El encuentro entre el nuevo Ministro de Seguridad provincial, Claudio Brilloni, y el intendente de Santa Fe, Emilio Jatón, dejó un dato llamativo con relación a las motos secuestradas en la ciudad capital por distintos delitos, como pedido de secuestro, falta de chapa patente o adulteración de éstas, entre otros. A enero último, hay 10.338 motos retenidas que aguardan su destino final en el Corralón Municipal.

Palabras más, palabras menos, el primer mandatario local le pidió a Brilloni que agilice los trámites de verificación de las motos secuestradas para poder proceder a la compactación de éstas. Esto se debe a que el volumen de rodados incautados genera un "cuello de botella": quedan acumulados en el Corralón a la espera de que se destraben los trámites burocráticos para su compactación final.

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Sobre este punto, el titular de la cartera de seguridad adelantó que las motos incautadas demandan "algunos pasos administrativos para poder ser compactadas". Esto genera un problema "no sólo por el lugar que ocupan sino también por el impacto ambiental que causan". El funcionario se comprometió a firmar "las cuestiones administrativas que sean necesarias para la disposición final de estas motos", aseveró.

Finalmente, este jueves se supo que el municipio podrá compactar unos 1.600 rodados en condiciones de ser reducidos, por estar "flojos de papeles" o en situación de ilegalidad. El Corralón Municipal ganará cerca del 50% de su espacio total.

Delitos predatorios

En contexto, cabe recordar que en abril del año pasado, el gobierno provincial emitió el Decreto N° 460/22, el cual sostiene que los agentes provinciales pueden en la vía pública proceder a la retención de motovehículos en operativos de identificación de personas que circulen en ellos y que no puedan acreditar titularidad del dominio, legítima posesión o autorización de uso.

Este acto administrativo estableció que cuando la autoridad policial disponga la retención preventiva de una moto, se labrará el acta de retención correspondiente y el rodado será remitido al depósito municipal. Con todo, se le confiere más potestades a la policía de Santa Fe para que puedan intervenir en situaciones de tránsito.

"Según las estadísticas que manejamos, a partir de la implementación del decreto Nº 460, la cantidad de delitos predatorios con uso de motovehículos (arrebatos, robos, etcétera) descendió un 48% en la ciudad de Santa Fe", confió a El Litoral Jorge Fernández, secretario de Política y Gestión de la Información Criminal del Ministerio de Seguridad provincial.

En el Observatorio de Seguridad Pública -a cargo del propio Fernández-, antes de la firma del decreto N° 460, "advertíamos que había una gran cantidad de delitos predatorios que se cometían utilizando un motovehículo. Es lo que se conoce vulgarmente como la actividad de los 'motochorros'. Así, pensamos la estrategia de policías con potestad para retener rodados en infracción. Hasta ahora los resultados son positivos", ponderó el secretario.

Si bien el número de motos incautadas hoy por infracción o ilegalidad en la ciudad es de poco más de 10 mil, no todas las motos secuestradas tienen relación con los alcances del decreto, aclaró Fernández. "La policía secuestra motos por distintas razones: hay operativos programados y, en otros casos, se retienen motovehículos por distintas infracciones en el tránsito". En cualquier caso, "sí: hay muchas motos acumuladas", admitió Fernández.

Y agregó que se mantuvieron muchas reuniones con funcionarios municipales para "despejar espacio" en el Corralón, pero el acuerdo común fue coincidir en que "fue positivo que baje casi 50% la cantidad de delitos predatorios con motovehículos". De todos modos, "es un tema que tiene solución (la alta ocupación de rodados en el Corralón)", subrayó.

Las causales por las cuales la policía provincial retiene motos son diversas: "La mayoría son por casos en que por ejemplo alguien comete un delito con un motovehículo; también, porque la moto tiene un pedido de secuestro, y ahí la policía actúa", explicó. Por otro lado, en los operativos conjuntos entre policía e inspectores municipales, también están infracciones por circular sin chapa patente o con ésta fuera de reglamento, ilegible o adulterada.

Con respecto al impacto ambiental negativo de tener tantas motos secuestradas, Fernández esbozó una hipótesis: "Creo que el procedimiento de compactación bajo un protocolo específico, atiende a evitar a que esos restos de motos se dispongan en algún lugar inapropiado y generen emisiones que sean contaminantes. En el reciclado del producido de la compactación, también se deben respetar estándares de bioseguridad", concluyó el secretario.