Esta semana se dio a conocer la noticia de que el fiscal federal de Rosario, Claudio Kishimoto, solicitó que se tome declaración indagatoria a cinco directores y un gerente de la compañía de servicios públicos Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) por el presunto vertido de efluentes cloacales “sin tratamiento alguno” en las aguas del río Paraná.
Frente a este pido, desde Aguas Santafesinas se defendieron mediante un escrito al que hicieron llegar a Mirador Provincial en el que aclaran que la empresa “no es parte de ninguna denuncia penal”, ergo “no conocemos sus fundamentos, la prueba instruida, ni la requisitoria del fiscal”.
A continuación, la respuesta de la firma: “Aguas tiene intervención en una Acción de Amparo Ambiental promovida por la misma asociación denunciante, y al parecer por los mismos hechos, que tramitan ante la Justicia Federal Civil de la ciudad de Rosario”.
“En la misma interviene no solo esta empresa Prestadora, sino que han sido convocados y requeridos el ENRESS, la Provincia de Santa Fe -como titular primario del servicio- y el Estado Nacional; asimismo se ha dado intervención para la realización de una serie de medidas al Laboratorio de Química y Microbiología del Agua de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario, entre otros Organismos”.
“Todos los requerimientos dispuestos por la justicia han sido informados en tiempo y forma, incorporando en dichas actuaciones una gran cantidad de prueba e informes técnicos, que desacreditan la posibilidad de verificar situaciones de las características como los supuestamente investigados”.
“Por lo demás, y respecto de las acciones dispuestas por la justicia interviniente, se encuentran en cumplimiento y ejecución, desarrollando su actividad dentro de un marco regulatorio especial del servicio con parámetros de control que se cumplimentan y en ámbito del servicio que presta, resultando en consecuencia una actividad que no manipula residuos peligrosos ni contaminantes”
El comunicado continúa: “A partir del año 2019, esta gestión, tiene iniciativas -como ninguna anterior- para encarar el tema del saneamiento de las ciudades bajo jurisdicción de Aguas Santafesinas, entre ellos el proyecto de planta de tratamiento de líquidos cloacales para el norte del Gran Rosario; proyecto para el tratamiento de efluentes del Emisario Sur; proyecto de Plan Director para el saneamiento de todo el conglomerado del Gran Rosario (con aprobación del Consejo Federal de Inversiones -CFI- para su financiación)”.
“Es por ello, y para llevar tranquilidad a la población que recibe estas noticias, la Empresa manifiesta que el efluente de origen cloacal dispuesto, conforme normativa aplicable y con procedimientos de control, cumple con el marco aplicable a la actividad y no resulta contaminante”.
Los fundamentos de la indagatoria
En la solicitud presentada ante el juez federal Vera Barros, el fiscal Claudio Kishimoto señala que existe “motivo bastante” para presumir que la empresa de provisión de agua potable y desagües cloacales Aguas Santafesinas S.A. haya “contaminado de un modo peligroso para la salud, el suelo y el agua, volcando efluentes cloacales e industriales sin previo tratamiento”.
En esa línea, indica que dichos vertidos alcanzan el volumen aproximado de 350 millones de litros diarios “que contaminaron el cauce del río Paraná desde la Planta de Recepción Emisario Sur, localizada en el predio de Avenida Circunvalación y Ayolas de la ciudad de Rosario”.
Pericias oficiales presentadas por el fiscal señalan que los efluentes mencionados presentan alto contenido de escherichia coli, considerada un residuo peligroso por ser una sustancia infecciosa “que contienen microorganismos viables o sus toxinas, agentes conocidos o supuestos de enfermedades en los animales o en el hombre”.
A su vez, afirma que la descarga de los efluentes líquidos realizados por ASSA “en forma deficiente y sin tratamiento alguno”, contaminan el curso del río Paraná, “poniendo en riesgo la salud pública”.
Directo al río
Según publicó la agencia Télam, la investigación penal comenzó en 2018 tras una denuncia presentada por la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, que luego se constituyó como querellante en la causa.
“La falta de tratamiento en estos vertidos es inobjetable porque no existe una planta de tratamiento a pesar de que hace décadas se viene proyectando”, dijo el abogado de la querella, Fabian Maggi.
“Lo que se han encontrado son metales pesados como el níquel y también escherichia coli, ambos tipos de residuos contaminantes por encima de los parámetros legales”, detalló.
“Estamos hablando de la comisión de un delito que es la infracción a la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos”, especificó.
En ese sentido, sostuvo que “el material probatorio recabado por la Prefectura Naval Argentina y la Policía Federal, encargados de tomar las muestras y hacer los análisis de laboratorio de la causa penal y las recolectadas en la causa civil es abrumador”.
A su vez, indicó que “como todo delito, más allá del acto objetivo hay un componente de culpabilidad, de intención o de dolo que en este caso es la desidia y la temeridad de la empresa a la que se le viene reclamando desde 2018 que realice modificaciones para dejar de contaminar y comenzar a tratar los efluentes”.
“Lejos de esto -continuó- el vuelco de efluentes está en ruinas, hace poco se cayeron unos techos dejando expuesto a cielo abierto el canal y en lo que hace a la responsabilidad civil de la empresa se corroboró la falta de controles previos al vuelco de los afluentes cloacales e industriales”.
“Hay una ley del Poder Ejecutivo (número 2.797) de 1891 que indica la necesidad y obligación de dar saneamiento a los efluentes cloacales antes de volcarlos a un río de jurisdicción nacional como es el Paraná, por lo que desde hace más de un siglo no se cumple”, remarcó.
“Esto refleja los niveles de desidia y de bajo cumplimiento de las leyes que protegen el medioambiente”, finalizó.
