Ya se cumplieron tres años de la primera escalada de quemas de pastizales en las islas entrerrianas frente a la costa de Santa Fe, desde aquel enero de 2020 prepandémico que devino en el ecocidio y el humo irrespirable. Tres ciclos legislativos y decenas de proyectos de ley después, solo dos proyectos permanecen con dictamen para ser debatidos, aunque es alta la incertidumbre de que haya acuerdo en la Cámara de Diputados de la Nación para que, en el marco de un año electoral, la Ley de Humedales sea un hecho.
¿Por qué su reclamo? Porque los humedales son reservorios de la flora y la fauna nativa de centenas de regiones, y son los reguladores naturales del aire que se respira y del agua, fuente de vida para todas las especies, que ocupan más del 20 por ciento del territorio nacional. Según un informe de Amnistía Internacional, sólo en el último año se incendiaron más de 500 mil hectáreas en todas las provincias.
En torno a este proyecto de ley, el pasado mes de noviembre el plenario de comisiones de Recursos Naturales, Hacienda y Agricultura elevó al Recinto un proyecto de Ley de Humedales, el de Juntos por el Cambio con dictamen por mayoría, y el proyecto de Leonardo Grosso (el consensuado por la sociedad) también tuvo dictamen pero por minoría. Pero en las últimas sesiones del 2022 en Diputados, así como en las sesiones extraordinarias, los humedales no son de la partida. Por lo menos los dictámenes favorables evitaron que el asunto perdiera estado parlamentario como sí ocurrió en 2021. Y ahora el plazo para su tratamiento es hasta diciembre de 2023.
La importancia de esta ley es que el Estado genere los presupuestos mínimos a nivel nacional para promocionar la conservación, el uso sostenible y la restauración de estos ecosistemas variados, y poner fin a la disgregación de políticas y normativa que existen en las diversas provincias. Un reclamo socioambiental que en realidad ya lleva más de 10 años con los últimos tres ya por convención en la agenda social.
Un delta que arde
Esta semana la Multisectorial Humedales (MH) criticó que el proyecto de ley de humedales aún no tenga "siquiera fecha de tratamiento ante un delta que arde", y aseguraron que el delta del Paraná está "sembrado de maquinarias, terraplenes, desmontes, fumigaciones y fiestas electrónicas". A esto sumaron que en Santa Fe "jamás reglamentó la Ley de Humedales provincial".
En torno a lo avanzado en el Plenario de Comisiones, aseveraron que "los lobbies redactaron su propio proyecto (el mayoritario). Un proyecto completamente regresivo, que no reconoce el valor intrínseco de los humedales ni resguarda sus características ecológicas".
"Lo que se necesita es legislación, control y un modelo de país acorde a la conservación de los ecosistemas y la salud humana", finalizaron los ambientalistas de la MH.
Reclamo de Amnistía
La semana pasada Amnistía Internacional dio a conocer su reclamo de una sanción "urgente" de la Ley de Humedales para proteger los territorios de los incendios forestales ya que, según un informe que publicó esta ONG, "se registraron focos ígneos en absolutamente todas las provincias durante 2022 y más de 560 mil hectáreas fueron afectadas por el fuego en el país".
El informe publicado tomó los registros diarios del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) entre enero y octubre del año pasado y con esa información recordaron que "se registraron incendios en 23 de las 24 provincias, con Tierra del Fuego como la única que no aparece en los reportes, sin embargo, el 30 de noviembre se reportaron focos de incendios en esa provincia en un área protegida de bosques nativos, Tolhuin".