fábricas instaladas en varias provincias, cuya característica es que compran el aceite para su transformación. Santa Fe concentra el 80% de estas pymes.

Un dato para dimensionar el impacto de estas empresas las economías regionales es que, por lo general, se abastecen -y traccionan- otras industrias que florecieron a la par como los extrusores: aceiteras que -a diferencia de las grandes, que trabajan con solvente- extraen el aceite del grano por prensado, generando a su vez un subproducto como el expeller, de alto valor en la alimentación animal.

Mientras las grandes firmas trabajan a demanda libre y según su capacidad, a las pymes se les asigna un cupo mensual y el valor de su producto lo establece la Secretaría de Energía de la Nación, en tanto autoridad de aplicación del ahora "Marco Regulatorio de Biocombustibles".

En ambos segmentos el riesgo empresario es distinto, aunque comparten el de la volatilidad de las commodities o los vaivenes político-económicos del país. Al margen de esto, las grandes empresas lidian con las barreras para-arancelarias en los mercados de destino, como la acusación por dumping de EE.UU. que frenó un negocio que en 2016 significó ventas por u$s 1.200 millones. En tanto que las pymes, por tener relación con el precio de los combustibles en los surtidores argentinos, con frecuencia padecen irregularidades en la determinación del precio de su producto por parte del Estado. Fue lo que ocurrió en 2020, cuando el valor se mantuvo sin cambios casi todo el año, mientras la inflación no se detenía y también aumentaban las materias primas. El "descalce" que hubo entre costos y precio de venta obligó a cientos de plantas a parar la elaboración, situación que derivó -además- en el incumplimiento de la normativa, ya que las petroleras no contaron con el biocombustible necesario para "el corte".