Esta semana las estaciones de servicio de todo el país advirtieron que podrían dejar de tomar pagos con tarjetas de crédito debido a la baja rentabilidad. Para evitar esta medida, la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA) solicita establecer un plazo de 48 horas para el pago de la acreditación y reducir a más de la mitad el porcentaje de las comisiones fijadas por las compañías emisoras de los plásticos.

“Es una problemática que advertíamos desde mediados del 2022, y si bien hemos presentado iniciativas en el Congreso para poder brindar una solución desde el oficialismo no se obtuvo respuesta alguna” explicó la joven santafesina, convencida de que “la falta de respuesta hace que hoy lleguemos a esta instancia, donde el principal perjudicado es el consumidor, que pierde la posibilidad de financiar su compra y en algunas ocasiones se ve obligado a transitar con grandes montos de dinero en efectivo”.





El proyecto impulsado por la legisladora solicitaba modificar la Ley N° 25.065 para acortar los plazos de acreditación, y reducir comisiones de transacciones realizadas con tarjeta de crédito y débito, flexibilizando condiciones financieras a establecimientos comerciales y de servicios.

Para Tejeda, hay acciones posibles que no se están realizando, por lo que “vamos a presentar un nuevo proyecto solicitando a la Secretaría de Comercio que genere una instancia de acercamiento de partes para intentar negociar una reducción en las comisiones que cobran las tarjetas. Desde nuestro punto de vista podrían haber instado a que se aplique otro esquema de comisiones a esta actividad en particular por sus características; hay que accionar antes de que se efectivicen las medidas anunciadas para no perjudicar a usuarios”.

En la actualidad, el porcentaje que las emisoras cobran a las estaciones de servicio las transforman en socios mayoritarios. El arancel se cobra sobre el total del combustible, representando además más del 50% del impuesto que se recauda para el fisco. Situación que se agrava en un país inflacionario como la Argentina, cuando la acreditación se efectúa recién a los 10/15 días.

“Mantuvimos distintas reuniones con representantes del sector, estudiamos alternativas, y avanzamos en estos pedidos en el Congreso que es lo que podemos hacer desde nuestro lugar. Es un conflicto que requiere una pronta resolución porque o se perjudica directamente a los consumidores o se pone en riesgo la continuidad de muchas estaciones de servicio que también son fuentes de empleo y dinamizadores de la economía. Pero no se incluyó ninguna iniciativa al respecto en el temario de extraordinarias, ni se vio iniciativa alguna al respecto” finalizó Tejeda.