CEFERINO AZAMBUYO
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Con una ronda a la plaza 25 de Mayo y posterior concentración, se concretó la protesta para peticionar que no se abandone a las personas con discapacidad y el rechazo al proyecto de decreto que saca a la discapacidad de las obras sociales. Los prestadores piden concretamente que se salde la deuda por el atraso actual y se pague de aquí en más a 30 días desde el momento de la facturación. Además, piden que se paguen los días de paro.
Profesionales, familiares, amigos y vecinos de personas con discapacidad se dieron cita en gran número a la convocatoria para hacer valer los derechos adquiridos y potenciar el justo reclamo ante la situación que pone en peligro la salud de un sector de la población que necesita una adecuada atención.
La situación recrudeció cuando los profesionales comunicaron que al no poder costear las prestaciones, alquileres, movilidad, materiales y no cubrir los gastos, desde el 29 de agosto y hasta que la Superintendencia de Salud y las obras sociales regularicen la situación, los profesionales que trabajan con discapacidad se ven obligados a suspender las prestaciones.
La reacción de los padres y familiares no se hizo esperar y se unieron para peticionar en conjunto al considerar que “se vulnera la Ley 24.901 porque Argentina está adherida a la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, Ley 26.378, por lo cual hoy están siendo vulnerados los derechos de las personas con discapacidad”, señalaron desde el colectivo y refrendaron el compromiso de continuar con el apoyo debido a la situación crítica que atraviesan los profesionales.
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Con una ronda a la plaza 25 de Mayo y posterior concentración, se concretó la protesta para peticionar que no se abandone a las personas con discapacidad y el rechazo al proyecto de decreto que saca a la discapacidad de las obras sociales. Los prestadores piden concretamente que se salde la deuda por el atraso actual y se pague de aquí en más a 30 días desde el momento de la facturación. Además, piden que se paguen los días de paro.
Profesionales, familiares, amigos y vecinos de personas con discapacidad se dieron cita en gran número a la convocatoria para hacer valer los derechos adquiridos y potenciar el justo reclamo ante la situación que pone en peligro la salud de un sector de la población que necesita una adecuada atención.
La situación recrudeció cuando los profesionales comunicaron que al no poder costear las prestaciones, alquileres, movilidad, materiales y no cubrir los gastos, desde el 29 de agosto y hasta que la Superintendencia de Salud y las obras sociales regularicen la situación, los profesionales que trabajan con discapacidad se ven obligados a suspender las prestaciones.
La reacción de los padres y familiares no se hizo esperar y se unieron para peticionar en conjunto al considerar que “se vulnera la Ley 24.901 porque Argentina está adherida a la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, Ley 26.378, por lo cual hoy están siendo vulnerados los derechos de las personas con discapacidad”, señalaron desde el colectivo y refrendaron el compromiso de continuar con el apoyo debido a la situación crítica que atraviesan los profesionales.
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