Un concejal del Pro presentó un proyecto de ordenanza para que la Guardia de Seguridad local, previo protocolo y capacitación, esté autorizada para utilizar estas armas. Para el intendente, “no sería adecuado”. Varios ediles se mostraron en contra de la propuesta.
La propuesta despertó la polémica en la ciudad de Santa Fe: el concejal Sebastián Mastropaolo (Pro-JxC) presentó un proyecto de ordenanza donde plantea que los agentes de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI) estén autorizados a utilizar pistolas eléctricas -conocidas como taser- en caso de ser necesario, "tanto para preservar la propia integridad física como de terceros", previa elaboración de un protocolo de utilización y la correspondiente capacitación para los agentes.
Huelga recordar que las pistolas taser son armas "no letales" de descarga eléctrica. Según describe el prospecto de estas armas -explica el sitio Chequeado.com-, "son dispositivos de transmisión de impulsos eléctricos de menor amperaje y mayor divulgación del mercado". "Cuando los disparos alcanzan al agresor, le provocan hasta 19 contracciones musculares por segundo, inmovilizándolo de manera inmediata". "El individuo jamás pierde el conocimiento; puede escuchar las órdenes del oficial".
Un vehículo de la GSI, utilizado para patrullaje preventivo. En caso de un eventual hecho delictivo, los agentes deben dar aviso a la Policía: no pueden actuar.Foto: archivo/Guillermo Di Salvatore
En declaraciones públicas, Mastropaolo manifestó que la realidad diaria de la ciudad capital "demanda acciones reactivas ante tanta inseguridad, pero también se necesitan políticas proctivas y disuasivas. Solicitamos que el Ejecutivo autorice a la GSI a portar y utilizar este tipo de armas de descarga eléctrica de uso civil en hechos delictivos de manifiesta flagrancia", dijo en declaraciones públicas.
Y agregó que "el sólo hecho de la portación de estas armas genera un acto disuasorio para los delincuentes: es ,en sí mismo, un acto de prevención. Necesitamos una mayor presencia de la GSI en los barrios, y como autoridad deben tener herramientas para defenderse y defender a los vecinos".
Marco normativo
Respecto de las potestades de los agentes de la GSI -creada por decreto Nº 1277/2008- el marco normativo-funcional que regula la guardia fue establecido por ordenanza N°12.542, aprobada en 2018. En esta norma, se deja en claro que los funcionarios públicos de la Guardia Urbana deben "solicitar auxilio y dar intervención a la Policía Provincial en todos los casos en que fuera necesario; abstenerse de hacer uso de la fuerza en los casos que intervenga y dar aviso a las fuerzas de seguridad; actuar con imparcialidad, garantizando los derechos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación".
En limpio: la GSI no tiene poder de policía, no puede portar armas y debe limitarse a "promover condiciones de convivencia ciudadana; detectar situaciones de conflicto que amenacen la integridad de los bienes del Estado Municipal; ejercer presencia en lugares públicos para advertir a las autoridades sobre posibles hechos delictivos y vandálicos; colaborar con los organismos de tránsito en caso de accidentes, tumultos o manifestaciones populares dentro del ejido urbano", entre otras, dice la ordenanza.
Ronda de opiniones
El primero en pronunciarse sobre el tema tras una consulta periodística fue el propio intendente de la ciudad, Emilio Jatón. "La GSI ha crecido muchísimo, y fue tomando tareas que no tenía antes. Se potenció con más patrullajes, capacitación, con más articulación con los vecinos. Digo, ¿es necesario discutir esto (el uso de las pistolas taser), cuando la GSI no es una fuerza que esté habilitada a usar armas? No me parece adecuado. Si se quiere debatir en el Concejo, que se discuta", dijo el primer mandatario local.
El Litoral reunió las opiniones de los principales referentes legislativos en el Concejo de la ciudad. Desde una mirada técnica y en línea con lo que establece la ordenanza N°12.542, Carlos Pereira (UCR-JxC) explicó que hay un tema previo, más allá de "uso sí o uso no": "El municipio no tiene competencia sobre las personas; sobre éstas puede actuar la Policía provincial o la Justicia. Si un inspector de tránsito le toma del brazo a un infractor, va preso el inspector", ejemplificó.
El municipio sólo tiene potestad sobre las cosas, en concreto sobre sus bienes inmuebles (edificios de su propiedad, además de terrenos propios) "y sobre los bienes registrables: los vehículos en infracción se pueden retener, por caso. Cuenta con la potestad de clausurar una edificación que está fuera de regla o en peligro de derrumbe, por caso", agregó.
Entonces, la idea de autorizar el uso de las pistolas taser a la GSI "está lejos de las competencias de lo que puede hacer Guardia Urbana, porque no está dentro de las potestades del municipio. Para eso (el uso de la fuerza), existe la Policía ante hechos delictivos. La GSI tiene sólo funciones disuasivas sobre el espacio público; y si es necesario, debe convocar a la fuerza policial", sostuvo Pereira.
"No es serio"
"No es serio. Perder cinco minutos en debatir este planteo sería irresponsable de nuestra parte. Sólo buscan llamar la atención y confunden a la sociedad. Desconocen el funcionamiento de la GSI. ¿Piensan mandar un practicante con una taser a combatir el narcotráfico?", criticaron en diálogo con El Litoral, a propósito del proyecto de Mastropaolo, Juan J. Saleme y Jorgelina Mudallel, del Bloque PJ.
No obstante, "sí estamos de acuerdo con el Ministro de Seguridad de la provincia (Claudio Brilloni) en equipar con (pistolas) taser a la Policía provincial, siempre dentro de un programa de acciones coordinadas", coincidieron los ediles perottistas.
Por último, El Litoral consultó sobre el tema a Saúl Perman (Mejor). El concejal prefirió no emitir opinión. "No queremos darle entidad a una discusión sin sentido. Además, sería bueno que (Mastropaolo) siga haciendo asados nomás, pero sin 'tanto humo'...", bromeó con sorna un asesor de prensa cercano al edil.
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