El 25 de enero de 2022, la localidad de Murphy entraba en conmoción por el asesinato de una mujer en manos de su ex pareja. Se trataba de Marina del Carmen Espíndola de 42 años, madre de tres hijos, quien fue ultimada de un disparo por Gabriel Olegario Robles, de 49 años, agente del orden público de la Policía provincial, quien intentó suicidarse con su arma reglamentaria, por lo que fue trasladado al Hospital Alejandro Gutiérrez de Venado Tuerto, donde falleció horas más tarde.

El hecho se registró minutos después de la 1.30 de ese martes 25. Y fue el hijo de la víctima, un nene de 11 años, quien dio aviso a los vecinos sobre lo sucedido, tras salir corriendo de la casa en el marco de un escenario macabro.





A un año de ese horrendo crimen, unas 100 personas entre familiares, amigos e integrantes del espacio Agite Feminista, se convocaron en la tarde de este miércoles para marchar por el centro de Venado Tuerto, como ya ocurriera en 2022. El punto de encuentro fue la esquina de Belgrano y Marconi, en plaza San Martín, para luego trasladarse a la sede del MPA, los Tribunales venadenses y la Comisaría 2º, donde pidieron justicia una vez más por este femicidio que aún estremece al sur provincial.

Lo último
Respecto a la investigación, como informara Mirador Provincial, un mes antes de su muerte, Marina del Carmen Espíndola pudo demostrar que las denuncias realizadas en la Subcomisaría 10° de Murphy contra su femicida, Gabriel Robles, no eran enviadas al Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Venado Tuerto, sino todo lo contrario: las arrojaban en un cesto de basura.

La fiscal, cuando la recibió el 21 de diciembre, sólo contaba con una “exposición” y no con los hechos de amenazas, persecución y violación de domicilio detallados por Marina del Carmen en su última visita a sede policial.

Sin información
En diálogo con Mirador Provincial Rocío Cisnero, hija de la víctima, y Betty Espíndola, hermana, aseguran que no pudieron acceder a información oficial en relación al estado de la causa.

Dejaron en claro que no saben si el caso está cerrado ante la muerte de Robles, o si se continúa investigando la posible responsabilidad de los dos agentes apartados y de la psicóloga que autorizó al femicida a portar el arma reglamentaria nuevamente. Ellas consideran que estas personas tienen cierto grado de responsabilidad en lo ocurrido, entre ellos quien se desempeñaba como titular de la Subcomisaría 10° de Murphy, que “cajoneaba las denuncias”. En tal sentido, como querellantes, pretenden acceder a datos concretos al respecto.

Por otro lado, los familiares aseguraron que Marina del Carmen no tenía botón antipánico ni custodia policial en la calle, tal cual se había mencionado en algunos medios de comunicación.