Ante la polémica por el fallo de la Corte sobre la coparticipación, que hoy tiene en tensión al presidente Alberto Fernández y al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, el gobernador Omar Perotti tuvo una actitud prudente, que el tiempo ha recompensado.
Está claro que el gobernador de Santa Fe supo hacer pie, en medio de un terreno resbaladizo que, en buena medida, fue de gravedad institucional en los dichos pero ajustado a derecho en los escritos judiciales. Se habló de "desacato" como crítica o como bandera, pero no lo hubo. Lo insinuó el oficialismo y luego se limitó a dar pasos procesales que seguramente tienen como único fin posponer la decisión tomada por la cabeza del Poder Judicial de la Nación. Lo blandió la oposición que reclamó que se cumpla con el respeto a la división de poderes que parecía iba a dañarse en el país.
Como en otros temas, hay un acuerdo tácito entre los contendientes a favor de ordenar el debate político bajo la lógica de la grieta. A la oposición le agrada que el peronismo no respete las normas republicanas y a los peronistas enojados con la justicia que haya una suerte de rebelión de "los que fueron votados por el pueblo" contra los jueces que fueron designados (justamente por aquellos).
El presidente tomó finalmente otro rumbo, que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner califica de "Agrupación Amague y Recule" aunque ella sea la única responsable de que Alberto hoy sea presidente.
Debe decirse que fue más serio -y no por eso timorato- el posicionamiento público que finalmente asumió la Casa Gris santafesina.
No hubo 15 La realidad es que Perotti no quedó colgado del pincel como sus 14 pares peronistas que querían el desacato del Poder Ejecutivo al Judicial, para escalar en la pulseada con la Corte y jugar con la república de rehén a una pulseada peligrosa que pusiera a la Corte a medir fuerzas. Siempre se trata de una cuestión de poder, sin dudas. Pero no todo es válido. Y el presidente tardó un par de días en comprenderlo.
El gobernador tampoco abjuró de los reclamos históricos del interior para que haya un elemental federalismo que pretende que por ejemplo, como las provincias, los porteños paguen por su propia policía, no el conjunto de los argentinos. En la misma lista hay que sumar al transporte en todas sus modalidades, a los costos de la energía eléctrica y a la provisión de agua potable y cloacas.
Quienes saben leer los fallos han advertido que el máximo tribunal no se ha expedido sobre esos asuntos, sino que ha señalado que la forma como se le quitó coparticipación a la capital federal del país es ilegal. Eso es todo.
A propósito de federales y unitarios, la Corte ha respondido a un amparo presentado en 2020 por la Ciudad de Buenos Aires. Santa Fe pidió lo mismo diez años antes, pero para los santafesinos no hubo amparo en 2010. Y debió sostener el reclamo hasta que -justo para cuando terminaba el gobierno kirchnerista que generó la deuda- la Corte falló en su favor de los santafesinos en diciembre de 2015.
Aquella audiencia que pedía amparo fue clave. La llevó adelante el gobernador Hermes Binner, con el apoyo de los principales referentes del justicialismo santafesino, Carlos Reutemann y Jorge Obeid que fueron a tribunales. También el entonces intendente de Rafaela, Omar Perotti.
Dichos y hechos Son impecables las declaraciones del gobernador en las que advierte que la solución es un debate de fondo sobre la necesidad de una nueva ley de coparticipación, que respete el mandato constitucional de la reforma de 1994, que se queja por la "aspiradora de fondos" que es la porteña Caba pero también el Conurbano bonaerense, y que menciona que los argumentos jurídicos de la Corte sobre ese caso planteado por Rodríguez Larreta son similares a los que le dieron la razón a Santa Fe (como a Córdoba y San Luis). Sin embargo, en un punto el jefe de la Casa Gris no tiene las espaldas cubiertas. Lo complica el archivo de su propia trayectoria en el Congreso.
Basta con revisar los proyectos de ley que presentó o que firmó Perotti como diputado nacional entre 2011 y 2015, como integrante del oficialismo o como senador nacional, de 2015 a su salida en 2019 en la oposición, hasta asumir como gobernador, para confirmar que la palabra "coparticipación" no ha figurado en su agenda. Tal como sucedió con la mayoría de los legisladores: no se plantearon seriamente cumplir la cláusula transitoria que daba tiempo hasta 1996 para dictar una nueva legislación.
Panorama Los dichos están lejos de los hechos, es cierto. Pero sería un error ver la posición que ha asumido el gobernador como una mera salida elegante para mantenerse al margen de la disputa. No lo anima una cómoda neutralidad como con el aborto cuando el país y las plazas se dividían en dos y se abstuvo porque tenía su propio proyecto.
El tema es demasiado serio como para que todo se limite a una mera especulación política, Santa Fe necesita rediscutir con el gobierno central cuánto aporta al conjunto del país y cuánto recibe. Dicho sea de paso, si la Nación con bonos o con coparticipación cumple con el fallo a favor del gobierno porteño, Santa Fe será la única provincia que no deberá aumentar su aporte a la AFIP. No aporta al organismo recaudador desde que se produjo el juicio por la deuda K por coparticipación, que ya ha quedado atrás sin que se haya firmado el respectivo convenio que difícilmente aceptaría la Legislatura.
En Buenos Aires se especula con que el presidente envíe al Congreso un proyecto de ley de coparticipación durante el receso del Congreso, mediante un llamado a sesiones extraordinarias o con la campaña electoral ya a pleno en 2023. No parece haber un escenario menos propicio para un debate necesario y de fondo.
