La diputada Agustina Donnet y el diputado Rubén Giustiniani señalaron que "La política de quita de subsidios a los servicios públicos ha sido uno de los principales compromisos que asumió el gobierno nacional en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y sin duda se revela como una de las medidas que mayor impacto económico tendrá sobre gran parte la población".

El esquema diseñado a nivel nacional transitó por múltiples anuncios sin demasiadas precisiones, hasta la confirmación brindada el día 16 de agosto por el Gobierno Nacional. A la comunicación genérica sobre la segmentación y los aumentos que sufrirán los usuarios se agregan ejemplos de tarifas que deberán abonar los hogares, que en muchos casos agregan confusión sobre los valores reales que efectivamente se pagan en la actualidad y se pagarán en el futuro".

La confusión surge debido a que los ejemplos en muchas ocasiones son tomados con valores sin considerar la carga impositiva, y por otra parte se basan en tarifas vigentes en la Capital Federal y Gran Buenos Aires y no en el interior del país donde los costos de los servicios públicos son muy superiores a los valores que se abonan en Buenos Aires. También se ha difundido la implementación de aumentos no solo en la energía eléctrica y el servicio de gas natural, sino también en los servicios de agua y saneamiento".

En tal sentido, desde el Bloque Igualdad aseguraron que "resulta importante que el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de sus órganos competentes, difunda y aclare en forma certera cómo será el impacto de la quita de subsidios para los usuarios de nuestra provincia.

Debemos en primer lugar aclarar que en la Provincia de Santa Fe, la tarifa de Agua Potable y Servicios Sanitarios no debe incrementarse por esta medida. La provisión de este servicio es de jurisdicción provincial y en gran parte de la provincia está a cargo de la empresa estatal Aguas Santafesinas. También entes cooperativos prestan el servicio en localidades en las cuales no opera la empresa estatal. En ningún caso reciben subsidio estatal nacional y por lo tanto no se deberían ajustar las tarifas por estas medidas que no las impactan".

Cabe destacar que, "las tarifas de Aguas Santafesinas fueron incrementadas en un 60% en tres etapas: mediante el incremento -que ya se aplicó- de un 30% para el bimestre 02/2022, de un 20% para el bimestre 05/22 a facturarse en agosto, y un 10% para el bimestres 06/22 a facturarse en octubre.

Con relación a la tarifa de Energía Eléctrica debemos tener presente que los valores vigentes en la provincia de Santa Fe ya son altamente superiores a los que rigen en Capital Federal y Gran Buenos Aires. La tarifa final de Electricidad está compuesta por el valor mayorista de la electricidad (generación y transporte); el Valor Agregado de la Distribución (lo que le queda a la distribuidora); y la carga impositiva, que varía de acuerdo con cada provincia e incluso cada municipio. El valor mayorista es equivalente para todas las jurisdicciones, sin embargo, el Valor Agregado de Distribución y la carga impositiva cambia según cada provincia y municipio".

La Nación subsidia la generación de energía eléctrica. La quita de subsidios afectará solo ese componente de la tarifa. La incidencia del Valor Agregado de Distribución (en el caso de la provincia de Santa Fe, el valor que le corresponde a la EPE) es mucho mayor en nuestra provincia que en Capital Federal. Esta situación explica la gran diferencia de valores que pagan los usuarios. Conforme a un informe publicado por Infobae con fuente de Edenor, por una factura de 300 Kw en Capital Federal se abona $ 1.308; mientras que en la provincia de Santa Fe por el mismo consumo, el monto asciende a $ 3.024 (valores correspondientes al mes de febrero 2022).

La mayor incidencia del valor agregado de distribución en la estructura de costo en nuestra provincia hace que el impacto de la quita de subsidios en la tarifa final debiera ser en términos porcentuales sustancialmente inferior a lo anunciado para Capital Federal y Gran Buenos Aires.

Por otra parte, comentaron el diputado y la diputada "las tarifas eléctricas en nuestra provincia fueron incrementadas en un 25% promedio que se aplicó en dos tramos, un 15% en febrero y un 10% en abril. A esto suma un aumento del 7% en marzo que se corresponde con los incrementos en el precio mayorista. Sin embargo, para el segmento residencial, es decir, la mayoría de los usuarios, el aumento superó el 40%.

Asimismo, en línea con los reclamos que hemos realizado en forma sostenida, y para transparentar el proceso de fijación de tarifas, consideramos que en caso de decidirse incrementar las mismas, debería convocarse a una nueva audiencia pública para su tratamiento".

Por los motivos expuestos, Giustiniani y Donnet remarcaron que "resulta imprescindible que el Gobierno Provincial informe públicamente acerca de la política que se llevará a cabo en materia tarifaria de los Servicios Públicos provinciales ante esta nueva política nacional de quita de subsidios.

En el mismo sentido, creemos necesario convocar a la Cámara de Diputados al presidente de la Empresa Provincial de la Energía para que brinde un informe acerca del impacto en los costos de la empresa y el posible traslado a tarifas de la quita de subsidios mencionada".