Las principales provincias agrícolas argentinas se encuentran afrontando una intensa sequía. Santa Fe no es ajena a este fenómeno y registra actualmente un déficit hídrico que se extiende a sus 19 departamentos. En este contexto, el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia diseñó una serie de instrumentos que están aportando ayuda financiera a los pequeños y medianos productores agropecuarios santafesinos. Desde la Provincia se gestionan fondos nacionales, provinciales y del Consejo Federal de Inversiones (CFI), que se aportan como créditos o aportes no reintegrables.

“Así como lo hicimos con la emergencia sanitaria, nuestro objetivo es que la producción santafesina no se detenga y que, a la salida de esta temporada con precipitaciones por debajo de lo normal, nuestros productores puedan seguir produciendo, invirtiendo y generando trabajo”, aseveró el titular de la mencionada cartera, Daniel Costamagna.

La provincia de Santa Fe atraviesa su segunda campaña consecutiva con afectaciones por estrés hídrico, con la particularidad de que este año se sumó un fenómeno de heladas tardías que afectó al cultivo de trigo y legumbres, postergó la siembra del maíz e impactó fuertemente en la producción de forrajes, particularmente en el norte. Frente a ese panorama, la Provincia elaboró distintas herramientas de financiamiento para atender la particularidad de cada situación productiva.

Las líneas de asistencia a los productores
En total, la Casa Gris dispuso unos 435 millones de pesos de fondos provinciales distribuidos en cuatro asistencias destinadas a productores ganaderos del norte provincial, horticultores y frutilleros, pequeños agricultores de la economía familiar, y apicultores. La principal de estas líneas es la que está dirigida a los ganaderos de los departamentos 9 de Julio, Vera, General Obligado y San Cristóbal. Se trata de una asistencia de 350 millones de pesos que ofrece créditos a tasa cero de hasta 500 mil pesos a productores de hasta 300 cabezas, destinados a la compra de alimentos, insumos y servicios para la implantación de pasturas y el aprovisionamiento de agua.

La segunda asistencia provincial consiste en un fondo de 40 millones de pesos que brinda aportes no reintegrables (ANR) a productores de hasta 5 hectáreas de cultivos hortícolas o 2 hectáreas de cultivo de frutilla para la compra de insumos, protección vegetal, indumentaria y útiles de trabajo.

En tercer lugar, la Provincia desarrolla una herramienta para asistir a pequeños productores de la agricultura familiar radicados en los departamentos 9 de Julio, Vera, General Obligado, San Cristóbal, San Javier o San Justo. Para ellos se constituyó un fondo de 30 millones de pesos que se distribuirán como aportes no reintegrables de para recomponer capital de trabajo.

Finalmente, también el Gobierno de Santa Fe puso a disposición un fondo de 15 millones de pesos para créditos a tasa cero destinados a pequeños apicultores, para la compra de insumos, material vivo, material inerte y elementos de trabajo.
Asimismo, el gobierno provincial está gestionando ante el gobierno nacional un fondo de 900 millones de pesos, que se canalizará mediante créditos sin interés y con un año de gracia, a través de Agencias y Asociaciones para el Desarrollo, con la decisión de que luego, con los capitales recuperados, se constituyan fondos rotatorios para el sector agropecuario.

Todas estas herramientas se complementan con las líneas de financiamiento de las que disponen los productores santafesinos a través del CFI. Se trata de créditos para capital de trabajo (de hasta millones de pesos) y para inversiones (de hasta 20 millones de pesos) con tasas de interés cercanas al 20%.

Una nueva Ley de Emergencia Agropecuaria
La cartera provincial de la producción, además de instrumentar estas medidas paliativas, está impulsando la sanción de una nueva Ley de Emergencia Agropecuaria, que reemplace a Ley Nº11.297, vigente desde 1995, la cual, en voz del propio ministro Costamagna, “no ayuda a nadie”. Es que esta normativa tiene dos falencias principales: por un lado, actúa post evento y, por otro, tiene como beneficiarios solamente a los propietarios de la tierra, los cuales acceden a condonaciones impositivas acotadas en el impuesto inmobiliario rural, dejando de lado a los productores arrendatarios, los cuales comprenden el 70% de las explotaciones agropecuarias santafesinas.

Al respecto, la secretaria de Agroalimentos, María Eugenia Carrizo, explicó: “Este año, Santa Fe tuvo 12 millones de hectáreas declaradas en emergencia y/o desastre agropecuario, de las cuáles sólo se presentaron declaraciones juradas por 700 mil, sólo el 5,8%. Esto indica claramente que la Ley quedó obsoleta con el sistema productivo actual y los productores no adhieren porque los beneficios son acotados”.

Respecto de la nueva normativa propuesta, que fue en enviada por el gobierno provincial a la Cámara de Senadores para su debate, dijo: “Contempla herramientas que son muy demandadas por los productores como la asistencia financiera para la recomposición del capital de trabajo y para realizar inversiones para la mitigación de sequías o inundaciones, y un fuerte estímulo a la utilización de los seguros agropecuarios”.

El nuevo proyecto se basa en un sistema que aborda todas las fases de la gestión de riesgos de emergencia y/o desastre agropecuario, y fue elaborado por el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, con el consenso de entidades intermedias del sector productivo, como la Sociedad Rural Argentina, Carsfe, Coninagro, Federación Agraria, Meprolsafe, Agricultores Federados Argentinos, las Bolsas de Comercio de Santa Fe y Rosario, Aapresid, el Colegio de Médicos Veterinarios y Agrónomos, Inta y Senasa.